Quienes asuman la función de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia deben contar con una carrera judicial que les proporcione una experiencia y trayectoria respetada. Así lo señaló el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, Salvador Farías Higareda, al cuestionar la reforma constitucional del Poder Judicial del Estado.

Farías Higareda lamentó que aún no se ha publicado dicha reforma en el Periódico Oficial del Estado, y ya se ven versiones de distribución de magistraturas con un enfoque político en lugar de conocimientos técnicos, lo que advierte de un “contorsionismo jurídico” que resta certeza a la sociedad sobre el sistema de justicia. Advirtió que se abre la puerta a abogados que no tienen reconocimiento del gremio de la abogacía y de la comunidad jurídica.

Señaló que la responsabilidad de un juzgador es de relevancia e impacto social, que requiere contar con una carrera judicial de por lo menos quince años, cuyas decisiones generan precedente e impactan de manera colateral a miles de personas. Subrayó además que la experiencia de la carrera judicial permite tener un nivel de madurez, que se aprende desde la función inicial de sacar copias, hasta convertirse en ejecutor, proyectista, o secretario de acuerdos.

Finalmente, Farías apuntó que la experiencia de impartir justicia también requiere el conocimiento personal de una persona que ha pasado por vivencias similares a los asuntos que debe resolver, con la responsabilidad que implica definir asuntos familiares, de patrimonio, con un nivel de madurez que sólo se adquiere en la práctica.

“Una interpretación errónea afecta el camino que toma una sociedad. ¿Qué pasa cuando se trata de infantes, adultos mayores, temas de género, filiación, patria potestad? Son instituciones que debemos cuidar, en vertientes donde se debe tener ética, conocimiento, intuición de hacia dónde quieres que una sociedad vaya…”

Licenciado en Comunicación e Información especializado en Prácticas Informativas, con 10 años de experiencia en cobertura sobre administración pública, elecciones, educación, seguridad, justicia, economía, y empleo.