Tan repetidas han sido las amenazas en contra del abuso que cometen los despachos de cobranza y que nunca se cumplan, que existe escepticismo de que esta vez sean sometidos al imperio de la ley, por consiguiente, en las autoridades está la respuesta.

A lo largo de los años han surgido oficinas que se especializan en cobrar a los morosos, que pagan porque pagan, para ello utilizan toda clase de artimañas, principalmente la amenaza de embargo, de llevar a la cárcel y si no surte efecto dedican tiempo diario en hacer llamadas por teléfono a cualquier hora del día y parte de la noche y ya no sólo al deudor sino a fiadores y a sus referencias.

El primer paso que pretende frenar ese tipo de actitudes ya se dio con la reforma al Código Penal Federal, que sólo tiene efectos cuando se trata de leyes federales como es el cobro de pagarés, créditos y tarjetas bancarias, de almacenes, hipotecas, deudas entre empresas, de un negocio contra un particular, etc.

Ahora falta que lo haga a nivel local el Congreso del Estado para incluir los casos que no contemplan las leyes federales, con lo que se cerraría la pinza, consideró el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez.

En estas condiciones se terminarían los abusos tan comunes de abogados y despachos que llegan al extremo de usurpar funciones de actuarios, uso de sellos falsos y a la violencia, como recurso para recuperar la deuda, lo que muchas veces hacen en ausencia del insolvente para crear temor entre sus familiares.

Durante el siglo pasado eran muy conocidos los abogados que andaban armados o tenían pistoleros que los acompañaban a una cobranza y en el caso de Aguascalientes hubo uno que se hizo tan famoso que lo contrataban de varias partes de la República, ya que su método intimidatorio no fallaba y aunque no llegó a utilizar la pistola nadie quería correr el riesgo de que lo hiciera.

En lugar de esa clase de individuos llegaron otros, que la jerga popular bautizó como “abogángster” ya que sus métodos eran similares y lo único que no hacían, o hacen, es utilizar armas, que cambiaron por el acoso y que es precisamente lo que busca terminar el Código Federal.

De ninguna manera significa que ya no pueda hacerse la cobranza, toda vez que quien tiene una deuda debe cubrirla y si no lo hace enfrentará una demanda y será un juez quien determine en qué condiciones el acreedor podrá recuperar su dinero, pero todo dentro del marco de la ley.

Lo que se pretende con la reforma penal es terminar el hostigamiento de los despachos, lo que evitará el virtual chantaje que se comete en algunos casos mediante presiones extrajudiciales y falaces.

El Código Penal Federal establece sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 200 mil pesos a quien lleve a cabo la cobranza extrajudicial ilegal y señala también que si hay uso de documentación o sellos oficiales falsos, la pena económica aumentará un 50%, mientras que si se comete usurpación de funciones, o de profesión, se incrementará el castigo en apego a lo que disponme el mismo ordenamiento.

Lo único que faltó incluir en la ley fue que dejen de fastidiar a los que el deudor incluyó como referencias obligadas para obtener el crédito, ya que son sólo conocidos o familiares que muchas veces ni siquiera sabían que fueron anotados, sin embargo de ello se dan cuenta cuando reciben llamadas telefónicas y les cuestionan si conoce a esa persona y una vez obtenida la respuesta afirmativa le exigen que lo localice para que pase a pagar, timbrazos que se repiten durante gran parte del día lo que provoca estrés en quien nada tiene que ver con el problema.

Si los diputados de Aguascalientes llevan a cabo una reforma o adición al Código Penal del Estado deben introducir la prohibición de que se utilice ese método para alcanzar su cometido, inclusive promover ante el Congreso de la Unión que también se agregue en el Federal, lo que sería su mejor contribución a favor de la sociedad.

CASTIGO A PARTICULARES

Tanto estiraron la liga de la anticorrupción que también les alcanzó, por lo que hoy puede presumirse que el método es parejo. Nadie está exento de ser sometido al brazo ejecutor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, trátese de un servidor público o un particular.

En la entidad supuestos “líderes de opinión” han tomado como bandera social el castigo a los funcionarios que presupuestamente sustraen o se llevaron recursos del erario, aun cuando no han logrado llevar a la cárcel a ningún “pez gordo”.

Cuando más blasonaban que eran parte del éxito por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) les recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el pasado 19 de julio, incluye un capítulo determinado sobre las obligaciones que deben asumir las personas físicas y morales que participan como proveedores de bienes y servicios del gobierno.

Mediante un boletín la SFP señala que “en el entendido de que la lucha contra la corrupción requiere de la responsabilidad entre el sector público y el privado, esta ley prevé sanciones para los particulares, personas físicas y personas morales y jurídicas –empresas– por actos vinculados con faltas administrativas graves”.

En estas condiciones, la sanción económica por faltas de particulares podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de 100 y hasta 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La dependencia subraya que para determinar la responsabilidad de las empresas que incurran en corrupción se considerará si tienen una Política de Integridad Empresarial, para ello la SEP subió a su página electrónica un modelo al respecto.

Con estas medidas se pretende terminar con personajes de doble moral, sobre todo la simulación que aplican en el trato con el gobierno y que según las leyendas urbanas hubo gobernantes que “salpicaron” a varios empresarios, quienes en un sexenio o un trienio pasaban de ser uno más del medio para convertirse en figuras relevantes, gracias al crecimiento de su capital.

No será fácil acabar con las “comaladas” de nuevos ricos, porque así como hay impedimentos legales para que sigan metiendo mano al erario, también buscarán la manera de burlar el cerco y abrir las puertas de la hacienda pública, sin embargo si son sorprendidos pueden terminar como sus homólogos de Brasil, que al amparo de altos funcionarios consolidaron empresas que se convirtieron en referente mundial y hoy sus acciones se encuentran en el valor más bajo.

CEBRAS INEXISTENTES

Una verdadera odisea es la que viven a diario los peatones que deben cruzar las calles en la ciudad de de Aguascalientes ante la falta de señalización sobre el pavimento, situación que provoca que los automovilistas invadan el espacio destinado para ese fin. Durante la pasada administración municipal fue notoria la ausencia de una política a favor de los transeúntes y la cual se mantiene hasta la fecha. Durante la reciente Feria Nacional de San Marcos se repintaron las “cebras” en lugares estratégicos, pero sólo como parte del programa que buscaba dejar una buena impresión a los visitantes, por lo que en vías aledañas a la avenida Adolfo López Mateos y los anillos de circunvalación tienen años que no reciben una gota de pintura, de ahí que las personas tienen que exponerse a toda clase de riesgos al pasar entre los vehículos.