El vicepresidente nacional de la región centro de la CONACCA, Luis Miguel Rentería Arias, informó que un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano cada año, aproximadamente 1,300 millones de toneladas, se pierden o desperdician.
Ante la urgencia del cambio climático, los conflictos en el mundo y la pandemia del COVID-19, dijo que se está presionando aún más a los gobiernos para que desarrollen políticas públicas destinadas a mejorar la gobernanza alimentaria.
Luego de participar en una reunión internacional sobre los sistemas alimentarios, el vicepresidente nacional de la región centro de la Confederación de Centrales de Abasto aseveró que las pérdidas de alimentos durante la cosecha y el almacenamiento se traducen en pérdidas de ingresos para los pequeños agricultores y en precios más altos para los consumidores pobres.
Además, en los países en vías de desarrollo, el 40% de las pérdidas se producen después de la cosecha y durante el procesamiento, mientras que en los países industrializados más del 40% de las pérdidas se producen en la venta al por menor y al consumidor.
La pérdida y el desperdicio de alimentos suponen unas 4,4 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año. Si la pérdida y el desperdicio de alimentos fueran un país, sería el tercer mayor emisor de GEI del mundo, sólo superado por China y los Estados Unidos. Las frutas y hortalizas, así como las raíces y los tubérculos son los alimentos que más se desperdician.
Hoy en día, la seguridad alimentaria se ha convertido en una responsabilidad fundamental que deben respaldar los gobiernos y la comunidad internacional. Proporcionar alimentos directamente a los más vulnerables, reforzar el poder adquisitivo de los consumidores (protecciones sociales, subvenciones para alimentos sanos y sostenibles) y garantizar la asequibilidad.
Garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos: los gobiernos deben establecer normas y reglamentos estrictos de manera proactiva. Los gobiernos deben establecer normas para los alimentos saludables, incentivar las opciones saludables y sostenibles a través de la política fiscal y restringir la comercialización de alimentos poco saludables.
Los gobiernos deben promover la accesibilidad y la sostenibilidad en los sistemas alimentarios, los gobiernos deben garantizar la trazabilidad y la transparencia a lo largo de la cadena de valor, apoyar el desarrollo de sistemas alimentarios locales y la agroecología, e invertir en infraestructuras para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Los gobiernos deben tomar acciones clave necesarias para dar forma al futuro de la información al consumidor estableciendo normas claras para el etiquetado de los alimentos, promover directrices nacionales para dietas saludables y sostenibles, así como emprender acciones legales contra marketing engañoso.