El Secretario del Ayuntamiento y director de gobierno de Aguascalientes, Jaime Beltrán Martínez, señaló que, en el 2020, se tuvieron más de 70 mil detenidos por faltas administrativas, y esto implica todo un proceso de 36 horas en resguardo, la aplicación de multas y la dotación de alimentos tres veces al dia.

Indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace sus observaciones sobre el buen trato a todos los detenidos e incluso reclama que deben alimentarse tres veces al día, cosa que no sucede con frecuencia, no porque no se les dé alimentos, sino porque las condiciones de ingesta de alcohol o drogas les impiden tener hambre.

En los últimos seis meses, dijo, se ha observado un mayor flujo de detenidos por faltas administrativas y que se relacionan con el consumo de drogas como el “cristal”, quienes suelen llegar en condiciones no apropiadas, motivo por el cual es necesario resguardarlos en espacios diferentes a los detenidos para protegerlos en su integridad, así como para salvaguardar al personal de la Dirección de Justicia.

En entrevista con El Heraldo, el funcionario capitalino mencionó que, de los 70 mil detenidos en el 2020, entre el 40 y 50 por ciento se tuvieron que quedar 36 horas en la Direccion de Justicia, aunque es un hecho que la totalidad de los infraccionados sí se queda al menos dos horas, en lo que se determina la sanción y se hace el pago correspondiente.

Apuntó que todos los infractores de la ley que son detenidos bajo la ingesta de bebidas embriagantes y de drogas sí se quedan 36 horas con la finalidad de apoyarlos a que recuperen la conciencia y se les baje el estado de intoxicación que traen en su cuerpo y, de esta manera, puedan enterarse de lo que sucede; esto si no llega un familiar y, de acuerdo al caso, se le entrega a éste si no están agresivos los detenidos.

Jaime Beltrán Martínez sostuvo que la detención por faltas administrativas se relaciona más con sustancias psicoactivas muy agresivas que así ponen a sus consumidores, por lo que debe actuarse con muchos protocolos para salvaguardar la integridad de todos los involucrados.

Si la Justicia Cívica es autorizada por el Congreso del Estado, se podría conmutar la pena de 36 horas detenidos o la multa económica por un servicio comunitario, y se resolverían con agilidad los asuntos, una vez que pasen los efectos de drogas y alcohol en las personas que así sean detenidas, pero la intención es que cada infractor sepa, en un espacio de cinco minutos, cuál es su situación administrativa, encarado con el policía aprehensor y el juez cívico municipal.