Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El panel de expertos que analizó el caso de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, le dio la razón a México debido a que la denegación de derechos sindicales sólo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del T-MEC y sujetos a la Reforma Laboral del 2019.
«Este fallo es de suma relevancia, ya que sienta un precedente sobre la no retroactividad de los tratados comerciales», dijeron en un comunicado las Secretarías de Economía y Trabajo, al recordar que es un conflicto que se remonta a antes de la entrada en vigor del T-MEC en 2020.
Además, puntualizaron que dicha resolución refuerza la postura de que el conflicto deben resolverlo las autoridades mexicanas, sin intervención de Washington.
La queja en contra de la mina de Grupo México se debe a un conflicto de 16 años; por ello, y parte de los argumentos en favor de México es que las irregularidades fueron o están en vías de ser corregidas por las autoridades nacionales.
Los tres miembros del primer panel arbitral del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) determinaron que no tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la denegación de derechos sindicales en dicha mina.
«México sienta un precedente para un uso razonable del MLRR ya que se ponen límites a su aplicación, en su ámbito de competencia y disuadiendo que en el futuro se pretenda utilizar para injerencias indebidas», señaló la Secretaría de Economía.
En la audiencia oral sobre el caso, el Gobierno mexicano acusó al estadounidense de querer utilizar el MLRR del Tratado para restringir el comercio.
El Sindicato Minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, interpuso la queja laboral porque la empresa no reconoció una huelga estallada desde 2007 y negoció con otro grupo de trabajadores no autorizado por el sindicato.