Víctor Hugo Granados Zapata

Una de las demandas que se le hizo a la SEP desde los últimos meses de 2020 fue que enfocara parte de sus esfuerzos en implementar un sistema de mitigación del rezago escolar, ocasionado principalmente por la educación a distancia. La preocupación medular era que la falta de conocimientos adquiridos durante sus cursos y transiciones a los siguientes grados escolares respectivos fuese perjudicial para su futuro, puesto que, de no tener las bases idóneas en matemáticas, lectura, ciencias, etc; los siguientes semestres/ciclos escolares serían muy complicados e incluso podrían comprometer su continuidad escolar. Las clases remediales fueron una de las primeras propuestas, aterrizadas a inicios de 2021 bajo el nombre de “comunidades de aprendizaje”, las cuales iban a constar de grupos de no más de 10 a 12 estudiantes que requirieran apoyo en alguna materia. Esta medida, implementada inicialmente por el ex titular de la SEP Esteban Moctezuma, nos daba una tenue visión sobre las posibles alternativas que podría seleccionar el gobierno federal para atender dicha problemática, la cual terminó por aterrizar a la extensión del ciclo escolar 2021-2022.

Actualmente, varias entidades han señalado que no van a terminar el ciclo escolar conforme al calendario establecido desde hace casi un año (el 28 de julio), dado que en algunos casos consideran que las y los estudiantes no están aprendiendo nada, o bien, las condiciones climáticas no lo permiten (mucho calor o falta de agua en las instalaciones). Según el reportaje de Iris Velázquez en el portal Reforma, once entidades de la República (incluyendo Aguascalientes) decidieron adelantar las vacaciones en las aulas, terminando las clases entre el 8 y 15 de julio aproximadamente, todo debido a que las condiciones climatológicas (como es el caso de Chihuahua, Nayarit y Coahuila) no son idóneas para que estén expuestas las y los estudiantes; o bien, casos como el de Nuevo León que debido al desabasto de agua en la entidad, el horario de clases se ha reducido y con ello deben (por obvias razones) recortar el calendario escolar; y finalmente, por el alza de contagios derivados de la quinta ola de COVID-19 en Estados como la CDMX y Puebla. En síntesis, el clima, los contagios e incluso la falta de agua están inhibiendo la conclusión “ideal” del ciclo escolar.

Ante esta situación, Delfina Gómez señaló en la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) celebrada en el estado de Puebla, que todas las entidades federativas deben terminar con el ciclo escolar y sus periodos remediales, dado que forma parte de la garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes (sobre todo de aquellos que se encuentran en alguna situación de desventaja). Sin embargo, hay que precisar que no se diseñó un plan de atención y combate al rezago educativo en sí mismo, es decir, las escuelas tienen la obligación de extender el calendario, pero no tienen una pauta que seguir para determinar cuáles son las materias en sí a las que deben reforzar, eso se transformó en una nueva obligación para las y los docentes. En este sentido ¿cómo se podrá determinar que dichas clases están apoyando a las y los alumnos en sus deficiencias académicas si no se cuenta con un margen o parámetro para evaluar?

Por lo tanto, no debería ser raro que las entidades se desentiendan de las indicaciones de la SEP, reflejando su poca capacidad de mantener la gobernabilidad educativa en el país y, de nuevo, reflejando la indiferencia con la que han tomado las decisiones. Extender por sí solo el ciclo escolar, sin un plan detallado para evaluar y monitorear el rendimiento de las y los estudiantes, no va a servir de nada para mejorar la situación educativa actual (sin tomar en cuenta los factores externos como el clima, etc.). Retener a las niñas y niños es inútil cuando sólo se hace para simular que se tiene un plan, por ello, es imperativo que las autoridades educativas locales se reúnan para determinar cómo realizar la evaluación y cómo diseñar las clases de regularización. La educación pública quedará en manos de aquellas entidades que logren comprometerse para mejorar dicho ámbito, ya que, si dependen del Gobierno Federal, la educación en su entidad estará destinada al fracaso.