Aunque en su momento se negó que fuera a suceder, sí habrá reforma fiscal, pero no como la planteaban los gobernadores sino al contrario, se pretende que los estados ayuden a financiar la ampliación de los programas de bienestar social que lleva a cabo la administración federal.

Los mandatarios estatales, entre ellos el de Aguascalientes, tienen casi dos años de insistir en un análisis serio, objetivo y sobre todo fundamentado, sobre el reparto que se hace de los recursos que obtiene el gobierno central, ya que en las actuales circunstancias están sumamente limitados para llevar a cabo los planes y programas que requieren los habitantes de cada lugar. Hasta la fecha la Federación se queda con el 80% de la captación y envía el 16% a los estados y el 4% restante lo destina a los más de dos mil municipios, por lo que han propuesto que el 50% sea para la Federación y el otro 50% se divida por partes iguales entre estados y municipios, lo que permitiría acelerar el crecimiento del país.

Martín Orozco Sandoval, como miembro del PAN y parte de la liga federalista, en la que participan gobernadores emanados de distintos partidos, ha mantenido la demanda que cambien las reglas para que exista una verdadera equidad, sin embargo en Palacio Nacional no están dispuestos a ceder y tan no lo están que esperaron conocer el resultado electoral del pasado 6 de junio para poner en marcha el plan que sin duda tiene tiempo de haber sido concluido.

El presidente de la República acaba de anunciar que sí podría haber una modificación, pero en un sentido totalmente distinto, ya que según lo mencionó el pasado 25 de junio, se utilizará el presupuesto de los estados para apoyar los programas sociales que tiene en marcha, puesto que su propósito es ampliar el número de beneficiarios, en particular de niños y niñas con discapacidad, para lo cual ha estado en pláticas con los gobernadores morenistas electos, a quienes les propuso destinar recursos “al alimón”, en que el 50% lo ponga la Federación y el otro 50% los estados, mismo esquema que, dijo, podría aplicarse para el mantenimiento de los planteles escolares.

Es de simple lógica establecer que los próximos gobernantes no se van a oponer a lo que su líder moral ya decidió, actitud que en su momento será una presión para los que están y seguirán en funciones, para llegado el momento obligarlos a ceder, con lo que lejos de haber un avance en la intención original será un retroceso, puesto que parte de los programas federales serán sufragados por los estados.

Indudablemente que nadie puede negar el respaldo que requieren los grupos más vulnerables, pero en este caso la Federación pretende que los estados lleven parte de la carga financiera de sus programas, lo que obligará a reducir o eliminar las propias acciones.

La administración lópezobradorista amplía la base de favorecidos, a través de otorgar ayuda a nuevas colectividades, aunque con esto arrastre a los gobiernos estatales, que estén a favor o en contra de esa medida indefectiblemente tendrán que achicar varios programas.

Estas modificaciones las dejó entrever el aún secretario de Hacienda, Arturo Herrera, durante la Convención Nacional Bancaria que tuvo lugar el pasado mes de marzo, al citar que “justo después de las elecciones tendremos que valorar en conjunto, todos, cuál es el contexto y si las condiciones permiten que planteemos algún cambio a la estructura tributaria del país”. Ya entonces estaba todo listo, sólo faltaba saber en qué condiciones se resolverían los comicios.

GASTO FAMILIAR

En la eterna competencia de precios-salarios, los más desfavorecidos salen perdiendo, ya que con el ingreso que obtienen apenas les alcanza para mal comer, pero hay hogares en que sólo prueban un bocado durante el día y de ellos son miles en Aguascalientes.

En las dos últimas semanas se elevó el costo del kilogramo de tortilla, que de 12 y 13 pesos llegó a 16 pesos y en algunos casos hasta 20 pesos, lo que obliga a reducir la compra y a racionar este alimento básico entre los miembros de la familia, algo que tenía decenios que no se veía.

Los tortilleros aducen que el costo de la harina se ha elevado, ya que anteriormente adquirirían la tonelada a 11,200 pesos y ahora está en 13,600 pesos, mientras que el maíz se incrementó en 3,200 pesos, por lo que hoy pagan por tonelada en 8,600 pesos. Asimismo, hay un impacto en los costos por mayor precio de gas, agua y luz, en el pago de mantenimiento de maquinaria y compra de refacciones que en varios casos subió 50%.

Dispuestos a no cargar con esa inflación, los industrializadores de la masa decidieron elevar el costo del kilogramo, aunque con ello se perjudica a un amplio sector de la población que no tiene para dónde hacerse ni a quién recurrir. Lo único que podría ayudar es que hubiera un subsidio para los fabricantes, pero la actual administración federal se niega a conceder este tipo de apoyos, por lo que exclusivamente queda consumir menos tortilla.

La cuestión radica en que los precios se van por las nubes, mientras que el salario se mantiene estático, que aún cuando en los últimos años se ha incrementado a un porcentaje aceptable se pulveriza con este tipo de acciones, sin que la administración federal haga algo que contribuya a equilibrar ambos factores.

A costos actuales, el precio del kilogramo de tortilla es similar al que existe en estados fronterizos, pero el ingreso aquí es inferior.

A lo descrito habría que agregar el mayor costo del gas LP, la gasolina y productos tan indispensables en la cocina, como es la papa, el aguacate, el chile en sus distintas variedades, la cebolla, el jitomate y otros productos, que aún cuando tienen oscilación en el precio por regla general no retrocede.

Las amas de casa hacen toda clase de movimientos para “estirar” el gasto, pero la más de las veces sólo les alcanza para comprar menos con el mismo dinero, ese es el drama que se vive a diario para tratar de llevar lo más posible a la mesa, aunque únicamente una parte de su intención se logra.

ALGO BUSCA

Cuando alguien que tiene algo de poder y está a punto de irse al ostracismo, trata de hacerse notar enviando señales a quien corresponda de “aquí estoy”. Se niega a volver al mundo de los mortales, por lo que no es gratuito el rechazo del diputado Mario Armando Valdez Herrera para que se vuelva a clases presenciales. Podría suponerse que lo hace en su calidad de profesor, aunque en el tiempo que lleva en el Congreso no se ha significado por hacer algo importante a favor por esta porción laboral, tan es así que no ve ni escucha a sus compañeros jubilados que reclaman que se le pague sus pensiones con salarios mínimos y no con UMAs. Entre las razones que esgrime para que continúe la enseñanza en línea es que hay escuelas que carecen de agua y que en su mayoría se encuentran en comunidades rurales. Sabe que difícilmente la totalidad de los planteles van a contar con el 100% de las exigencias que presentaron las autoridades sanitarias, por lo que demanda que “dejen de tomarse la foto” en los lugares que tienen todo en orden. Bien haría Valdez Herrera con cumplir la palabra empeñada ante sus colegas del SNTE, cuando fue secretario general de la Sección Uno, de que presentaría el informe contable de la anterior directiva, que no entregó hace ocho años y el cual el entonces dirigente dijo que se iría “hasta las últimas instancias” para obligar a que se conociera en qué se utilizaron los recursos sindicales. Ocurre con aquella desaparecida radionovela del Monje Loco en que “nadie vio, nadie supo”, por lo que si la actual administración federal dejó en libertad plena a la ex lideresa nacional Elba Esther Gordillo, entonces aquí también tiene que haber “borrón y cuenta nueva”.