Al detener y enviar unidades, las autoridades ambientales cometen una ilegalidad ante la que pocos se amparan, porque, al ganar un juicio de este tipo, el daño moral y económico ya se cometió.

Esto lo manifestó el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Amador Macías, quien refirió que, ante la ilegalidad que cometen los empleados de la Proespa al “cazar” por las calles y avenidas de Aguascalientes a automovilistas que no cumplieron con la verificación, hay quienes han recurrido al amparo, pero, “como los agarran desprevenidos, ya cuando se resuelve el caso, se trata de un hecho consumado”.

En reiteradas ocasiones, se ha advertido que la Ley de Medio Ambiente del Estado tiene una buena intención, pero la forma en que la aplican quienes ejercen las funciones del patrullaje ambiental es inconstitucional, pues, si bien se prevén sanciones para quienes incumplen con la verificación, no debería ser la primera acción el retiro del automotor, ya que ello conlleva afectaciones secundarias que se cometen en contra del ciudadano.

“Sucede que, al momento que detectan, mediante cacería en las calles, un auto sin engomado de centro de verificación, es detenido y retirado de circulación, obligando al propietario a, de inmediato, iniciar trámites para el pago de una multa mínima de 4,000 pesos, además del costo de la grúa y de la pensión, y de lo que tiene que invertir para moverse y cumplir con esos requisitos para poder recuperar su coche”.

Ahora bien, es una obligación la verificación, así como viene en la ley, pero no sería necesario retirar el vehículo al propietario. “Menos en este tiempo que se supone sería de apoyo y solidaridad a la gente, que está dolida económicamente también por la pandemia”, insistió el abogado.

Además, dijo, si en realidad quisieran multar y no ejercer medidas recaudatorias, como lo hacen actualmente, bastaría con emitir las sanciones a domicilio, pues en el padrón vehicular de la Secretaría de Finanzas se tienen todos los datos de los automotores, nombres de dueños y domicilios, misma información que se deja cuando se acude a la verificación; por ello, “bastaría que se pongan a trabajar en la revisión de esos archivos, detectar quiénes han cumplido y quiénes no, enviar la multa, si es que lo amerita, y que sea a domicilio; de lo contrario, se seguirá afectando, aún más, al bolsillo del ciudadano”.