Amparado en las sombras del alejamiento en puerta, el gobernador Martín Orozco Sandoval le deja un “regalito” a miles de usuarios del transporte urbano, taxis y combis, al autorizar un aumento a las tarifas correspondientes, lo que hará más difícil la situación económica en que se desarrolla la vida de quienes no viven del presupuesto y que a partir de mañana tendrán que pagar más caro los traslados.

De manera sigilosa actuó la administración estatal con el fin de evitar que hubiera muestras de descontento. Aplicó aquello de “golpe dado ni Dios lo quita”, además, como autoridad puede hacer y deshacer lo que mejor convenga a las fuerzas económicas y al mismo tiempo dejar fuera las necesidades sociales.

A Ricardo Serrano Rangel, que en la última parte del sexenio ha cobrado como “coordinador general de Movilidad”, le correspondió el alto honor de anunciar lo que su patrón decidió, que a partir del día 15 de este mes entrará en vigor un incremento a los importes de los distintos servicios de transporte público y aclaró que no se trata de un aumento sino de “un ajuste”, que sólo él sabe cuál es la diferencia puesto que a final de cuentas los usuarios pagarán más.

El pasaje urbano pasa de 9.50 a 11 pesos, el banderazo de taxi de 13.50 a 15.00 pesos y las combis de 9 a 9.90 pesos, incrementos que se concedieron luego de largas y sesudas sesiones de análisis por parte del consejo ciudadano y del consejo consultivo, “donde se pusieron sobre la mesa no sólo la sentida necesidad del sector ante los efectos inflacionarios, sino también diversos factores que permitieron ponderar las solicitudes de ‘ajuste, no de incremento’, antes de concluir la administración”.

Aseguró Serrano que “expertos” en el tema participaron en las reuniones, se presentaron encuestas de percepción respecto a las “mejoras” registradas por quienes conducen los diversos servicios, particularmente los tiempos de espera en las rutas de urbanos y la disposición de taxistas para elevar la calidad y competitividad del servicio.

En función de lo anterior el alza será de 10% en los urbanos, del 12% el banderazo de taxis y de 50 centavos en el suburbano de Jesús María al pasar de 9.50 a 10 pesos.

Como se estila en estos casos, para darle soporte a la decisión adoptada se recurre al viejo truco de presentar una retahíla de argumentos: “De acuerdo con el inciso III del artículo 144 de la Ley de Movilidad del Estado, la determinación de la Comisión de Movilidad por medio de la cual se fija la cuantía de las tarifas, se publicará a más tardar el último día de marzo de cada año en el Periódico Oficial del Estado” y como hace buen rato que marzo quedó atrás entonces se invoca el artículo 146 de la misma ley: “El gobernador del Estado podrá modificar en cualquier momento las tarifas del transporte público cuando exista una causa de interés general, una emergencia natural o cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

De lo mencionado en las últimas líneas, que se sepa no existe en estos momentos “una causa de interés general”, tampoco una emergencia natural y menos que los habitantes estén en riesgo, peligro o conflicto.

En el boletín que se expidió para darle soporte a la decisión no se alude al daño económico que causará en miles de personas que por necesidad tienen que utilizar el transporte urbano, principalmente los empleados del sector comercio que a partir de mañana deberán pagar seis pesos más por los cuatro viajes que hacen y que lógicamente repercute en su ingreso, en tanto quienes viajan en taxi también enfrentarán este problema sólo que aquí es decisión personal utilizarlo.

Como ha sido común en este tipo de asuntos, se privilegia el interés de los prestadores del servicio por encima de las necesidades colectivas, por lo que al pueblo no le queda de otra que aceptar lo que el supremo gobierno ha decidido.

VIGENTE LA ALERTA

Miles de aguascalentenses han decidido olvidar la pandemia y llevar una vida normal, por lo que han dejado atrás las medidas sanitarias que estuvieron vigentes por casi dos años, sin embargo es un grave error suponer que esto ya es historia al considerarse que podría haber una nueva ola del COVID-19.

El llamado a no descuidarse lo hizo Miguel Ángel Piza Jiménez, director general del Instituto de los Servicios de Salud del Estado (ISSEA), al considerar que podría presentarse una nueva ola entre octubre y noviembre y que continúe hasta la primavera.

Dijo que aún no se ha terminado el problema, por lo tanto existe la posibilidad que el virus se recrudezca durante el invierno, “desde luego va a aparecer otra ola, creo que será entre octubre y noviembre, no descartemos que tengamos COVID e influenza al mismo tiempo”, por lo tanto hay que atender el llamado para conservar las medidas de protección personal, al interior de la familia y con todas las personas que se tenga relación. Es un problema que “llegó para quedarse”, sostuvo, y como enfermedad estacional aparecerá cada cierto tiempo.

Piza Jiménez resaltó que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reiterado en diversos foros que sería un gravísimo error pensar que la pandemia ha terminado y aunque las medidas de salud pública y el desarrollo y despliegue extraordinariamente rápido de vacunas ha estado presente, lo que ha permitido que en muchas partes del mundo están controlando la pandemia, esto no significa que está dicha la última palabra, por el contrario es indispensable conservar las acciones para evitar que vuelva a propagarse y no olvidar que entre 2020 y 2021 se registraron más de 446 millones de casos en todo el mundo, más de seis millones de muertes confirmadas e innumerables más lidiando con el empeoramiento de salud mental.

Reiteró que el virus del ARN como el coronavirus tienen a las mutaciones en su proceso de reaplicación y estos cambios provocan que el virus se vuelva más infeccioso dando lugar a las variantes que han aparecido en varias partes del mundo.

El titular del ISSEA sostuvo que mientras la gente siga moviéndose, teniendo contacto con otras personas, no use cubrebocas y no respete las medidas preventivas, el virus va a seguir transmitiéndose y replicándose, lo que podría provocar que surjan nuevas variantes mucho más peligrosas, por lo que es obligado que todos contribuyamos a combatir este mal. Se debe estar consciente que nadie está ajeno a ser contagiado, aún aquellos que estén vacunados, por lo que el cuidado tiene que seguir igual que en los años previos.

LUCHA SUBTERRÁNEA

Mientras que el titular del Poder Ejecutivo del Estado mantiene la tesis que el programa de mejoramiento vial que llevó a cabo su administración ha venido a mejorar las condiciones en las vías de mayor afluencia, principalmente del segundo anillo, desde el Municipio siguen los dardos en contra de esta medida. Cada vez que tiene oportunidad de señalar las “deficiencias” que asegura existen en este lugar, el responsable de la Policía Preventiva y Tránsito, Arturo Martínez Morales, sostiene que es un lugar “peligroso” para automovilistas y peatones, los primeros porque les entra el gusto de pisarle el acelerador y los segundos que no encuentran espacios para cruzar la avenida. Afirma que el segundo anillo concentra el 62.5% de los accidentes viales, por lo que 5 de cada 8 que tienen lugar en este espacio. Es posible que así sea, pero habría que analizar si se debe al trazado o a otros factores, porque choques, volcaduras y atropellos suceden aún en colonias periféricas, por lo tanto se requiere de un análisis técnico y no que se haga a ojo de buen cubero. Debe recordarse que desde el inicio, cuando no se sabía cómo iba a quedar la nueva configuración, fue criticado el programa que buscaba una vía de desplazamiento más rápida y que hoy se tiene, pero que para la autoridad municipal no terminaba por convencerla.