Salvador Rodríguez López

En tiempos de escasez económica lo natural es apretarse el cinturón y utilizar lo que se dispone para lo más indispensable, al menos esa es la lógica que se debe seguir en lo personal, familiar y a nivel colectivo, entendiéndose esto último como lo gubernamental, pero en la práctica hay niveles, porque mientras en una familia las circunstancias obligan a hacerlo, en el sector público no se conoce la estrechez.

De entrada los gobiernos federal y estatal anuncian para 2021 una reducción drástica en el presupuesto, por lo que, afirman, se hará sólo los programas prioritarios, esto es, lo que más interesa a cada administración, por lo que obras y servicios que estaban comprometidos quedan para otra ocasión.

A nivel local, el Instituto Estatal Electoral (IEE) pide 220 millones de pesos para aplicar el año próximo y que destinará al gasto corriente del organismo, la organización del proceso electoral que tendrá lugar, el financiamiento a los partidos políticos y candidaturas independientes.

En tiempos normales es natural que el IEE tramite una cantidad importante para el ejercicio del siguiente ciclo, pero hacerlo ahora, en que el gasto estatal sufrirá una merma de 5,000 millones de pesos, es actuar con frialdad, anteponiendo los intereses del Instituto y de quienes dependen de sus decisiones, a las necesidades sociales, que deberían estar por encima de las cuestiones político-electorales.

De los 212 millones que requiere, 136 millones 795,901.77 pesos serán para el pago de salarios del personal del IEE; 12 millones 735,978.75 pesos en materiales y suministros; 45 millones 876,614.69 pesos en servicios generales; 89 millones 481 mil pesos en transferencias, asignaciones y subsidios, y 314 mil 780 pesos en bienes muebles e inmuebles.

Para el financiamiento público estatal de partidos políticos y candidaturas independientes el IEE solicita 75 millones 937,421.93 pesos, cantidad que se distribuirá de la siguiente manera: sostenimiento de partidos políticos durante el año 2021; 56 millones 333,399.07 pesos; gastos de campaña para diputados y ayuntamientos, 16 millones 900,019.72 pesos; gastos de campaña para los dos partidos que no obtuvieron 3% de votos en la última elección 676,000.78 pesos; actividades específicas de partidos políticos 1 millón 690,001.97 pesos, y gastos de campaña para candidatos independientes 338,000.39 pesos.

De todos los rubros que se enumeran llama la atención que se destine más de 600,000 pesos a dos partidos que no consiguieron el 3% de la votación total en la pasada elección, que si no lo lograron fue porque los ciudadanos no quieren saber nada de ellos, además la ley electoral es muy clara, el citar que quien no registra ese mínimo queda automáticamente fuera, pero la autoridad competente la interpreta de manera diferente y les transmite un poco de oxígeno para que sigan presentes.

Mientras que pequeños empresarios claman por apoyos para sacar a flote sus negocios, a los partidos políticos se les entrega sumas millonarias con el único compromiso de prometer un mejor mañana a los ciudadanos, que naturalmente nunca llega, por consiguiente seguirá dilapidándose los impuestos que pagan quienes sí son productivos, pero esta es la democracia que tanto se pregona y que sólo conocen quienes viven de ella.

DEMASIADAS MANOS

La pandemia ha sido un costal de problemas, para unos trágico por la infestación y muertes que ha provocado y en otros por los abusos que cometen en su nombre toda clase de funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, al aplicar multas y clausuras de negocios que en muchos casos significa el cierre definitivo.

Ante el despapaye que se traen a nivel federal, a cualquier hijo de vecino se le dio el nombramiento de “autoridá” en pueblos y ciudades y con el derecho de imponer lo que a su leal entender es la ley, sin escuchar explicaciones ni disculpas. Se ordena la inactividad por tiempo indefinido, con el pretexto que sólo así se puede frenar la propagación del virus, y a los que les permiten abrir son condicionados a admitir sólo el 30% de clientes, con lo que difícilmente podrán recabar lo indispensable para seguir trabajando.

Al mismo tiempo que los engendrados del octavo se dedican a cerrar toda clase de actividades comerciales y de servicios, con el argumento que no se respeta la sana distancia o que alguien no traía cubrebocas, la Dirección de Mercados del municipio capitalino entregó en agosto 30 apercibimientos en tianguis y mercados por no utilizar cubrebocas y por otras razones, como pleitos entre comerciantes que significan una sanción hasta de cuatro mil pesos. El titular de dicha oficina, Israel Díaz, dijo que se mantiene una vigilancia permanente en esos lugares y se aplicarán sanciones económicas a los reincidentes, multas que sin duda servirán en gran medida para seguir engordando el cochinito del 22. Aunque Díaz reconoce que esta labor le corresponde a salud pública, los verificadores de mercados han entrado en apoyo para exigir las medidas que se han impuesto.

Por su parte los policías viales y preventivos también aperciben a los taxistas que no portan la mascarilla y tampoco alguno de los pasajeros, además los ahijados del octavo los traen en jaque, por lo que aún aquellos que son asmáticos son obligados a llevar la tapa.

En los municipios sucede algo similar, es el caso de Pabellón de Arteaga, donde el alcalde Cuauhtémoc Escobedo dijo que a quien se sorprende sin cubrebocas se le obliga a pagar la sanción con trabajo comunitario o en especie, aunque reconoció que si se ordena la aprehensión de los infractores “no habría barandilla suficiente”.

El titular del ayuntamiento de Jesús María, José Antonio Arámbula, señaló que seguirán cerrados antros, bares y cantinas que funcionan en lugares pequeños y sólo se permite trabajar a los establecimientos que cuenten con ventilación adecuada, terrazas o áreas al aire libre. En tales condiciones, los que menos tienen son los más perjudicados, ya que según el leal entender del edil al ser sitios chicos pueden generar más contagios, lo que es un decir porque la infección se puede registrar aún en los lugares mejor aireados, aunque estos cuentan con el potencial económico como para que se los cataloguen libres del coronavirus.

Lo que no mencionan los titulares de los municipios ni el gobierno del estado es si el tiempo que obligan a tener cerrados los negocios les será rebajado de los impuestos y derechos, o seguirán aplicando la política de los encomenderos, más conocida como la ley del azadón y que algunos califican como la Ley de Herodes.

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NO LOS PELAN

Por más que se desgañitan para que los notarios les respondan, varios abogados se han quedado con las ganas de guerrear. En el escrito que publicaron  el pasado 21 de agosto, en que denuncian ineptitud y corrupción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, le dedican un párrafo a los fedatarios: “Nos dolemos del silencio cruel de los sesenta y cuatro notarios públicos del Estado, que solapa estas omisiones graves”, acusación que esperaban una respuesta, pero no la hubo por la sencilla razón que en su oportunidad los mismos notarios denunciaron las fallas que presenta esa dependencia y que, ciertamente, afecta el desempeño de su actividad, como también la de los abogados. La cuestión radica en que no es con controversias entre los colegios de profesionistas como se va a lograr que las autoridades estatales pongan remedio a la situación que ya hace crisis, sino con la unidad entre todos los perjudicados para proceder penalmente en contra de quienes por desatención, negligencia, haraganería u omisión han permitido que esa oficina exhiba fallas que afecta operativa y económicamente a quienes dependen de la atención que debe dar el Registro Público de la Propiedad. Los mismos juristas acusan que los actuarios del Poder Judicial del Estado no aplican la ley, al negarse a ejecutar sobre bienes determinados alegando que se perjudicaría a terceros, en este caso a escolares cuando se trata de recoger la televisión, imputación que tampoco ha recibido contestación.