Al igual que la floresta se renueva cada primavera, la Feria Nacional de San Marcos llega puntual a la cita y aunque parece que es la misma siempre trae algo diferente para los paseantes, que encuentran tiempo y espacio para divertirse.

Como ha sucedido en varias ocasiones, este año su arranque coincidió con la Semana Santa, por lo que en una repetición de acciones y circunstancias el horario de los festejos y de los actos litúrgicos se relacionaron, lo que provocó que una parte asistieran a los templos y los más a la zona ferial, en una mezcla de espiritualidad y folclore.

Esa forma de actuar es común en una combinación de evadir la realidad, que sin olvidarse de lo que hizo Jesús por la humanidad, tratan de encontrar en el divertimiento una verdad que sólo existe en cada quien, búsqueda incesante de una placidez que se encuentra en la forma individual de pensar y actuar.

Los miles de concurrentes viven su momento, pese a los precios que rigen en cualquier lugar. Bebidas y alimentos es lo más socorrido, sin olvidarse de los músicos y de los recuerdos que se compran en su paso hacia los tapancos, restaurantes y otros lugares donde se ofrece de todo y para todos los gustos y bolsillos.

De manera paralela hay una fuerte vigilancia policíaca que haría suponer más que suficiente para disuadir a los camorristas, pero éstos están en cualquier parte por lo que los pleitos surgen aquí y allá y a la par está la intervención de las fuerzas del orden, que llevan a su base a quienes le saldrá más cara la multa que la borrachera. Una costumbre que se acabó fue sacar a la mañana siguiente a los revoltosos que no habían pagado la multa a barrer las calles y al atardecer se les dejaba en libertad, pero la vergüenza nadie se las quitaba, lo que se eliminó por aquello de que atentaba contra su honor, lo que hoy se traduciría como una defensa de los derechos humanos.

Aunque se ha dicho hasta la saciedad que la Feria de San Marcos es para gozarla y no perderse en la libación, pocos, y pocas, hacen caso, por lo que en el núcleo del área se encuentra personas de todas edades y condición social que muestran su alegría, al bailar al son de la tambora o el mariachi, o se hacen acompañar de un trío o conjunto jarocho, invitando a cuanto cristiano se encuentran a que se una al grupo.

No está por demás recordar que “el que toma no maneje”, por lo que es preferible regresar a casa en taxi a exponerse a un accidente, o que caiga en las garras del alcoholímetro, que le sacarán hasta los entresijos para que pague la sanción.

EL MISMO SONSONETE

Las campañas políticas en los once municipios del estado entraron en un túnel del que saldrán indemnes aquellos que sepan aprovechar todos los momentos, principalmente que logren cautivar a los ciudadanos con un catálogo de compromisos factibles de realizar.

En el caso del municipio de Aguascalientes, que concentra casi el 80 de la población total, la mayoría de los candidatos presentan la misma bandera de campaña de 1995, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) enarboló la defensa social ante los cortes de agua, por lo que exigía que se cancelara la concesión. El entonces diputado local Antonio Ortega Martínez encabezó una cuadrilla que se encargaba de reconectar el servicio a quienes les fue suspendido por falta de pago, al asegurar que atentaba contra los derechos de la población marginada.

A partir de entonces cada tres años ha sido la cantaleta de los aspirantes, lo que también ha motivado que los directivos de la concesionaria casi rueguen a los partidos políticos que no incluyan en su demandas el caso del agua entubada, pero – al igual que el transporte urbano – es de los problemas que más abruman a la sociedad, tanto que en los últimos años el faltante del servicio es por días o semanas y el cobro es como si hubieran recibido el líquido todo el mes.

El actual gobierno de la ciudad tiene meses de ofrecer que se acabará con la carencia y los tandeos, pero como tantas otras promesas se las lleva el viento, aunque ahora en campaña volverá a asumir esa exigencia, que ni siquiera tenía que ser motivo de reclamación social sino una obligación de cumplir por parte de la autoridad.

El ofrecimiento de que no se renovará la concesión es un “gancho” político, porque quien lo hace ya no estará en funciones para 2024, que es cuando tenga que considerarse si continúa o sea va la compañía francomexicana (hoy Veolia, antes CAASA y en sus inicios SAASA,  pero a final de cuentas es el mismo felino).

En un análisis muy minucioso que presentó la periodista Ana Silvia Lozano en este Diario, se destaca el número de candidatos por cada municipio y menciona que siete de los actuales alcaldes pretenden ser reelectos, lo que deja constancia que como en la cita bíblica, son muchos los llamados (103) y pocos los escogidos (11).

