Después de varios años de vivir en la placidez se avizoran tiempos difíciles para los partidos políticos locales, en caso de prosperar la propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se elimine el financiamiento que reciben, por lo tanto estarían sujetos a las ministraciones que envíen sus comités nacionales, que si algo tienen es ser cicateros a la hora de apoyar a sus representaciones estatales.

Puede decirse que si los organismos provinciales funcionan es gracias al apoyo que reciben del presupuesto local, vía el Instituto Estatal Electoral (IEE), porque si estuvieran a la espera de recibir recursos de las direcciones centrales más de uno ya habrían cerrado sus puertas.

De acuerdo a lo autorizado por el Consejo General del IEE el pasado 10 de enero, se distribuyen durante el año más de 68 millones de pesos entre partidos y asociaciones políticas, por concepto de financiamiento ordinario, gastos de campaña y actividades específicas.

De esa cantidad el PAN recibe 18 millones 229 mil 761.34 pesos; Movimiento de Regeneración Nacional 15 millones 041 mil 718.14 pesos; el PRI 13 millones 044 mil 931.87 pesos; Verde Ecologista de México 6 millones 207 mil 921.65 pesos; el partido local Nueva Alianza 5 millones 987 mil 372.93 pesos y Partido del Trabajo 5 millones 612 mil 053.19 pesos. Los partidos locales Unidos Podemos Más y Libre de Aguascalientes obtienen 1 millón 363 mil 394.43 pesos. Las asociaciones políticas Vida Digna Ciudadana y Voces Hidrocálicas alcanzan cada una 376 mil 975.42 pesos, en tanto a los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática se les asignaron 301 mil 380.33 pesos por concepto único para gastos de campaña. Para las candidaturas independientes se apartó la cantidad de 301 mil 380.33 pesos, a repartirse a partes iguales entre los que fueran aceptados como candidatos y que únicamente podían destinar para gastos de campaña.

De aceptarse la proposición del INE, puede ser el último año que perciban dinero estatal, conforme a lo publicado por el periódico Reforma en su edición del uno de julio, al considerar que la desaparición de esas prerrogativas “no sólo generaría ahorros y frenaría la duplicidad de recursos para un mismo fin, sino que eliminaría una fuente de irregularidades  en el gasto, pues el financiamiento local es el menos transparente en la fiscalización anual que realiza el organismo electoral”.

En el estudio al que tuvo acceso el citado rotativo, el INE subraya que “la mayor cantidad de anomalías que arroja la fiscalización de los recursos y la consecuente sanción es precisamente en el ámbito estatal”, al detectar informes extemporáneos e incumplimiento de apertura de cuentas bancarias para llevar el control de los gastos de los ciudadanos, además, omiten reportar la agenda de sus actos públicos o lo hacen de manera tardía, presentando informes sin documentación de soporte, sin factura o con copias sin valor fiscal y no elaboran la línea de ingreso y gastos que exige la ley. Se olvidan de presentar el detalle de la compra de bienes que distribuyen entre sus seguidores, como banderines, playeras y gorras, ni de espectaculares ni de la propaganda en redes sociales.

De pronto, de ser los chicuelos de la política pasan a ser los malos de la película, lo que tiene una razón de ser. El Instituto Nacional Electoral trata de salvarse por todos los medios posibles ante la embestida de que es objeto por los legisladores federales de Morena, que pretenden reducir en 50% el financiamiento que tiene fijado en el presente año, de 10 mil 397 millones 209 mil 394 pesos para gasto operativo.

Por lo anterior propone que en lugar de afectarle se elimine los apoyos estatales a los partidos locales, que en total significan 4 mil 566 millones de pesos, planteamiento que de aprobarse se avizora una época de penurias ya que estarían sujetos a que les envíen de las oficinas nacionales lo que requieren para funcionar, en cambio, hoy, como está previsto, cada mes el IEE deposita en una fecha fija la cantidad autorizada.

Lo único que les queda es rezarle a San Tomás Moro para que interceda por ellos.

SIN PENSAR A FUTURO

Ocupar un asiento en el Congreso del Estado tiene que ser de gran responsabilidad, porque lo que aprueben o rechacen sus integrantes  repercute en diferentes segmentos sociales, de ahí que es necesario analizar concienzudamente cada una de las iniciativas y establecer sus alcances.

Como parte de ese ejercicio también deben tomar en cuenta lo que podría suceder con su propia carrera política, al permitir una modificación o la creación de una ley que vaya en concordancia con alguna situación de moda y que lo hagan bajo presión.

Lo anterior tiene sustento en lo que aprobaron en la sesión del pasado 20 de junio, de reforma al Código Penal de Procedimientos en materia de prisión preventiva para los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desaparición forzada.

Diputados y diputadas se apegaron a la práctica nacional de aplicar prisión preventiva a la mayoría de los delitos, desoyendo a los expertos que se oponen a que las cárceles se llenen de presuntos infractores y después de meses y hasta un año en prisión les salgan con un “usted dispense” al no haber elementos para enjuiciarlos.

Se les olvidó que en esta vida el que no cae resbala, por consiguiente, alguno de los que hoy se pavonea porque es parte del parlamento que sueña con llegar a ser presidente municipal o funcionario estatal, en preámbulo de una mayor jerarquía, en ese ínter puede ser víctima de una celada política al ser acusado de enriquecimiento ilícito o de abuso de autoridad, lo que mientras se investiga lo tendrá en la cárcel y aunque logre su libertad por falta de pruebas tardará tiempo en aminorar el descrédito.

Hace varios lustros que antes de ordenar una iniciativa de características similares y previo a enviarla al Congreso, un gobernante analizaba punto por punto su contenido y pedía a sus asesores de distintos ámbitos que le dieran su opinión, esto con la finalidad de tener la certeza que no sería un bumerang.

La tradición jurídica fue que la prisión preventiva fuera sólo para casos excepcionales, por ejemplo cuando existía la posibilidad que el imputado emprendiera las de Villadiego y era preferible tenerlo tras las rejas hasta recibir sentencia o absolución, pero hoy cualquier persona puede ser apresada por un tiempo, anulando el principio de inocencia que prevaleció por siglos.

IMPARABLE

Lo que fue una posibilidad se ha convertido en una luz apenas perceptible. La instalación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, el 16 de mayo pasado, no ha surtido los efectos esperados, tras que el número de fallecimientos por decisión propia siguen sin que alguna medida surta efecto. La creación de ese organismo fue resultado de lo vivido el día 13, en que cuatro hombres y una mujer se privaron de la vida y cinco más sufrieron lesiones severas al intentarlo, uno de ellos quedó con una lesión cerebral. Aunque no existe alguna forma de evitar esas acciones y tampoco hay un antídoto, es necesario intensificar las investigaciones para encontrar una vía que contribuya a disminuirlos. Participan en los trabajos el Instituto de Salud del Estado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agrupaciones de médicos, siquiatras y psicólogos, entre otros. De las causas que se han detectado para impulsar al suicidio es la depresión, el alcoholismo y la esquizofrenia, por lo que se pide que cuando familiares, amigos o compañeros de trabajo o estudios observen que alguien asume una conducta atípica lo vigilen y tengan un mayor acercamiento, que en lo posible le ayuden a encontrar una respuesta a sus aprensiones. De ninguna manera es sencillo hacerlo, pero es indispensable intentarlo.