El compromiso de quienes son parte del Poder Judicial del Estado es con la justicia, con la sociedad de Aguascalientes, “nuestra arena no es la política, sino la jurídica”, expresó la magistrada presidenta de esta institución, Gabriela Espinosa Castorena, tras resaltar que la permanencia o no de quienes son parte de ésta “no se mide con la vara política, sino con apego a la ley”.

Aseveró que acepta y respeta la determinación tomada por el Poder Legislativo al negarle la reelección en el cargo de magistrada, y si bien su solicitud está respaldada en la Constitución local y en la Carta Magna que es la ley suprema de la Unión, que ampara y protege garantías y derechos fundamentales de todos los ciudadanos, está preparada para retirarse del cargo en cuanto se venza su periodo de magistrada.

Sin embargo, comentó que no ha decidido si impugnará la decisión tomada por la mayoría de los diputados, pues es algo que sigue analizando, y aclaró que si bien buscó la posibilidad de que le renovaran la licencia como magistrada, era con la finalidad de concluir el periodo de cuatro años como presidenta del STJE, tiempo para el que fue elegida y que le restaría poco más de un año.

En rueda de prensa, Espinosa Castorena parafraseó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, “a la justicia no la construyen los aplausos ni la minan los insultos”.

“Hoy más que nunca, la sociedad de Aguascalientes requiere y exige la respuesta y el compromiso de sus autoridades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto el estado de Derecho al que todos, gobernantes y gobernados, estamos obligados a respetar. La distorsión del sentido de la ley, no es ni será tierra fértil sobre la que se pueda edificar acción alguna de Gobierno”.

Dejó en claro que quienes son parte del Poder Judicial del Estado, no son ajenos a la evaluación, por el contrario, es parte de la carrera judicial y es el mecanismo por el cual han accedido a cada cargo que han ocupado en su trayectoria de servicio público, pero subrayó, debería ser una evaluación objetiva, a la luz de la legalidad, siempre teniendo en mente el fortalecer a la institución, nunca con el propósito de mantenerla cautiva.