Los astros, finalmente, se alinearon para que el gobernador del estado y la presidenta municipal de la capital estén en la misma sintonía, al anunciar que no reconocen la autoridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que las denuncias y recomendaciones que tenga se las puede guardar la nueva presidenta del organismo.

Lo hicieron en respuesta a la sugerencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, uniéndose ambos mandatarios al acuerdo de gobernadores y alcaldes panistas del país, que además del rechazo a las formas en que fue electa Rosario Piedra Ibarra como responsable de la CNDH, demuestran de esta manera su enfado al no haber sido escuchados por la Federación y el partido Morena en la distribución de los recursos que se aplicarán en 2020.

Es de sobra conocido que las relaciones entre los dos palacios no han sido lo óptima que se quiere demostrar en el discurso, lo que no obsta para que cuando es necesario respondan juntos a las demandas sociales, aunque valga recordarlo, su actitud no es algo nuevo puesto que ha sucedido en otras administraciones, ya que el municipio capitalino aglutina casi el 80% de la población total del estado, por lo que goza de independencia financiera que le permite atender los requerimientos de la población, además de una serie de dependencias y oficinas que compiten con las estatales en los programas y servicios.

El gobernador Martín Orozco Sandoval ha emitido varias declaraciones en contra de los recortes presupuestales que se determinaron en Palacio Nacional y fueron avalados el pasado 22 de noviembre por los morenistas en la Cámara de Diputados, lo que indefectiblemente obligará a reducir o eliminar diversos programas que se tenía previstos llevar a cabo durante el próximo ciclo fiscal.

En tanto, la presidenta María Teresa Jiménez participó en las protestas que los alcaldes del país hicieron a las puertas de Palacio Nacional para reclamar los apoyos necesarios y como única respuesta fue que los gasearan.

Como es del conocimiento público, Rosario Piedra fue designada presidenta de la CNDH en medio de acusaciones de haber violado la ley, ya que como miembro de la dirección de Morena no tenía que haberse presentado ni como aspirante y menos que se quedara con el puesto, lo que motivó una serie de desencuentros entre las bancadas de Acción Nacional y Morena, en el Senado de la República.

Consumado el nombramiento a favor de la ex activista de los derechos humanos, los senadores panistas y su partido anunciaron que no aceptarán sus observaciones o advertencias, lo que más tarde hicieron lo propio gobernadores y alcaldes de la misma extracción, actitud que motivó que el presidente López Obrador reiterara el calificativo de “conservadores”, al decir que están  molestos porque el organismo está en manos de quien sí sabrá defender a los ciudadanos cuando perciban que han sido conculcados sus derechos.

Lo que se avizoraba como un choque de trenes entre blanquiazules y morenos, el coordinador del grupo panista en el Senado, Mauricio Kuri, se encargó de bajar el tono. Señaló el 18 de noviembre que estaban en un proceso de “cicatrización” con sus antagonistas: “Estoy convencido de que los problemas y las discusiones deben quedar atrás para avanzar y armar. Por mi parte, digo que hay que construir un puente de comunicación. Nunca nos hemos cerrado, y ahora hay que estar en la siguiente batalla”.

Ante este panorama es posible que gobernadores y alcaldes le den vuelta a la página y atiendan las recomendaciones que emita la CNDH, no sólo Rosario Piedra, que a final de cuentas es quien vigila que todos los gobiernos, instituciones y organismos públicos se sujeten al mandato constitucional, de respetar y hacer respetar los derechos de los demás.

BAJÓN AL INE

Muy al estilo de los tiempos que corren, cuando no se puede aplicar el cintarazo existen otras formas de lograr que se entienda quien manda.

Durante meses el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado una persecución verbal de quien utiliza el púlpito de Palacio Nacional para agredir y denigrar a quienes están fuera de su órbita, entre ellos a los organismos autónomos, los que según su leal entender deben estar en su propia frecuencia.

