México ha demostrado que la unidad y los consensos hicieron posible las reformas estructurales, por lo que ahora hay que pasar a las transformaciones, a que se haga realidad las ideas y los propósitos establecidos y que se materialicen en la vida diaria de los habitantes.

Al convocar a los mexicanos a ser parte fundamental de esta etapa, el gobernador José Carlos Lozano de la Torre –en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores–, destacó que en este momento es crucial para el país la unidad de todos los mexicanos y de los tres órdenes y poderes de gobierno, es una responsabilidad que no se puede soslayar.

Durante el acto inaugural del seminario sobre Federalismo que tuvo lugar en el Senado de la República, el mandatario acentuó que la división de poderes no significa segmentación, sino unidad nacional y pleno respeto a la autonomía.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Luis Miguel Barbosa Huerta y Silvano Aureoles Cornejo, respectivamente; Lozano de la Torre dijo que el Pacto por México ha sido un camino de propuestas de la principales fuerzas políticas y ha permitido sacar adelante las grandes reformas que buscan derramar sus beneficios económicos y sociales a todas las regiones del país, lo que es posible en el marco de un federalismo más relacionado y objetivo.

Reiteró que los mexicanos han demostrado ante el mundo que pueden alcanzar acuerdos fundamentales, al convertirlos en reformas de profundo sentido social, lo que abre una nueva etapa al federalismo.

En el caso de la Confederación de Gobernadores, el titular del Ejecutivo de Aguascalientes subrayó que ha podido alcanzar asentimientos con el presidente de la República y el gobierno federal a favor de los grandes temas nacionales.

En este sentido, el gran reto de las reformas estructurales es alcanzar el equilibrio en el desarrollo de cada región y con ello evitar que en un mismo territorio se den tres formas distintas de vida, sino que México sea uno solo, con un mismo potencial de crecimiento económico y que esto se distinga en el bienestar de los moradores.

DIFAMAR AL ÁRBITRO

Cuando un competidor presiente que no está capacitado para triunfar recurre a toda clase de artimañas para justificar la posible derrota y una forma de hacerlo es señalar que el juez es un incompetente, que está de acuerdo con las fuerzas más obscuras del universo para hacerle daño, e incluso llega a acusarlo de estar “centaveado”.

Nada de ello se llega a comprobar, porque una vez que tiene lugar la lid, al vencedor no le interesa exigir las pruebas de los dichos, y mucho menos el perdedor lo puede hacer, ya que todo lo dijo a manera de provocar desconfianza en el resultado y así tener una salida, que de cualquier manera está lejos de ser decorosa.

– Hace una semana, el entrenador del equipo Santos, de la primera división de futbol de México, aseguró que su rival en turno, el Club América, era favorecido por el arbitraje. Para darle mayor validez a su expresión, presentó un análisis de los últimos partidos en que ha participado el equipo canario, con lo que dejó abierta la posibilidad de que volviera a ocurrir con la oncena de Torreón, sin embargo, el contundente 4-0 que le propinaron lo obligó a guardar silencio.

– Los nombramientos de los 128 integrantes de los Organismos Públicos Locales electorales (Oples) –que sustituyen a los Institutos Estatales Electorales–, nacieron sumamente cuestionados por casi todos los partidos políticos representados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por supuestamente tener ligas con algún partido; consecuentemente, a ocho meses de que tengan lugar las elecciones federales y las locales en 18 entidades, ya tienen a quien echarle la culpa del fracaso.

Bajo ese tenor se arriba a la elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), que tendrá en los próximos días. El aspirante Jaime Durán Padilla (JDP) aseguró que la integración de la Comisión Electoral se hizo de forma unilateral, lo cual “resulta peligroso” y por lo mismo, “no habrá piso parejo”. Invalidó la actuación de Pedro Robledo, Crispín García y Mario Rivero, no obstante que cada uno es presidente de una cámara empresarial, lo que acreditaría su total solvencia moral, pero para el dirigente de la Coparmex local resulta sospechoso que el actual líder del CCEA, Miguel Ángel Godínez Antillón, sea quien lo diera a conocer; no obstante, éste ya aclaró que la citada Comisión está formada desde hace un año y fue avalada por el propio Durán Padilla.

Al calor de la contienda le han pedido a Jaime Durán que deje de utilizar “cortinas de humo”, que haga a un lado el protagonismo y sume sus esfuerzos a sus compañeros y sobre todo le exigen a Acción Nacional manos fuera, luego de que se adelantó al desenlace al mirar en JDP un futuro candidato para un cargo de elección popular.

Es algo que no debe sorprender, puesto que desde mediados de la década los 90 ha habido injerencia de los partidos políticos en los comicios empresariales, tras que se dio la alternancia en el poder, por lo que en la rebatiña por hacerse de la cúpula los partidos han estado presentes de una u otra manera. A finales de septiembre de 2008, cuando se aproximaba el relevo en el CCEA, se pidió cuidar que no entraran intereses ajenos a los 37 organismos y que quien quedara como líder fuera “un mediador entre la iniciativa privada y los gobiernos”, que ante todo se significara por unificar criterios y trabajar intensamente a favor de los hombres y mujeres de empresa. A final de cuentas fue electo Felipe González Ramírez y reelecto al siguiente año y años después aspirante por el PAN a la presidencia municipal de Aguascalientes.

