Otto Granados Roldán
Quizá la característica más acusada de Aguascalientes en estos tiempos es que ha perdido rumbo. De ser un estado que parecía tener una idea clara de su desarrollo a mediano y largo plazo basado en el sector manufacturero, la diversificación industrial, la innovación y la generación de talento de buena calidad, de pronto se empantanó en sectores de servicios de muy bajo valor agregado, y su mapa de navegación parece el de un barco sin destino.
De ser el tercer estado más competitivo del país cayó al octavo lugar. De observar una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6% desde 1986 hasta 2016, bajó al 0.9% anual en los últimos diez años, a -1.56% específicamente entre 2023 y 2025, y cuando antes era un día de fiesta inaugurar una armadora automotriz o abrir un gran campus universitario, ahora nos conformamos con cortar el listón de un Oxxo o de un salón de fiestas. De tener una relativa estabilidad en materia de seguridad hoy casi el 40% de la población de 18 años y más se siente insegura y el pasado mes de julio Aguascalientes cerró con la tasa más alta del país de robos a casa habitación con 60.22 casos por cada cien mil habitantes, cifra cuatro veces más alta que el promedio nacional. Y de ocupar el primer lugar en transparencia y ética en el Índice de Competitividad de los Estados Mexicanos (1999, p. 297) del Tec de Monterrey, ahora el 75% de las personas creen que la corrupción en Aguascalientes es “frecuente” o “muy frecuente” (IMCO, 2026).
En suma, Aguascalientes carece ahora de una visión conceptual y estratégica de dónde quiere verse en los próximos veinte o treinta años, cuánto quiere crecer y cómo mejorar la vida de sus habitantes.
Vamos con un ejemplo. La ocurrencia de crear un nuevo municipio es en sí misma totalmente irrelevante; será un fracaso en toda regla y se convertirá en una demarcación fallida para una población que cabe completa en el estadio Victoria. Pero eso no es lo peor, sino que, cuando ello suceda, a nadie le va a importar, excepto a quienes ahora presionaron para articular un protectorado para actividades eventualmente delictivas. Veamos.
La idea salió en alguna campaña, de esas que surgen regularmente y derivadas de la más profunda incompetencia acerca de la política pública, que más pronto que tarde derivan en el desperdicio de tiempo, recursos y energía y, por consecuencia, condenadas a ser fallidas. Pero lo importante no es la coreografía tan cómica en medio de la cual se produjo sino el fondo de la idea.
Una hipótesis es que efectivamente sus promotores piensen que con eso se ayuda a que Villa Juárez crezca aceleradamente, genere mejores condiciones de vida y de progreso, y hasta atraiga a la FIFA para que sea una de las sedes del Mundial en 2030. Una segunda es que las autoridades municipales y el grupo de legisladores cómplices que resultó un cero a la izquierda, quieran hacer algún negocio inmobiliario o lavar dinero o lucrar con reservas de tierra ejidal en una zona donde lo único que hay son lagartijas y coyotes. Y una tercera hipótesis, la más probable y muy grave, es que se trata de un nuevo municipio desde el cual pueda operar la delincuencia organizada bajo protección como si fuera un protectorado: tendría un alcalde propio, policía propia, acceso semanal a información de seguridad, contacto con las policías, “halcones” encargados de llevar y traer información en zonas dominadas por el crimen organizado, entre otras facilidades logísticas.
Según distintas organizaciones se estima que de los 2 mil 478 municipios que hay en México, en mil 198 hay, por lo menos, una célula delictiva, de acuerdo con el análisis que realizó el grupo Guacamaya Leaks. Un ejemplo: el diario El País publicó (Julio 19, 2025) un detallado informe sobre cómo trabajan miles de mercenarios para el crimen organizado y el entrenamiento de sicarios, principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. El denominador común es que son municipios íntegramente bajo dominio de la delincuencia; mandan allí porque son suyos, de facto o de iure.
Otro ejemplo, más cercano: por esa misma fecha, militares y policías federales (y con la colaboración de la DEA) desmantelaron en Pabellón de Hidalgo un campamento donde incautaron a 18 personas, armas, equipo táctico, chalecos, vehículos y drogas. Las preguntas son obvias: ¿cuántos meses llevaban ya allí? ¿ninguna autoridad o policía municipal de esa delegación municipal o de Rincón de Romos se dio cuenta? ¿Cómo le hacían los integrantes del campamento para actuar, comer, dormir, moverse libremente? ¿Nadie vio nada, nadie dijo nada? Y, ni más ni menos, el sábado 29 de agosto, horas después de concretarse la escrituración del nuevo municipio, se produjo un ataque con explosivos contra la policía de Villa García, en Zacatecas, ubicada a 18 kilómetros de Villa Juárez, presuntamente activado a distancia por un sujeto de Aguascalientes. Esos hechos, ahora tenderán a volverse más frecuentes, aprovechando las ventajas de tener un protectorado municipal propio.