Se ha pretendido, mediante una reforma electoral, que se reduzca el número de miembros del Consejo General y quienes queden sea con menos años en el cargo, al mismo tiempo que desaparezcan los institutos estatales, entre otras particularidades.

Como el tiempo no le alcanzó al Congreso de la Unión, quedaron pendientes los cambios, pero por vía de mientras la Cámara de Diputados redujo al Instituto más de mil millones de pesos en el gasto de 2020, previsto originalmente en casi 12 mil 500 millones de pesos, por lo que tendrá que trabajar hasta dónde sea posible y que además no se empañe su eficacia.

Sobre el particular, el vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, manifestó que el organismo “no busca abundancia presupuestal, sino un recurso acorde a las funciones” que tiene encomendadas, por lo que pese a ello no bajará la calidad de los servicios que otorga. Su papel en estos momentos es defender la autonomía del Instituto y los derechos de sus trabajadores.

Recordó que han sido los legisladores quienes en los últimos años han aumentado la carga de trabajo, dándole al INE funciones que no tienen que ver con temas electorales y ahora son ellos los que llevan a cabo el recorte presupuestal, “olvidando que todo lo que le piden a la autoridad electoral cuesta”.

Insistió que “el gasto del INE en cuanto a temas electorales es bajo en comparación con las responsabilidades que no le corresponden directamente, como la administración de los tiempos de radio y televisión, la fiscalización de los partidos políticos, por el financiamiento público; problemas jurisdiccionales, aparte de la entrega de la credencial de elector, que es de los pocos asuntos gratuitos en el país y que se lleva el 29% del gasto corriente”.

Para el representante panista ante el INE, Víctor Hugo Sondón, no es de extrañar lo que ocurre, advirtiéndoselo al presidente del organismo Lorenzo Córdova el pasado 20 de noviembre: “Lorenzo, sabes que vienen por ti, por tu cargo, les estorbas porque representas una autonomía que también les resultará incómoda, representas crítica que les molesta, estás obligado a no dejarte arrancar del encargo pero no solo”.

Al atacar al INE los legisladores de Morena se aprovechan que el Instituto interviene y enmienda la plana a los organismos locales, llegando incluso a la cancelación de nombramientos de sus miembros cuando, presuntamente, han violado la ley, además de participar en los procesos electivos, por lo que, suponen, si pueden hacerlo eventualmente es preferible que sea directamente y así tenga bajo su control las elecciones federales, estatales y municipales, que sin duda lo convertiría en una supraestructura, pero para ello va a requerir el doble del presupuesto y es ahí donde no quieren dar su brazo a torcer. Reclaman más trabajo y más obligaciones pero con menos recursos. Qué valientes.

YA ERA HORA

Con paso lento pero avanzan en el Congreso del Estado, al determinar una serie de sanciones para quienes utilicen las vías digitales para publicar, exhibir y denigrar a las personas, algo que se había vuelto práctica común en centros de trabajo, instituciones educativas, entre amistades y aún en algunas familias.

Al incluir en el Código Penal del Estado las sanciones a que se harán acreedores quienes se valgan de la “nube” para dar rienda suelta a su bajeza, se espera que se reduzcan las denuncias, y eventualmente estos delitos queden erradicados de Aguascalientes.

De lo que más resalta son las modificaciones a la Ley de Acceso a la Vida Libre de Violencia, que constituye un delito autónomo de intromisión indebida a la intimidad, el acoso digital, virtual o electrónico y será castigado con uno a cuatro años de prisión.

Se sancionará a quien difunda, comparta, manipule o comercialice contenido video-grabado, y auditivo, que contenga información confidencial privada o imágenes de genitales y actos sexuales o eróticos, sin el consentimiento y que vayan en contra de la dignidad e intimidad de la persona.

Pues ojalá que no sea una más de la tantas reformas que tienen lugar en el parlamento y que concientice a la sociedad que los medios de comunicación digital son para darle un rumbo provechoso y no de morbo, de ataque a la respetabilidad de las personas.