Por alguna razón, a los empresarios les agrada el cargo, pero los mete en un aprieto al surgir controversias y censuras que en nada abonan a la imagen que deben dar, como capitanes del sector privado.

AUMENTA LA TENSIÓN

Dos asaltos con 24 horas de diferencia y en el mismo sector han puesto en extrema alerta a todos los aguascalentenses, porque en ambos casos han sido en pleno día y con un botín superior al millón de pesos.

Los habitantes del fraccionamiento Bosques sufren la acometida de la delincuencia sin que las autoridades policíacas hagan algo más allá de amontonar patrullas en torno al lugar del atraco y dar palos de ciego.

Aunque se aprehenda a uno o dos ladrones, no se podrán borrar los momentos angustiosos que vivieron las víctimas, dos de ellos unos niños, por lo que se requiere una reorganización de los programas de vigilancia y prevención para que se devuelva la seguridad a las familias. Hay que eliminar lo cosmético y mediático y actuar con la celeridad que demandan las circunstancias.

El delito del fuero común es el más presente en la vida de los habitantes, tanto de la ciudad capital como en el resto del estado, por lo que se requiere resultados y no sólo declaraciones o la presentación de una tabla de porcentajes sobre el (aparente) descenso de los actos punibles.

Lo que ocurre a diario es la mejor demostración de que hay fallas en los cuerpos de seguridad, que su trabajo es deficiente y esto lo saben las bandas de bandidos o de asaltantes solitarios, que ya no se cuidan de hacerlo de noche o embozados.

De poco sirve promocionar que Aguascalientes está libre de la delincuencia organizada, si la otra, la que roba desde unos cuantos pesos hasta millones, está metida hasta la médula.

CASO TLATLAYA

El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso ineludible de su gobierno con los derechos humanos, por lo que ofreció aclarar las 22 muertes ocurridas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos militares.

Es un caso que ha polarizado a la sociedad mexicana por el desenlace que tuvo el enfrentamiento de un grupo de jóvenes y una patrulla del Ejército, que derivó en el fallecimiento de los que se acusó de formar parte de una célula delictiva y que sin embargo, según una testigo, luego de haberse rendido fueron fusilados.

Ante el cariz que ha tomado este asunto, Peña Nieto prometió que se llegará hasta el final, para ello, de manera paralela llevan a cabo investigaciones la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso la Sedena ordenó la aprehensión de un oficial y ocho soldados y la PGR promovió la consignación de tres de ellos como presuntos culpables.

En la reunión con el ombudsman de Iberoamérica, EPN defendió el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y afirmó que la convicción de los elementos es respetar los derechos humanos. Una muestra de esta actitud es la disminución en un 85% de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en los últimos ocho meses, respecto a 2012.

En este sentido, sostuvo el mandatario, “el Ejército Mexicano ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia, al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México”, para ello la Sedena colabora con la autoridad competente para que “determine la verdad jurídica del caso, e inició una propia investigación con el objeto de garantizar la eficacia plena de los derechos humanos”.

Reiteró que la PGR y la Sedena se han comprometido a establecer la responsabilidad individual de quienes participaron en la muerte de civiles y habrá cooperación de la CNDH para avanzar en las diligencias que tienen lugar, por ello “confío en que las investigaciones permitan conocer la realidad de los hechos”, puntualizó.

Lo que podría haber sido un enfrentamiento más de los que tiene la Sedena a lo largo y ancho del país, donde la mayoría de las veces se toma como una verdad absoluta el parte militar, en Tlatlaya fue todo lo contrario ante las declaraciones de una mujer que presenció los hechos y que han tenido repercusiones internacionales, lo que ha obligado al gobierno mexicano a su total esclarecimiento.

A SALVAR EL PELLEJO

Luego del emplazamiento que recibiera del presidente Peña Nieto y de la audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero no tuvo otra salida que enfrentar el problema más reciente, de los tantos que ha tenido a lo largo de su gestión, por los crímenes perpetrados por policías del municipio de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre, con un saldo de tres alumnos muertos de la Normal Rural de Ayotzinapa y varios heridos y casi medio centenar de desaparecidos.

Además, en un hecho aparte, el equipo de futbol profesional de tercera división Los Avispones fue atacado por un comando, falleciendo en el lugar un jugador de 15 años, el chofer del autobús y una mujer que viajaba en un taxi, y en la misma carretera Iguala-Chilpancingo fue agredida una camioneta, quedando herido un agente del Ministerio Público del fuero común y una mujer.

Frente al incremento de la violencia en la entidad, el mandatario nacional fue muy preciso al citar que “merece Iguala una especial atención, pero también demanda que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”.

