Al mismo tiempo que las agrupaciones de padres de familia que defienden el derecho de decidir sobre la educación que reciban sus hijos, no cesan de exigir que se mantenga sin alteraciones la recién aprobada Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes, los miembros del Congreso del Estado se han hecho famosos a nivel nacional al haber sido el único estado que avaló ese apartado, lo que ha creado un conflicto en que intervienen las secretarías de Gobernación y Educación, entre otras, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Está visto que la actual 64 Legislatura hace todo lo que está a su alcance para que se le recuerde, pero no por su eficiencia y pulcritud, sino por los desaciertos a la hora de las decisiones y por el propósito de buscar imponer razonamientos que van en contra del interés general, como sucedió con la fallida violación a la autonomía a la UAA, al igual que el dictamen que hoy los tiene metidos en un brete tras haber incluido de última hora unos renglones que alteran las disposiciones del sistema educativo del país.

El Diario Oficial del Estado, en su edición del pasado 25 de mayo, dio cuenta del control PIN Parental en la educación local, por lo que el Instituto de Educación está obligado a informar previamente a los padres de familia de los programas previstos para el ciclo escolar y así ellos resuelvan qué tipo de educación deben recibir sus hijos.

El pleno del Congreso se aprovechó de la armonización de la Ley General de Educación federal, para incluir el 21 de mayo el control de los tutores de conocer de forma anticipada cualquier lección académica, como parte del artículo cuarto del Decreto 341, que a la letra señala: “La Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

Como es del conocimiento público, la aprobación de los 154 artículos fue por unanimidad de las bancadas del PAN, PES, Morena, Nueva Alianza, PRI, PVEM y PRD, sin embargo al día siguiente varios de los diputados de oposición se dieron cuenta que el pre-acuerdo de dictamen en el que todos estuvieron de acuerdo y por eso lo avalaron en el pleno, fue alterado la noche anterior del día 25, lo que motivó que nueve de ellos pidieran una rectificación, de lo cual aún no hay respuesta.

De cualquier manera, desde Nuevo León el diputado panista Carlos Leal envió un mensaje vía twitter que a la letra dice: “Felicidades a mi compañera diputada Karina Banda por su propuesta de Pin Parental en Aguascalientes, esta fue aprobada por UNANIMIDAD en el Congreso de Aguascalientes”. (Reforma 30/V/20).

Ante esa medida se inconformó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), al presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por considerar que se priva a los escolares de recibir clases sobre temas que deben de ser parte de su formación

Por su parte la Secretaría de Gobernación (Segob), en un documento, expone a los 32 congresos estatales los criterios jurídicos sobre la educación laica que rige a la República Mexicana, que incluye los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México, que defienden el derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes, y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.

La Segob sostiene que las reformas estatales conocidas como Pin Parental vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, en virtud que permite que los padres y madres de familia intervengan en los contenidos educativos, lo que despoja al Estado de su rectoría constitucional, por lo que las secretarías de Gobernación, Educación y Salud, así como los organismos Conapo, Sipinna, Conapred e Inmujeres, han prevenido la afectación al interés superior de la niñez, al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica, por lo que esas reformas podrían ser consideradas inconstitucionales, al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado.

Dispuestos a no permitir la modificación a la Ley del IEA, la agrupación de padres de familia que ha estado a favor del PIN Parental acusó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de “intromisión” y pretender amedrentar a los diputados para que den marcha atrás a lo aprobado por ellos mismos, además que la funcionaria hace activismo ideológico “en contra de la vida, la familia y las libertades”, de lo que “al parecer ni el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado”, señaló el dirigente Rodrigo Iván Cortés, en videoconferencia.

NI TANTO

Como nadie vende bolillo frío, es normal que el jefe de la policía municipal de Aguascalientes asegure que todos sus subalternos están bajo permanente observación, por lo que es una agrupación bien portada, postura que no comparte la Asociación de Abogadas, Profesionistas y Estudiantes en Defensa de los niños, mujeres y adultos mayores.

Antonio Martínez Romo, titular de la corporación, ordenó (lo obvio) a sus muchachos, que se abstengan de cualquier actitud que vaya en contra de los derechos humanos de los ciudadanos en general, por lo que cada patrulla cuenta con GPS que permite identificar sus recorridos  y horarios durante todo el turno, de manera que en caso de una acusación se pueda determinar quienes intervinieron y si hubo alguna falta, aunque para ello se requiere de la denuncia de los afectados ante la Dirección de Asuntos Internos y así proceder.

Dijo que en caso de que algún policía esté acusado de un delito se debe esperar al resultado que presente la investigación que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado, en lo cual colabora la propia dependencia municipal para el esclarecimiento de los hechos y de resultar verídicos se sancione al o los responsables, en caso contrario sean exonerados y que sigan en servicio.

Aplicar la ley sin distingo sería un freno a cualquier intento de los uniformados, no obstante es difícil que en donde son cientos los que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública todos sean hermanitas de la caridad, por lo que habrá quien se brinque las trancas y sabrá cómo hacerlo para no ser descubierto.

Ante la rectitud con que asegura Martínez Romo trabaja el honorable cuerpo de policía a su cargo, la agrupación de abogadas, profesionistas y estudiantes, que defienden a menores de edad y adultos y adultos mayores respaldó al Colectivo de Mujeres Transgénero que denunciaron a elementos de siete delitos. Aseguraron que hay ocho carpetas de investigación ante la Fiscalía del Estado, por lo que pidieron la intervención directa de la alcaldesa María Teresa Jiménez y termine la persecución que dicen son objeto de los uniformados, al acosarlas en su zona de trabajo que va de la avenida Rodolfo Landeros a la salida a San Luis Potosí, llevándolas detenidas sin haber cometido un delito o falta.

OBSERVANCIA RECICLADA

Cada año, al acercarse el inicio del ciclo escolar, las autoridades educativas declaran que en Aguascalientes no hay universidades “patito”, lo que es algo que ni siquiera debería de ser motivo de información, puesto que ninguna institución puede funcionar sin el permiso del propio IEA y la SEP, pero en el curso del año lectivo salen a relucir las fallas en alguna institución, que pese a contar con el famoso Revoe no se apegan a la norma, o cobran por todo. Afirma el director de educación media y superior del Instituto de Educación, Gustavo Romero, que en la entidad existen más de 60 instituciones de educación superior, por lo que todos los egresados de bachillerato tienen oportunidad de cursar alguna licenciatura, lo que no menciona es que el costo de las colegiaturas resultan prohibitivas para familias de escasos recursos y que es en donde debería enfocar su atención.