TARDÍA REACCIÓN

Tras los hechos trágicos que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua, en donde perdieron a nueve miembros de su comunidad, la familia LeBarón anunció una reunión con el presidente Donald Trump, por lo que en caravana viajarán a Washington para explicarle de viva voz la situación de inseguridad que se registra en México.

Durante todo este tiempo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no tuvo un momento disponible para visitarlos, y ni siquiera de comunicarse con ellos, ya que su atención se ha centrado en atender su ex homólogo de Bolivia, Evo Morales y juntarse con el hombre más rico del país y dirigentes de la cúpula empresarial.

En una carta fechada el 17 de noviembre,  que habría sido entregada en la Casa Blanca por medio del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, le solicitan una audiencia, para ello los LeBarón saldrían de la comunidad La Mora, en Sonora, y llegarían en el curso de los próximos días a la capital de Estados Unidos.

“Nuestras familias están unidas en la creencia de que el bien puede y debe provenir de la tragedia que nos ha dejado a todos destrozados”, señalan en la misiva, misma en la que agradecen el apoyo del gobierno de EU, en las indagaciones del crimen.

“La masacre de la Mora se ha convertido en un llamado a unir a todos para defender la paz y la seguridad, no sólo de Estados Unidos, sino también de México”, sostiene la carta, misma que fue confirmada por Julián LeBarón, que dijo, fue elaborada a instancias de senadores de Dakota del Norte, Utah y Arkansas.

Al mismo tiempo mencionó que se preparan para una reunión en Palacio Nacional con AMLO, quien por su parte confirmó que a principios de diciembre puede darse este encuentro. En la conferencia de prensa del 19 de noviembre, a pregunta expresa de si tiene previsto reunirse con los familiares de los fallecidos, el mandatario dijo: “Sí, se necesita, sí, claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean”.

Sin embargo, no todos los LeBarón estarán con AMLO, ya que varios de los directamente perjudicados no comulgan con eso de “abrazos y no balazos” que sostiene el mandatario para enfrentar al crimen organizado, acusándolo de ser responsable de que se presente este tipo de situaciones, con una huella que jamás se borrará.

ORDEN CUMPLIDA

La Cámara de Diputados, gobernada por la bancada de Morena, cumplió la encomienda que recibió de Palacio Nacional, al aprobar junto con sus aliados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, que se orienta, básicamente, a los programas sociales del Presidente de la República y reduce los recursos a los órganos autónomos.

Después del circo, maroma y teatro en que se mantuvieron durante una semana, los legisladores llevaron a cabo la sesión plenaria en una sede alterna ante la imposibilidad de hacerlo en el recinto oficial, cercado por cientos de campesinos que infructuosamente buscaron que se modificara el paquete económico.

La aprobación del paquete económico fue aprobado en la madrugada del viernes pasado, en ausencia de la fracción panista que desde un principio exigió modificar el documento que envió la Secretaría de Hacienda y ante el poco interés de hacerlo, sólo participó en la reunión de comisiones para dejar en claro que no compartían el acomodo de las cifras.

La votación lo dice todo: 321 votos a favor de Morena, PT, PES y PVEM, contra 78 del PRI, PRD y MC y que para el coordinador de los morenistas, Mario Delgado, “la regla fue muy fácil: primero los pobres y se acabaron los moches”.

Como se anticipó, la dependencia más beneficiada fue la Secretaría de Bienestar que recibirá recursos por 181 mil 457 millones de pesos, lo que incluye 8 mil 365 millones de pesos integrados por los legisladores para favorecer los programas absolutos de la actual administración, como Sembrando Vidas, Pensión para las Personas Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad, lo que significa el doble de los 4 mil millones de pesos que serán recortados a los organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de la República (FGR), con una disminución de mil 500 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral (INE) con un recorte de mil 71 millones de pesos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Ifetel) con una reducción de 188 millones de pesos.

