Lo que pudo haber sido una cooperación muy estrecha con las autoridades centrales para acelerar la vacunación en contra el COVID-19, se redujo a un simple intento, luego de que los gobernadores de la Alianza Federalista se encontraron con que hasta el mes de diciembre puede haber disponibilidad en las empresas que fabrican las vacunas.

Durante varios meses hubo un forcejeo de los mandatarios que pedían camino abierto para comprar por su cuenta el inmunizante, pero el subsecretario de Salud, Hugo López, se opuso terminantemente con el argumento que no podía dispersarse el programa nacional, por lo que todo tenía que estar bajo control del régimen. En este diferendo se perdió tiempo valiosísimo, que tal vez habría reducido el número de enfermos y fallecidos. Cuando finalmente el presidente de la República autorizó que lo hicieran fue porque de antemano se sabía que el antídoto no estaba disponible en el mercado.

Si en aquel momento se hubiera logrado la aquiescencia pudo firmarse un pre-acuerdo con las farmacéuticas que tenían más adelantadas sus investigaciones, para que en cuanto tuvieran la certeza de su efectividad surtieran el pedido, pero hacerlo ahora, con la presión de los gobiernos europeos para que se les dé preferencia, resulta igual de escabroso que pretender escalar el Everest a zancadas.

Una de las principales tareas que se propusieron acometer los miembros de la Alianza Federalista fue destinar los recursos que fueran necesarios para su adquisición, pero en todo momento el Caronte mexicano se negó a autorizarlo, a pesar de que le plantearon que de conseguirlo no se trataba de irse por la libre sino seguir los lineamentos de la Secretaría de Salud.

El pasado 22 de enero el gobernador Martín Orozco manifestó que era de suma importancia contar con la autorización, ya que también involucraba a empresarios, que por su parte pretendían comercializarla en varias partes de la República.

Bajo el lema que primero es la salud de los aguascalentenses por lo cual se hace el mayor esfuerzo para lograrlo, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo que el siguiente paso iba a ser adquirir el lote necesario, aunque no podría hacerse con todas las farmacéuticas sino sólo con las que autorizara la Cofepris, que está bajo el mando de Hugo López.

La urgencia de tener el insumo ha provocado que en varias partes del mundo no sólo esperen que se lo suministren, sino que exigen tener preferencia, alegando que tienen contratos firmados que les da prioridad, por lo que han llegado al extremo de exigir que se permita una vigilancia en las mismas fábricas para determinar la cantidad que sale al mercado y a quien va dirigida.

Por ello, ha reiterado el titular del Poder Ejecutivo estatal, el gran reto es encontrar la disponibilidad, porque la misma urgencia que hay aquí existe en todos los países al encontrar que el producto está sometido a la ley de la oferta y la demanda.

Mientras tanto se mantiene vigente la logística para la transmisión, contándose para ello con lo necesario para hacerlo a un promedio de 20,000 personas por día, por lo que en cuanto se reciba, sea que la distribuya el Gobierno Federal o se logre comprar directamente, de inmediato entrarán en acción los equipos médicos y de enfermeras.

FALTA POCO

A partir de esta semana empieza a correr el tiempo para que el Congreso de la Unión decida si hay o no una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, que incluya la desaparición del outsourcing o prevenga en qué condiciones puede aceptarse, algo que tiene nerviosos a los empresarios que utilizan esta figura, debido a las implicaciones que dicen pueda tener si se opta por la prescripción o se determinan otras reglas que reduzca su operación.

A nivel local la Coparmex es la que ha mostrado mayor atención, porque también involucra la manera en que se hará el reparto de utilidades, que es un tema que los patrones quisieran eliminar y como hay fuerte resistencia de las agrupaciones sindicales entonces buscan que se reduzcan e incluso se aplique un máximo de un mes de salario, en lugar de que sea el 10% de las utilidades que obtuvo la empresa en el ciclo fiscal anterior.

Juventino Romero de la Torre, encargado de la presidencia de la Coparmex hasta la última semana de enero, mencionó que están a la espera de lo que resuelvan diputados y senadores, que han optado por darle la calidad de preferente a esa iniciativa, por lo que al reanudar actividades deberán avalar o modificar el contenido del documento.

Consideró que es un asunto que se presta para la polémica, en función que hay quienes se inclinan por la eliminación del outsourcing, esto es la subcontratación, lo que desde el punto de vista patronal es difícil de hacerlo a partir que está sujeto al tratado comercial que México tiene firmado con Estados Unidos y Canadá, en donde varias empresas de ambos países lo aplican en su funcionamiento en suelo mexicano. Reconoció que pudiera haber algunos aspectos “malos”, pero no es posible acabar con las “bondades” que también se ofrece, como es tener la regulación de este esquema y que la distribución de utilidades como se hace actualmente tienen un tope que hace equitativa su entrega.

Los diputados y senadores se han reunido con representantes empresariales y obreros y con funcionarios de las dependencias federales implicadas, en donde ha salido a relucir que varias firmas de Estados Unidos funcionan con el sistema del outsourcing, lo que obliga a cumplir con el tratado comercial.

Frente a ese planteamiento diversas agrupaciones sindicales han manifestado que están de acuerdo con que se termine la tercerización, al ser un mecanismo que deje en desventaja a los trabajadores, que en varios casos frena lo dispuesto en la legislación laboral. Su desacuerdo se basa en que hay empleados que reciben un salario exiguo y les escamotean las prestaciones de ley, principalmente estar inscritos en el Seguro Social, en el Infonavit y en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por lo que demandan que se respete lo dispuesto y no los priven de esos derechos.

HAY NIVELES

Quienes dicen que la justicia es igual para todos los mexicanos saben que mienten, porque depende de quienes sean los actores y qué tipo de “palancas” tengan, o que la autoridad que interviene interprete lo que conviene a una de las partes. Se ha informado y comentado en las páginas de El Heraldo el asunto de los profesores del Conalep, que fueron despedidos en 2012 y después de mucho batallar lograron la sentencia a su favor, lo que obliga a la institución a pagar alrededor de 8 millones de pesos en indemnizaciones, pero la actual dirección del plantel, aunque reconoce el adeudo y el compromiso que tiene de cumplir lo que dispuso el juez, sostiene que carece de fondos, por lo que a los perjudicados no les queda de otra que insistir ante el magistrado para que haga cumplir lo que ordenó. O sea, a seguir implorando un derecho. Todo lo contrario sucede con la aplicación que hizo el Instituto Estatal Electoral (IEE), al sustraerle una parte de los recursos que por ley aporta al Partido Revolucionario Institucional, para entregarlos a un trabajador despedido por la anterior directiva, por un monto de 536 mil pesos. El presidente del organismo electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, aseguró que los laudos laborales “son sentencias que obligan al Instituto a proceder”, por lo que se le descontarán al PRI 178 mil pesos mensuales a partir de febrero, lo que viene a desmejorar la situación económica del tricolor, ya que no obstante que tiene previsto recibir durante el presente año poco más de 11 millones, además de 320 mil pesos para gastos de campaña, de ese total le rebajan diversas cantidades por castigos impuestos por violaciones a la ley que hicieron directivos anteriores y ex candidatos, que se consideran débitos institucionales que deben pagar quienes están al frente del instituto político al momento de que se procede al cobro. Ciertamente, hay niveles.