Los siete que buscan continuar se juegan todo en un solo tiro, porque quien salga derrotado será doble la vergüenza que lleve tras de sí por un tiempo, al quedar reprobados por los mismos que lo eligieron en 2016 y además que lo arrojaron del cargo. Ya tendrán tiempo para analizar qué hicieron mal y aunque no habrá vuelta atrás la experiencia puede servirle para luchar por nuevas aventuras.

Hay quienes esperan que el padrinazgo sea suficiente para levantarse con la victoria, por lo que sus allegados esparcen el rumor que ya saben quien está atrás de él, con lo que esperan que sea el ábrete sésamo para hacerse de palacio municipal, sólo que no es tan fácil como se pinta, ya que cada vez son más las personas que están informadas de lo que hacen y dejan de hacer los gobernantes y políticos y si los ahijados esperan que sea suficiente pueden quedarse silbando en la loma.

Es el mismo caso de los repetidores, que están tan confiados en que volverán a vencer que ya tiene armado su equipo de trabajo para el próximo período, sin embargo en política nada es seguro, y menos cuando en estos dos años no cumplieron a cabalidad el encargo que les fue conferido y del que hoy se encuentran separados para llevar a cabo su campaña.

Lo que corresponde a los ciudadanos es escuchar y analizar las promesas que hace cada uno para determinar cuáles son realizables, además de comentarlo entre su círculo de amistades o de estudio y con sus vecinos, de manera que el 2 de junio acudan a votar con el pleno conocimiento que quien merece su voto es porque está más cerca de sus inquietudes y aspiraciones.

El tiempo de votar por el que habla “fuerte” al echarle “sapos y culebras” a las autoridades, el que tiene una sonrisa eterna, o aquel o aquella que se empeña en garantizar todo lo que le piden, son para ponerles un signo de interrogación, por consiguiente desde ahora hay que estar atentos a lo que dicen.

CINCO MESES

Diversas interrogantes surgieron a raíz de los cambios que hubo en varias dependencias del Ayuntamiento de Aguascalientes, principalmente si la alcaldesa suplente Miriam Rodríguez Tiscareño se quedará en el cargo hasta octubre, o los hizo por instrucciones de la titular Teresa Jiménez, que puede regresar en junio para concluir su mandato.

Es la primera vez que se registra esta situación al entrar en operación la reelección de presidentes municipales, sin embargo por lo breve que en teoría estaría Jiménez fuera, se consideró que todo se mantendría igual que como dejó las oficinas.

Las cabezas que rodaron fueron las de Adrián Castillo Serna, en Desarrollo Urbano, Rodolfo Téllez Moreno en Servicios Públicos y Oscar Monreal Dávila, en la dirección del DIF y en su lugar quedaron Jaime Gallo Camacho, Claudio Arturo González y Xochiltzin Ramírez, respectivamente.

Asimismo, Hilda Medina es la responsable de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, en lugar de la propia alcaldesa Miriam Rodríguez, mientras que en comunicación social quedó como encargado Daniel Avilés, y Mónica Marcela Díaz, que estaba como encargada del despacho de la Secretaría de Administración, fue designada titular.

Por su parte, en la dirección del Instituto Municipal de Planeación Municipal se nombró a Guillermo de la Torre, en lugar de Jaime Gallo, que pasó a Desarrollo Urbano.

En un comunicado se informó que tanto Adrián Castillo como Oscar Monreal habían presentado su renuncia voluntaria.

Con el paso de las semanas se sabrá si los movimientos fueron para conformar el nuevo equipo de trabajo que espera presidir Teresa Jiménez a partir de octubre, claro, siempre y cuando resulte reelecta, renuevos que deben ser para el bien de la sociedad, que a final de cuentas es a la que atienden quienes están en el servicio público.

PERO QUÉ NECESIDAD

Al firmar un memorándum dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para detener y dejar sin efecto la reforma educativa, aprobada en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, mientras en el Congreso se resuelve la nueva reforma a la Constitución en la materia, el presidente Andrés Manuel López Obrador desató toda clase de comentarios, en su mayoría adversos al ser un documento sin sustento legal.

Aplicar esa medida podría significar la destitución de los secretarios, advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, porque sería “caer en una responsabilidad que les costaría hasta su posición en el gabinete”.

Por su parte, legisladores del PAN subrayaron que los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley les ordena y que el escrito presidencial llama a contravenir la Constitución.

El mandatario nacional, el pasado martes 16 de abril, dio a conocer el contenido del memorándum, que consta de cuatro puntos, además recomendó a esas dependencias que se reinstale a los profesores cesados y que se libere a los docentes luchadores y luchadores sociales que están injustamente encarcelados.

Pidió que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, esto es, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la reforma.

