Tal vez Usted ha pasado cerca de las personas que viven en la vía pública y se pregunte si acaso no tienen familia y si la tienen qué razones motivaron para que prefirieran estar en esta condición. En su mayoría son hombres entre 50, 60 y 70 años y que tienen como única función esperar que alguien les obsequie unas monedas para comprar algo de comer. Una regla general es la indiferencia que muestran al paso de los peatones, seguramente porque nada les preocupa, en cambio los que transitan por ahí tienen algo que hacer que van de prisa.

Lo que en otros tiempos era motivo de arresto acusados de vagabundear, hoy simplemente se respeta su derecho de no hacer algo productivo y dedicar su tiempo en mirar a los que van de un lado a otro, que para algunos es una pérdida de tiempo pero ellos lo miran desde una perspectiva muy particular, al no tener un solo compromiso y mientras la mayoría presenta problemas para allegarse recursos que le permita solventar sus necesidades básicas, a ellos no les preocupa el mañana.

De acuerdo a la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores, todos tienen derecho a una vida digna, para ello los primeros respondientes son sus familiares más cercanos, trátese de hijos o nietos, que están obligados a velar por su salud y bienestar.

En dicha legislación se establece sanciones de 30 a 180 días por maltrato a un adulto mayor, en tanto el Código Penal castiga el abandono con uno a cuatro años de prisión y 50 a 100 días de multa, con lo que se busca desalentar cualquier intención de echar de la casa al padre, a la madre o los abuelos.

Es increíble que se tenga que llegar a esos extremos para preservar los derechos de las personas mayores, cuando lo sensato es ser generosos y agradecidos con ellos, que en su etapa de entereza lo dieron todo para que su familia estuviera lo mejor posible y hoy que necesitan de apoyo se les regatea.

La Ley para la Protección Especial subraya que la quebranta quien o quienes impulsen, promuevan o realicen abandono, desamparo, discriminación, humillación, burla o mofa hacia ellos, incluso que se haga alguna actividad que signifique abuso, explotación o maltrato, asimismo impedir, infundadamente, que los adultos mayores estén en su núcleo familiar, negándoles los cuidados cuando se tenga la obligación de hacerlo y negar o impedir, injustificadamente, el acceso a los diversos servicios a que tienen derecho. Las sanciones aplicables son: amonestación y multa de 30 a 180 días en salario, que serán independientes a las que se impongan en el orden civil o penal.

Entre las cuestiones que protege la citada legislación es en situaciones de riesgo o desamparo que se encuentre el adulto mayor, con problemas de salud, abandono, falta de apoyos económicos, carencia de apoyo familiar, víctima de contingencias ambientales o de desastres naturales, que requiera de asistencia y protección del estado, los municipios y de las organizaciones de la sociedad civil. Tienen derecho de mejorar progresivamente sus capacidades que les facilite el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, de vivir en un entorno seguro, digno y decoroso y que cumplan con sus necesidades y requerimientos en donde ejerzan libremente sus derechos, preferentemente cerca de sus familiares.

En cuanto al Código Penal del Estado, el pasado 18 de marzo se reformó y adicionó, previéndose sanciones por la explotación de menores incapaces y adultos mayores, o por dejarlos en total vulnerabilidad y abandono, por lo que habrá sanciones de uno a cuatro años de prisión y el equivalente de 50 a 180 días de salarios mínimos.

La cuestión está en saber cuántas de las personas que se encuentran en situación de calle es por propia voluntad o si fueron expulsadas del seno familiar y tomaron ese modo de vida, como también determinar los casos de quienes fueron llevadas a un asilo para quedarse con sus propiedades, lo que de llegarse a acreditar merecen los castigos que consideran la citada legislación y el Código Penal.

DESAPARECE UN TABÚ

Uno de los mayores privilegios que gozaron de siempre los jueces fue dictar sentencias sin tener que hacer público su contenido, por lo que sólo los implicados en la causa podían conocer los fundamentos y el resultado, hecho que envolvía en un manto de sigilo el quehacer legal.

Pues todo ello quedó en el pasado, al determinarse desde el uno de marzo del presente año que la totalidad de las sentencias que emita el Poder Judicial del Estado sean públicas, por lo que se pueden consultar libremente y sólo quedarán en reserva los datos que determine el juez al considerar un riesgo para los involucrados, como serían nombres de las partes, cuentas bancarias, domicilios y datos específicos sensibles.

Ese tipo de información que está vedada es en función de lo que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, pero por otra parte ventilar la parte fundamental del juicio que se considera de interés público ofrece certeza jurídica a la sociedad.

De esta manera se abona a la transparencia en la actividad que llevan a cabo magistrados y juzgadores en general y que en gran medida ayudará a que los litigantes conozcan los criterios y razonamientos que se consideraron para aplicar una sentencia.

Es importante tener presente que los veredictos que se dan a conocer son los que se dictaron a partir del uno de marzo y que se apegan a lo previsto en el Periódico Oficial del Estado (POE), por consiguiente los anteriores seguirán en la secrecía acostumbrada, sin embargo es un paso importante el que se ha dado.

Además, le servirá a los abogados conocer su contenido para considerar qué deben hacer en asuntos similares, con lo que pueden llevar mejor los casos y defender o impugnar lo que convenga a los intereses de sus clientes.

Con hechos demuestra el Poder Judicial su propósito de seguir elevando la calidad de la actividad jurídica y al mismo tiempo hacer partícipes a los ciudadanos de la labor que desempeña, con lo que habrá una mejor convivencia social en base a la transparencia y la certeza jurídica que prevalece.

QUERER NO ES PODER

En alguna ocasión un profesor del desaparecido Instituto de Ciencias (hoy la UAA) respondía a un alumno, que se empeñaba en señalar que todo era posible. Lo retó a que sacara la pasta dental del tubo y la volviera a meter dejándola como estaba, por lo que una cosa es querer y otra poder, decía. Pues bien, desde hace medio siglo los sucesivos gobiernos de Aguascalientes y Jalisco han tratado de conectar las capitales de ambos estados por medio de un enlace ferroviario, pero el tiempo pasa y en cada sexenio quedan los proyectos sobre la mesa, que siempre se actualizan en materia de inversión, por lo que aquello que en un principio costaría poco menos de dos mil millones de pesos a estas alturas llegaría a casi 15 mil millones, lo que hace más difícil que se haga, a menos que se haga una “coperacha” entre los gobiernos federal y los estatales y con la participación del sector privado. Hacer el vínculo por ferrocarril entre Guadalajara y Aguascalientes abreviaría extraordinariamente los tiempos de traslado de mercancía y reduciría los costos, que actualmente se duplican debido al rodeo que deben dar los trenes por Irapuato, cuando pueden cumplirse de manera directa. El tramo en cuestión es demasiado pequeño, que va de Encarnación de Díaz a Guadalajara, sin embargo habría que hacerlo prácticamente de cero ya que las vías han estado en desuso durante décadas En las actuales administraciones de los dos estados, los respectivos gobernadores Enrique Alfaro y Martín Orozco, han mostrado su intención de llevar a cabo la obra, pero hasta la fecha todo queda en pláticas, por lo que conforme pase el tiempo será más difícil que se logre, teniéndose en cuenta que Orozco Sandoval concluye su mandato en octubre de 2022, por lo que aquello que no se haga en lo que resta de este año será difícil que se concrete el próximo. Ciertamente, querer no es poder.