Dicho de otra forma: la delincuencia organizada está mutando hacia lo que Guillermo Valdés Castellanos, un antiguo director del CISEN, llama “gobernanza criminal”, una modalidad en que “las instituciones y el orden social operan bajo” las reglas de aquella. Esto es, una cosa es darle órdenes de todo tipo a las autoridades municipales, y otro es, de plano, suplantarlas, lo que eventualmente es más sencillo de hacer en territorios pequeños.
El siguiente problema es propiamente urbano. Siguiendo la arraigada tradición iberoamericana, México ha vivido un intenso proceso de centralización, de conurbación y de concentración-dispersión, lo que ha provocado tener al mismo tiempo ciudades cada vez más grandes y municipios prácticamente abandonados. En México hay 2 mil 478 municipios de los cuales solo 59 tienen más de 300 mil habitantes. Muchos de los demás son inviables o fallidos de plano: no pueden prestar servicios, no tienen capacidad de ejecución, no hay infraestructura educativa y de salud, no tienen servidores públicos profesionales, y son altamente dependientes de los recursos que les transfiere el estado y la federación, que equivalen a más del 80% del total de sus ingresos. ¿De dónde van a sacar dinero los gobiernos, que no puede ni arreglar las calles, los museos o los parques, y al que ya la Federación le recortó este año 1200 millones de pesos de las participaciones fiscales, para transferir a un nuevo municipio casi fantasma, de apenas unos 10 mil habitantes en su cabecera y otros 15 mil dispersos en docenas de comunidades rurales?
Esta es una situación cada vez más extendida en el país. Con información de CONAPO, el economista Luis Martínez ha calculado que 1 de cada 4 municipios de México tiene hoy menos habitantes que en el año 2000, pese a que en este mismo lapso el país sumó 35 millones de personas, de los cuales la mitad se quedaron o se movieron hacia solo 55 municipios de todos los que tiene el país. Guadalajara perdió 293 mil y su vecino Tlajomulco ganó 715 mil. El 45% de los municipios de Nuevo León están vaciándose. En Zacatecas, 20 de sus 58 municipios se han despoblado por completo. En España, de 8 mil 132 municipios que existen, 3 mil están totalmente deshabitados.
¿Por qué hemos sido incapaces de sacudirnos una visión tan provinciana y entender las tendencias en otras ciudades y países? Sencillamente no hay ninguna justificación ni racionalidad en la tontería de inventar otra demarcación municipal en Aguascalientes, salvo para dar unas pocas chambas, meter la mano al cajón presupuestal y prestar otros “servicios” posiblemente delictivos. Como la nueva autoridad municipal no tendrá dinero y el gobierno estatal no les dará porque no hay, entonces aparecerá naturalmente un proveedor subsidiario: la delincuencia organizada. Y el que paga, manda.
Finalmente, ampliar la tabla de municipios parásitos como San José de Gracia, El Llano o Cosío es hacer una pésima inversión pública porque el problema no es su estatus jurídico, sino que el desarrollo se está concentrando marcadamente en la zona metropolitana del estado (la capital, Jesús María y San Francisco de los Romo) y este es un fenómeno irreversible. Véase un solo ejemplo: de manera sistemática, en el estado de Aguascalientes está decreciendo el empleo formal: en lo que va del año lleva perdidos 3 mil 813 empleos, pero de manera más acentuada, como se ve en el siguiente cuadro, en 8 municipios, entre ellos Asientos:
Lo que ha salvado la economía de esos lugares han sido las pocas inversiones mineras y cementeras, y las remesas, que fueron de 945 millones de dólares en 2025, y en el primer semestre de 2026 alcanzan ya 466 millones de dólares. De continuar la tendencia esto significará tres veces más las remesas que llegaban en 2015 y representarían 4% del PIB estatal, es decir, más de lo que produce el sector agropecuario del estado. ¿Nadie se ha dado cuenta de esta realidad?
Si, como diría Séneca, “no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”, Aguascalientes -la sociedad entera- debiera preguntarse dónde está y hacia dónde quiere ir.
