Han pasado los años y contados son los casos de corrupción que han sido sancionados en Aguascalientes, de ahí que los ciudadanos demandan el combate a ese fenómeno que perjudica a las arcas gubernamentales, pero también a la sociedad, que a través de sus aportaciones hace que la entidad tenga recursos; “por ello a los ciudadanos, se les sigue debiendo y la deuda pareciera es creciente”.
Así lo consideró el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez, quien se refirió en específico al tema del ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, quien apenas hace un par de días, recibió una pobre sentencia de apenas dos años de prisión.
Podría considerarse, dijo, que la sentencia de sólo un par de años es una penalidad mínima para el delito que se le imputa al ex funcionario estatal, pues la ley indica que cuando la cuantía del desfalco rebase las 500 UMAS, se podrán aplicar de 2 a 12 años de prisión y en este caso, ya que el origen de la contratación indebida del despacho de abogados de Juan Collado, ahora encarcelado, obedece a simular la representación legal ante una autoridad judicial.
TODOS PERDEMOS. Esto, es en el caso específico de la demanda civil contra la Universidad del Carmen de Campeche, “por los famosos 300 millones de pesos por el incumplimiento de contrato de proveer equipos de cómputo para estudiantes del estado, con lo que, al imponerle la penalidad mínima a petición de la Fiscalía Especializada, pues el pueblo de Aguascalientes vuelve a perder”, concluyó el abogado litigante.

BARRIL SIN FONDO. Monroy Sánchez insistió que 300 millones, más otros 7 millones de pesos, “no se recuperarán, y tendremos un caso con sentencia mínima sin recuperación de lo robado. Y es que una vez más queda de manifiesto que la corrupción sigue adelante, y en el peor de los casos, empatando los asuntos y la ciudadanía de Aguascalientes, en manos de la impunidad”.

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