Al mismo tiempo, mencionó que no se contempla en Guerrero un plan de seguridad como el de Michoacán, Tamaulipas y Estado de México, ya que la Federación no puede reemplazar las obligaciones que tienen los estados: “Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Aquí estamos en una amplia coordinación, en una gran disposición para sumar esfuerzos, pero no sustituirlos o reemplazarlos o asumir responsabilidades que corresponden en estricto sentido a los gobiernos locales”.

Luego de cuatro días de no tener actividades públicas, finalmente reapareció Aguirre Rivero, luego del emplazamiento presidencial, que lo llevó a la oficina del Secretario de Gobernación, con quien dialogó de la situación que priva en su estado.

Al mismo tiempo, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, presionado para que solicitara licencia, únicamente pidió un permiso de 30 días que le fue aprobado por el Cabildo, en que espera demostrar que estuvo ajeno a los hechos, por lo que reiteró en su discurso que tiene la conciencia tranquila. En su lugar se nombró al síndico procurador Óscar Chávez, que estará como encargado del despacho.

En un intento de demostrar firmeza, el gobernador Aguirre manifestó que se giró orden de localización y presentación en contra del alcalde Abarca y de su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez: “Caiga quien caiga se le va a aplicar la ley y no importa a qué partido político pertenezca”, sostuvo el perredista.

Por su parte, el procurador Iñaky Blanco Cabrera informó que se solicitó a las 31 procuradurías estatales y a la del Distrito Federal y de la PGR, que colaboren en la ubicación de ambos funcionarios. Se les requiere para que declaren sobre los hechos que tuvieron lugar, mientras permanecen arrestados 22 policías de Iguala para determinar quiénes dispararon en contra de los normalistas.

Como ha sucedido durante su mandato, Ángel Aguirre espera encontrar una puerta de escape, que le ayude a eludir a la oposición, la cual exige –una vez más– que pida licencia, en espera de que venga alguien que ponga orden.

UNO CAPO MENOS

La aprehensión de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, ocurrida en San Miguel de Allende, se suma a la de otros jefes del narcotráfico, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Miguel Treviño “El 40”, lo que tiene un profundo significado para las autoridades mexicanas al estar empeñadas en reducir a su máxima expresión los cárteles.

El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Zenón de Lucio, declaró que los elementos de Operaciones Especiales de la Sedena lograron su detención “de manera rápida y eficaz, sin realizar un solo disparo, en el interior de un restaurante de mariscos”.

Junto con Beltrán también cayó su presunto operador financiero, Germán Goyenechea Ortega, propietario de diversos negocios y todo un personaje en el medio político, deportivo y taurino de Querétaro.

Beltrán Leyva vivía en Querétaro bajo una identidad falsa y se hacía pasar como un empresario de bienes raíces y corredor de arte, que le permitía justificar su nivel de vida, inclusive, para no llamar la atención optó por un bajo perfil y dejó a un lado los vehículos de lujo, pero desconocía que durante 11 meses grupos de inteligencia de la PGR, el Ejército, la Marina y la Policía Federal rastreaban su paradero. Sus operaciones las mantenía alejadas de su domicilio “para no alterar su modo de vida discreto, evitando llamar la atención de los vecinos y amistades o de las autoridades locales”, sostuvo Zenón de Lucio.

En cuanto a su presunto operador financiero, Germán Goyenechea, fue detenido junto con “El H” en un negocio de mariscos de San Miguel de Allende. Es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es un reconocido empresario en Querétaro. Participó en la elección interna de 2012 por una diputación federal y perdió ante el actual legislador Ricardo Astudillo Suárez, asimismo, preside el Consejo Ciudadano 100 por Querétaro y el Parlamento Ciudadano de México para el Estado de Querétaro. Su lugar de residencia la tiene en San Miguel de Allende, donde es director del Fraccionamiento Otomí Centro Hípico, un complejo residencial de alto nivel, ubicado en un centro ceremonial otomí.

Caído en desgracia, a Goyenechea Ortega nadie lo conoce en el PVEM o tienen tiempo que dejaron de relacionarlo. En cuanto la PGR lo identificó como el presunto operador financiero de Héctor Beltrán, el diputado federal y dirigente del Verde Ecologista en Querétaro, Ricardo Astudillo, aseguró que su partido no será “tapadera” de nadie y que tenía tiempo de haberse alejado del partido: “Si el señor está involucrado en algo que esté fuera de la ley, él tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos”, dijo.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Ricardo Villarreal, que aspira a ser presidente municipal de San Miguel de Allende, aseveró que Goyenechea no es su amigo y es un empresario más de San Miguel, además, reconoció que el lunes pasado estuvo en un evento en el que el legislador fue el orador principal, pero rechazó que él lo hubiera invitado, o que en algún momento recibiera aportaciones económicas de su parte.

Un primo del señalado, Fernando Goyenechea Villalobos, funcionario del Ayuntamiento de Querétaro, se apartó de su pariente, por lo que pidió “que se aplique la ley en lo que debe de corresponder”, en tanto el ex alcalde de San Miguel y actual diputado, Óscar Arroyo, negó tener alguna relación y haber recibido dinero de él.