Las contralorías internas de los municipios y del Gobierno Estatal, deben hacer lo necesario para regresar a las arcas los montos de los gastos que no puedan comprobar, en las auditorías de las cuentas públicas 2015; de lo contrario, incurrirán en responsabilidad y serán sancionadas.
En este mes, Asientos debe reintegrar 575 mil pesos por 33 observaciones no solventadas; Calvillo, 17 millones por 53 irregularidades no aclaradas; Cosío, 6.5 millones, por 33 observaciones no solventadas; El Llano 1.9 millones por 53 puntos no justificados; Jesús María 12.9 millones, con 58 no solventadas.
San José de Gracia, un millón de pesos, por 32 no solventadas; San Francisco de los Romo, 115 mil pesos, con ocho no solventadas; Tepezalá 2.8 millones, por 53 no solventadas; Pabellón 35 mil pesos, por 31 no solventadas; Rincón de Romos 2.4 millones por 34 observaciones no solventadas.
En el caso de la cuenta pública del Ayuntamiento de Aguascalientes, en la que fueron auditados CCAPAMA, el IMPLAN, el IMMA y el IMAC, suman un total de 76 observaciones no solventadas, por 116.9 millones de pesos. El ayuntamiento capitalino debe comprobar 95.5 millones, CCAPAMA, 21.3 millones, etc.
En los diez municipios restantes, se detectaron un total de 419 observaciones no solventadas, por lo que se estima recuperar un importe de 46.6 millones de pesos.
Los órganos internos están siendo notificados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), de las irregularidades encontradas, para que se corrijan o se finquen responsabilidades; además, de ser necesario, se harán las denuncias respectivas ante el Ministerio Público.
De las quince dependencias del Ejecutivo Estatal que fueron auditadas por el OSF, se encontraron 72 observaciones no solventadas, con un monto total de 15.7 millones de pesos.
Por ejemplo, el IEA debe resarcir 340 mil pesos, la SICOM, 15.3 millones.
Una vez que se notifique el Informe del Resultado de los Entes Fiscalizados, se deberá proceder a corregir las deficiencias administrativas y de control, deslindando responsabilidades, aplicando en su caso las sanciones administrativas y resarcitorias por los actos u omisiones en que incurrieron los servidores públicos.

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