Las autoridades sanitarias detectaron que la empresa Farmacéutica Racel, incumple con la legislación sanitaria vigente, al carecer de documentación legal para las actividades que realiza. No cuenta con Aviso de Funcionamiento, Licencia Sanitaria y Certificado de Buenas Prácticas, para la fabricación y comercialización de dispositivos médicos y medicamentos, además de comercializar productos que no cumplen con lo dispuesto en la legislación sanitaria.

Se trata de productos como árnica en spray, que se oferta con registro sanitario de otra empresa; árnica en ungüento, con registro apócrifo; ungüento sulfatiazol, sin registro; sulfatiazol, con registro no vigente; merthiocel blanco, con registro caduco; yodo blanco, con registro falso; y violeta de genciana, con registro no vigente.

Además, dos presentaciones de olorex con ketoconazol, con registro falso (inscrito como producto cosmético); agua oxigenada, yodo negro y otros, con registro apócrifo.

Los productos que son considerados insumos para la salud, requieren registro sanitario para su comercialización. Cualquier producto al que se le atribuyan características terapéuticas para combatir o tratar un padecimiento o patología, debe contar con una autorización sanitaria, una vez que haya comprobado científicamente que posee tales propiedades para posteriormente tramitar el permiso de publicidad correspondiente, en el que informe congruentemente el uso del producto con relación a la autorización otorgada.

Se recomienda a la población no adquirir ni usar los productos citados, ya que pueden generar un riesgo a la salud, y en caso de haber adquirido o usado los productos, notificar a la Cofepris al teléfono 01800 033 50 50, y localmente al ISSEA.

La Comisión ha girado instrucciones a todos los estados, para que las respectivas autoridades sanitarias refuercen la vigilancia y aseguren los productos.

Continuarán las acciones de vigilancia para evitar la fabricación de productos, así como publicidad engañosa y venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.