Sostiene el documento que “hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos actores del gremio magisterial para derogar la mal llamada reforma educativa y reemplazarla con un marco legal satisfactorio, útil y funcional, sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”.

Por lo anterior, mientras se hace la reforma constitucional, López Obrador considera que el memorándum será una especie de “amparo con aplicación retroactiva”, para que se fijen las medidas que afectaban a los maestros. “En tanto, mediante el diálogo se llega a un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional y la aprobación de las leyes. Este es el propósito”.

Mientras se logra la citada contrarreforma, el Presidente dispuso que la Secretaría de Gobernación realice “las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, sí como retirar las imputaciones legales formuladas por instancias federales para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio”, además de indemnizar a los familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en gobiernos anteriores.

Asimismo, exhorta a los docentes de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación, bajo el principio juarista “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Finalmente, ratificó que el manejo de las plazas se quedará a cargo de la SEP y la nómina, de Hacienda, “para que sea confiable y que no haya lo que se conoce coloquialmente como aviadores”, además estableció que, contrario a lo que dispone la ley, “los maestros que están en la nómina y son dirigentes, es un derecho que ellos tienen el que sigan ganando su sueldo y tengan un desempeño como dirigentes sindicales. Eso pasa en todos los sindicatos”.

Lo que suspende el Ejecutivo es eliminar las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción de los maestros; se descarta la disposición de que quien no se evalúe en el desempeño sea despedido; se reinstalan los docentes que fueron cesados por no presentar la evaluación de desempeño; se crearían nuevos mecanismos de promoción para los maestros o regresar a los anteriores; Hacienda administrará la nómina magisterial, lo que se hace desde 2015 a través del FONE; se paraliza las actividades que lleva a cabo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). La Coordinadora Nacional de Servicio Profesional Docente queda inoperante; se suspende el Sistema Nacional de Educación Educativa, y tendrá que crearse un mecanismo que supervise la asistencia de los profesores y que no se les pague a los “aviadores”.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el mismo 16 de abril, calificó de “paliativo” el memorándum presidencial, que no basta con desconocer la reforma educativa de 2013. Lo suficiente, dijeron, sería la abrogación, que es lo que han venido exigiendo desde su creación.

El vocero de la Sección 22 de Oaxaca, Wilbert Santiago, afirmó que no se ha visto soluciones a la demanda de la CNTE después de más de 100 días de la administración actual: “El memorándum no está por encima de la ley, lo tenemos claro. Lo que se ha instruido es la búsqueda de soluciones para dejar sin efecto las cuestiones nocivas, pero sabemos que en la ley aún no existe la abrogación total. Para poder avanzar con resultados estaríamos esperando la definición de la SEP. Es una medida paliativa”.

Los elbistas por su parte, aglutinados en el grupo Maestros por México, celebraron a través de un comunicado el envío del memorándum, congratulándose por la decisión de “mantener el diálogo y buscar los acuerdos necesarios para abrogar la reforma”.

En el Congreso de la Unión hubo división de opiniones, al considerar MORENA que el recurso busca acabar “con una etapa de terror de la educación”, en tanto la oposición acusa transgresión a la Constitución y autoritarismo en la decisión. Organismos empresariales cuestionaron la legalidad del escrito, que fue “un acto a todas luces inconstitucional, antidemocrático y atenta contra la división de poderes”, lo que “legitima la violación sistemática de la ley, violando el Estado de derecho”.

INSEGURIDAD IMPARABLE

Las acciones que ha tomado el gobierno federal para combatir la inseguridad y la corrupción han sido insuficientes, señaló la Arquidiócesis de México, por lo que exhortó a las autoridades dirigidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre qué se está haciendo mal para terminar con dichas problemáticas.

El período de gracia que concedió la Iglesia ha llegado a su límite, tras considerar que la inestabilidad no cesa pese a los operativos que llevan a cabo los distintos niveles de gobierno, por lo que es necesario fortalecer o cambiar las estrategias.

Es tal el nivel de inseguridad que la Cruz Roja de Salamanca, Guanajuato, tuvo que suspender las operaciones debido a que algunos paramédicos fueron amenazados por hombres armados, en hechos ocurridos el pasado 14 de abril a las cuatro de la tarde, cuando personal de la benemérita institución trasladaban a un hombre herido de bala en la colonia San Roque y en el trayecto al hospital, un grupo de sujetos armados le cerró el paso a la ambulancia y tras amenazar a los socorristas se llevaron al paciente.

