En condiciones sumamente difíciles trabajan los pequeños ganaderos, que ante la falta de apoyos y programas que fueron cancelados desde el principio de la actual administración federal, están en peligro de desaparecer. Son pequeños productores de 10 o 15 hectáreas y con menos de 20 vacas.

Como si esta situación no fuera suficiente, enfrentan condiciones embarazosas que impone el gobierno de Estados Unidos al sector pecuario de México, lo que tiene profundamente preocupados a los miembros de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA), dijo su presidente Juan Pablo Franco Díaz.

Es un ambiente complicado el que viven, principalmente de 2019 a la fecha, porque por primera vez el precio del grano para alimento del ganado está por encima de la capacidad de los ganaderos, arriba de los seis pesos el kilogramo, cuando en meses complicados el costo más alto llegó a ser de cuatro pesos.

Otro factor que incide es la escasez de maíz, que ante la temporada de intenso frío Estados Unidos no produjo para exportar y en este sentido México es deficitario, por lo que la inclinación es que se encarezca el grano, sumado a que siguen cerrando las fronteras, por lo que donde se le vea hay serias dificultados para la estabilidad y desarrollo del sector pecuario.

Ha sido lamentable, apuntó Franco Díaz, que la cancelación de apoyos y subsidios federales no se registrara de manera escalonada, sino que fue de forma tajante, lo que tomó desprevenido a los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad que no estaban preparados y sufren los efectos de la ausencia de programas como el Procampo, el Progran y el subsidio al diesel.

Cuando arrancó el actual gobierno de la República, se habló insistentemente que habría apoyos para los más desprotegidos y que se les iba a beneficiar a través de varias acciones, pero hoy “son los que más sufren”, sostuvo.

El despoblamiento de las pequeñas estancias ganaderas es un hecho, la gente lucha demasiado por seguir en esta actividad que en la mayoría de los casos obtuvieron por herencia familiar, pero no se les puede pedir más sacrificios por lo que empiezan a vender el ganado y el resto de su patrimonio para irse a la ciudad a la búsqueda de otras oportunidades.

Para el gobierno de México la ganadería ocupa un lugar insignificante, pese a que por largo tiempo ha sido pilar de la economía del campo, por lo que presenta una merma en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). Además del desdén de la administración central, enfrenta una fuerte competencia de productos importados que se distribuyen de manera general en las grandes tiendas departamentales.

Las tierras ganaderas se ven cada vez más cercadas por intereses ajenos, principalmente por el urbanismo que crece aceleradamente y donde tienen mucho que ver las empresas constructoras, que buscan el cambio de uso de suelo para crear complejos habitacionales.

Desde la historia independiente la ganadería ocupó en México un lugar preponderantemente en el crecimiento económico, principalmente la vacuna, pero al paso de los años la ocupación de las tierras para la agricultura, la minería, aserraderos, industrias, centros urbanos, etc., ha reducido drásticamente el número de hectáreas que se dedican a esa labor.

ES APENAS EL INICIO

Las conjeturas de los expertos, de que habría litigios si se materializaba la contrarreforma eléctrica, ya es un hecho con el amparo que concedió un juez que frena la aprobación de las cámaras de Senadores y Diputados, por lo que esta lucha es el comienzo de un largo recorrido jurídico que puede involucrar a tribunales internacionales.

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza, ha sido muy claro desde que el presidente de la República envió su iniciativa al Congreso de la Unión y que se aceptó con carácter de preferente, esto es, leer su contenido y dictaminarlo a la mayor brevedad, lo que se hizo sin modificación alguna.

Consideró que hacerlo “vendría una cascada de juicios no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional, donde las empresas que se vean afectadas acudirían a las Cortes Internacionales, lo cual le va a costar al pueblo de México”.

Acentuó que la administración federal “está violando los derechos de la Constitución, al echar para abajo todo, por lo que el país está quedando mal ante el mundo con poca certeza jurídica, aparte de no cumplir con los Acuerdos de París en energías verdes”.

El gobierno hace un lado algo trascendental como es la extrema dependencia económica que tiene México con Estados Unidos, por lo que en un momento determinado este país puede actuar con la energía eléctrica y otras áreas, tal como lo hiciera con el gas, de cerrar la llave, o de aplicar otras medidas para cobrarse lo que le hagan a sus empresas asentadas en suelo mexicano.

Aunque ha insistido que no habrá daño alguno con la recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica, el gobierno sólo tiene como opción recurrir a sus plantas, que son anticuadas al ser varias de ellas de la época del presidente Adolfo López Mateos, que gobernó esta nación hace 52 años, o ceder y hacerlo con las llamadas “energías limpias”, que tiene un costo muy inferior a las que utiliza la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es factible que el consumo doméstico no se vea muy afectado si el gobierno recurre a más subsidios, aunque éstos los paga todo el pueblo, pero quienes lo resentirán directamente son las empresas de alto consumo, que van a pagar más caro el servicio, que luego reflejarán al elevar los precios de sus productos, por lo que de todos modos la sociedad será la que vendrá pagando.

Otro elemento que intranquiliza es el posible alejamiento de la inversión extranjera, que al ver que no hay garantías de respeto a la ley preferiría irse a los países donde sí puedan operar sin problemas, lo que dañará enormemente ya que además de que no habrá nuevos negocios se retraerá el empleo, que constituye una de las principales demandas.

Llamas Esparza reiteró que México pregona que tiene una economía de bienestar, pero para que sea una realidad requiere que se pague menos por los servicios y no como se pretende desde Palacio Nacional, de eliminar la competencia, que en el caso eléctrico son cientos de millones de pesos los invertidos en energías verdes y que ahora se encuentran en una posición incierta y con la pérdida de gran número de empleos, además de que se priva al pueblo de tener fuentes de energía renovables y que pueden regenerarse por medios naturales, que no contaminan y cuyo uso no implica un impacto al medio ambiente ni al cambio climático.

PROMESAS EN PUERTA

Están por iniciar las campañas políticas y como sucede cada tres y seis años, aspirantes y partidos preparan sus mejores ofertas, que en su mayoría no pasan de ser sueños guajiros o simples deseos de que ocurra. Un partido conservador y muy cercano a Palacio Nacional ya promueve que los estudiantes no paguen el transporte, otro sacó de su destartalado baúl la demanda que se prohíban las peleas de gallos y las corridas de toros por considerar inhumano el trato que reciben los animales, pero no dicen nada del boxeo, la lucha libre y varios deportes extremos. Uno más pide el inmediato regreso a las aulas aduciendo el daño que reciben niños y jóvenes con tenerlos en casa, sin embargo no mencionan si se responsabiliza del contagio que pudiera haber con el coronavirus, tal como lo consideran científicos de varias partes del mundo quienes se oponen a que se reanuden las clases presenciales. Hay quien exige una reducción en el IVA, pero no dice cómo podría el gobierno suplir ese recurso y claro está, se encuentra ya sobre el tapete la infaltable demanda que se vaya la concesionaria de aguas. De cuentos y ofertas está pavimentado el camino al infierno político y esto sucede porque no hay un seguimiento de lo que se propone, de ahí que todo se reduce a ocurrencias, ya que no hay un estudio serio de cada propuesta, de cómo podría llevarse a cabo y cuál sería el resultado que su leal entender tendría, aunque en abono a lo que propalan está que es todo lo que da sus neuronas.