En la misma dirección quedó el Poder Judicial, que sufrió una merma de mil 327 millones de pesos, al disminuirle mil 37 millones al Consejo de la Judicatura Federal, 200 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 89 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Entre los programas beneficiados con el reacomodo está Sembrando Vidas, que contará con 28 mil 504.9 millones de pesos, luego de las ampliaciones aprobadas por 3 mil 374 millones.

Las pensiones para las Personas Adultos Mayores, representa el programa más costoso para el gobierno, recibirá fondos adicionales de 2 mil 700 millones de pesos, por lo que su presupuesto quedó en 129 mil 350 millones de pesos.

De las razones esgrimidas por el PAN para abstenerse de participar en la sesión plenaria fue que se iba aprobar “más de 400 mil millones de pesos de programas sociales que serán manejados con discrecionalidad”, aseguró el coordinador de los diputados Juan Carlos Romero Hicks. Sostuvo que lo que piden son “reglas de operación, le tienen miedo a las reglas de operación. No tienen padrones que puedan ser verificados, y la mayor probabilidad en la corrupción es cuando falta transparencia”.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de su coordinador René Juárez, manifestó que su posición fue en contra “de un presupuesto que no responde a lo que creemos que debe responder este instrumento”.

De los legisladores de Morena sobresalió Eraclio Rodríguez, líder del Barzón en Chihuahua, y quien encabezó uno de los plantones en la Cámara de Diputados para evitar recortes al campo: “Muchos diputados prefirieron cuidar su carrera política en lugar de legislar para el pueblo”, recriminó, al afirmar que varios de ellos aseguraron que los hicieron firmar un compromiso de “no moverle ni una coma al Presupuesto de López Obrador”.

SUBE LA VIOLENCIA

Aunque en los altos niveles del gobierno federal se hacen como que no ven ni oyen lo que ocurre en el país, es realmente imposible que pase desapercibido el avance del crimen organizado, que en el curso de 2019 ha incrementado las multi-ejecuciones, levantones, ataques a las corporaciones policíacas, el robo de hidrocarburos, asesinatos de presidentes y ex presidentes municipales y enfrentamientos a disparos entre bandas en plena vía pública.

De acuerdo a estadísticas oficiales, entre enero y octubre se contabilizaron 28 mil 741víctimas  de homicidio doloso, es decir, 2.1 por ciento más que en el mismo período del año pasado, sin embargo el Presidente de la República defiende su estrategia de “abrazos y no balazos” que se puede gobernar sin matar a nadie.

Conforme al recuento del Grupo Reforma, el país ha registrado, en promedio, un multihomicidio de nueve o más personas cada mes en lo que va del sexenio de López Obrador. En un lapso de 11 meses se ha suscitado al menos 176 casos distintos de asesinatos múltiples en México, esto es, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, 226 personas fueron víctimas de este tipo de crímenes en Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Michoacán.

Un promedio de 20 personas son halladas baleadas, con huellas de tortura  y calcinadas cada mes, sólo en diciembre, febrero y julio no sumaron ningún fallecido a este registro. De los casos más destacados están el de enero, cuando en el rancho Refugio Hinojosa hallaron 24 cuerpos, presuntamente de sicarios, y automóviles incendiados en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

En marzo, hombres armados asesinaron a 15 personas en el Centro Nocturno “Las Playas”, en Salamanca, Guanajuato. Un mes después, un bebé y 13 personas murieron a balazos por un comando al interior de una fiesta familiar que tenía lugar en una palapa de Minatitlán, Veracruz.

Mayo dejó 10 muertos en el municipio de Uruapan, Michoacán; durante junio hubo al menos 12 cadáveres localizados dentro de bolsas en Tlaquepaque, Jalisco, con restos que estaban mutilados y su antigüedad de muerte variaba, ya que algunos sólo eran fragmentos óseos.

De todos los meses el de agosto fue el más violento, con 56 asesinatos registrados en dos casos de Michoacán y Veracruz, el primero fue el día 8 y catalogado oficialmente como una pugna entre dos bandas criminales que dejó un saldo de 19 muertos en Uruapan; el otro ocurrió el día 19 con un saldo de 28 personas asesinadas durante la balacera-incendio en el bar El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.