Lo anterior empujó a la Cruz Roja a cerrar sus puertas. Mediante un comunicado, informó que lo hacía “debido a ciertos acontecimientos violentos en los que se vio expuesto nuestro personal, por orden de nuestras autoridades institucionales no se brindará servicio”. Reanudó sus actividades hasta el domingo por la tarde, después de tener un acuerdo con la presidenta municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, comprometiéndose a que “los elementos de las Fuerzas de Seguridad acompañarán a las unidades de la Cruz Roja en las llamadas de alto riesgo e impacto”.

Por su parte, la organización Alto al Secuestro manifestó que en lo que va de la administración de López Obrador se han cometido en promedio, seis secuestros diarios y 42 semanales. La presidenta de este organismo, Isabel Miranda de Wallace, subrayó que al menos 831 personas fueron víctimas de este delito de diciembre de 2018 a marzo de 2019; en el desglose cita que en diciembre fueron 182, en enero 250, febrero 207 y marzo 182. En este mismo período fueron detenidos 591 presuntos secuestradores.

Pese al compromiso presidencial de aplicar las medicas necesarias para reducir este delito, Veracruz se mantiene como la entidad que registra más secuestros, con 192, le siguen Estado de México 115, Ciudad de México 54, Puebla 43, Tamaulipas 34, Morelos 30, Guerrero 25 y Tabasco 28.

La Iglesia Católica apunta que “la inseguridad y la corrupción se han convertido en las dos batallas principales para el nuevo gobierno y de la sociedad, sin embargo pareciera que las acciones tomadas hasta hoy no son suficientes ¿Qué falta por hacer?, ¿Qué estamos haciendo mal?, ¿De qué forma podemos apoyar para terminar de raíz con estos temas que nos duelen en lo más profundo?”.

Sostiene que el gobierno lópezobradorista no debe escudarse “en echar culpas a administraciones pasadas, porque eso sería escurrir el bulto del problema” y le recuerda que “la confianza ciudadana se fortalece con acciones que llevan a superar situaciones críticas de forma progresiva y, sin evadir responsabilidades, promover formas de actuación conjunta entre sociedad y gobierno, porque son las realidades implicadas de gobernantes y gobernados”.

Puntualiza la Iglesia que la inseguridad que prevalece en el país es un reflejo de problemáticas que no se han resuelto, como la falta de educación, carencia de buenos empleos y oportunidades, la pobreza, corrupción e impunidad, “no son tiempos sencillos en México y menos en la sociedad que vive una transición impulsada por las nuevas tecnologías, capaces de acercar cualquier proceso, y que por lo mismo puede se utilizadas para propósitos puros y nobles que para causar efectos negativos y perversos”.

REFORMA LABORAL

Apremiados por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, de que el Congreso estadounidense no avalaría el último acuerdo comercial con México y Canadá si los legisladores mexicanos no aprobaban la reforma laboral, se aceleraron los trabajos en las cámaras de Diputados y Senadores.

Los diputados, en la sesión del pasado 11 de abril, avalaron los cambios con 417 votos a favor, 29 abstenciones y un voto en contra, con lo que se cumplió la exigencia del vecino país y de esta manera estar en posibilidades de que se ratifique el tratado de libre comercio, conocido en México como T-MEC.

Con estas modificaciones se eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, se transforma el sistema de justicia laboral, se democratizan los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes a través del voto libre, directo y secreto de sus agremiados.

En lugar de las juntas de Conciliación y Arbitraje se crearán tribunales en el seno del Poder Judicial de la Federación y se dará vida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que administrará y estará a cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones o sindicatos, así como entre organizaciones gremiales.

Además se modifican los requisitos que deberán cumplir los estatutos de los sindicatos, a efecto de salvaguardar la democracia de la elección de las dirigencias sindicales, que deberán llevarse a cabo por primera vez a partir de una obligación legal, mediante un voto directo, personal, libre y secreto.

Lo único que quedó fuera fue el outsourcing, como se conoce la subcontratación, que por alguna razón se negaron a incluir en la reforma no obstante el daño que le causa a la clase trabajadora, quedando el compromiso de discutirlo más adelante.

Para el sector patronal es preocupante la reforma laboral, por lo que buscará ajustes antes de que concluya el proceso en el Senado. El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que “no por avanzar en el proceso de aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se debe aprobar una legislación precipitada”. Les inquieta, apuntó, lo que se estipuló, que en cuatro años se tendrían que revisar casi 500 mil contratos, es decir, 125 mil contratos por año y eso significaría la realización de igual número de asambleas por año.

El especialista en temas laborales, Manuel Fuentes, dijo que la reforma cambia de una manera fundamental el sistema de justicia laboral  y a quienes van a impartirla y que la sustitución de las juntas por tribunales está el principal reto, “puesto que los cambios implican tener un presupuesto suficiente para poder operar”.