Ante la presunta filtración de información en torno a una denuncia en contra del gobierno de Aguascalientes por parte de miembros de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es indispensable que se establezcan  medidas de control en esa instancia y se realice una investigación exhaustiva, consideró el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez.

La presunta filtración de que ahora se habla y exhibe al Poder Judicial del Estado a nivel nacional, es un asunto “gravísimo que amerita una acción inmediata por parte de la autoridad respectiva”, ante lo que los 3 magistrados deberían ser separados del cargo y permitir que la autoridad realice una investigación exhaustiva del tema, consideró el litigante.

Sugirió que la magistrada presidenta del STJE, Gabriela Espinosa Castorena debe actuar de inmediato y no permitir que se manche la imagen de este Poder, por lo que “debe convocar con urgencia al Consejo de la Judicatura para que se establezcan medidas de control de la Sala Administrativa, y nombrar responsables en esa área, en tanto la investigación que debe ser iniciada, termine”.

“Se debe acabar con el sospechosismo de que la autonomía del Poder Judicial no existe y se encuentra superado, pues esto nos regresa a escenarios no deseados de contaminación de los órganos de justicia, lo que revelaría un alto grado de descomposición en las estructuras del gobierno, corroídas por la corrupción y la impunidad”, insistió Monroy Sánchez.

Lo que ahora se denuncia y que tiene que ver con la impugnación presentada hace tiempo, por parte de particulares relacionados con un grupo de constructores que estarían interesados en realizar el libramiento carretero poniente y fue con relación a un concurso anterior al resuelto en fechas recientes. La información publicada en un diario de circulación nacional, refiere que esto salió a relucir porque el gobierno estatal expuso el expediente cuando se supone, todavía no sabría que estaría emplazado a juicio.

No se debe desechar la exhibición que se hizo sobre el proceder de magistrados de la Sala Administrativa y ahora se tiene la obligación de transparentar el procedimiento “quién recibió la demanda y en qué manos estuvo para deslindar responsabilidades individuales, y de ser cierta la información, los 3 magistrados deberán retirarse del cargo para que se lleve una investigación exhaustiva”, concluyó.