En septiembre, Jalisco fue nuevamente escenario del crimen con el hallazgo de 10 cadáveres mutilados y repartidos dentro de 17 bolsas en una finca de Tlajomulco de Zúñiga. En octubre se registro en un lapso de 10 días la muerte de 13 policías estatales tras una emboscada en Aguililla, Michoacán, asimismo 14 civiles y un militar muertos en enfrentamientos en Iguala, Guerrero, y nueve fallecidos por presunta balacera entre sicarios en Zitlala

El 18 de noviembre, en Acapulco, Guerrero, tuvo lugar una persecución a balazos entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada sobre la Avenida Universidad, que causó el terror entre la gente que pasaba por el lugar, clientes de tiendas departamentales y comensales de restaurantes. En la cabecera municipal de Zirándaro, en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se encuentran en calidad de refugiados más de mil personas que huyeron de sus comunidades tras sufrir ataques de los integrantes de la Familia Michoacana.

Después del Culiacanazo, como se conoce la fallida captura de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, Nuevo Laredo se significó al presentar varios días sumamente violentos, en venganza por la muerte de seis sicarios del Cártel del Noreste (CDN), quienes eran miembros de la denominada Tropa del Infierno. Hubo bloqueos, incendios y ataques contra militares. Los días 15 y 16, con un saldo de seis pistoleros abatidos y un militar, tres soldados heridos; hubo  bloqueos, algunos de ellos con vehículos volcados o incendiados, persecuciones a balazos por calles y avenidas y clientes de centros comerciales tendidos pecho a tierra para protegerse.

En Zacatecas fue asesinado el director de policía del municipio de Valparaíso, Adalberto Ochoa y con este crimen suman tres los policías asesinados el 16 de noviembre. En Coatlán del Río, Morelos, dos elementos perdieron la vida al ser atacados en la comunidad de Michapa, en los límites con Guerrero.

En materia de “levantones”, Jalisco rompió el récord, informa el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al englobar este delito en secuestro, tráfico de menores y otros, donde entrarían las privaciones ilegales de la libertad conocidos comúnmente como “levantones”. Hasta octubre se tenía contabilizado 733 víctimas de delitos contra la libertad personal y de ellos 720 considerados como “levantones”.

Es difícil cerrar los ojos ante el imparable avance del crimen organizado, que se pretende combatir con sermones, discursos, chácharas morales y abrazos.

LA REVANCHA

Un pícaro electoral acusa de corruptos a quienes lo denunciaron de pretender gobernar cinco años en lugar de los dos para los que fue elegido.

A menos de tres semanas de haber rendido protesta, el hoy gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que su antecesor Francisco “Kiko” Vega y 90 empresas defraudaron al erario por un monto de 1,200 millones de pesos.

En los primeros minutos del pasado uno de noviembre cumplió con el mandato constitucional y entre sus primeros actos fue advertir que habría una auditoría minuciosa ya que se tenía informes de “manejos turbios” en la administración anterior, de la que en una conferencia de prensa que tuvo lugar el día 18 en Mexicali, lo dio a conocer y adelantó que no ha terminado el arqueo, por lo que la cifra puede crecer a los dos mil millones de pesos.

“Son mucho más de 90 empresas, pero no todas bajo las mismas circunstancias, 40 son las que tienen facturas falsas solamente”, apuntó. El propósito es saber “cómo se endeudó y (por qué) no se desarrolló el Estado, y queremos ver a dónde se fueron esos recursos. ‘Kiko’ agarra el Estado con 3 mil millones de pesos en deuda y lo entrega con 32 mil millones, casi 33 mil millones, si nos vamos al anterior Osuna (José Guadalupe Osuna Millán) fueron como 5 mil, 6 mil y el anterior también (Eugenio Elorduy Walther)”.

Con lo anterior comenzó la cacería-venganza que ojalá no termine por paralizar al Estado, urgido como está de avanzar, no de estancarse en vendettas y pleitos políticos.

 

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