Integrantes de la Red Nacional de Mujeres defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana hacen un atento llamado a presidentes municipales y alcaldesas que habrán de rendir protesta, a cumplir y hacer real el principio constitucional de tener mitad de mujeres y de hombres en sus gabinetes.

En conferencia de prensa, Norma Zamora Rodríguez, presidenta de la Red Nacional en Aguascalientes, comentó que serán vigilantes de que en el Estado se cumpla con esta ley, confiadas en que las y los presidentes municipales que rendirán protesta están comprometidos con garantizar la paridad en sus gabinetes.

Se recordó que en la pasada legislatura local se hizo una Reforma Constitucional avalada por unanimidad que garantiza y exige que hoy en el Estado todos los ayuntamientos que están por tomar posesión deberán garantizar gabinetes paritarios, por lo que cada uno de los espacios que nombra el alcalde o la alcaldesa deberán estar encabezados en la mitad de estas posiciones de primer nivel por mujeres y lo mismo deberá cumplirse en el Poder Judicial y en todos los Organismos Autónomos. “No hay vuelta de hoja, es un mandato constitucional el integrar el 50% de mujeres en los gabinetes. Aguascalientes tiene una posibilidad enorme en todos los municipios para todas las carteras de mujeres preparadas, formadas, con experiencia en el servicio público que habrán de hacer el mejor de los trabajos”.

Se destacó que en caso de que algún alcalde incumpla con este mandato, cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad, además de que ya está en la agenda de la actual legislatura local una Reforma a la Ley Municipal y a la Ley de Servidores Públicos para garantizar que también el secretario del Ayuntamiento, el secretario de Seguridad Pública y el contralor que no los nombra el alcalde sino el Cabildo, no rompan con la paridad.

Por su parte, Mabel Haro Peralta, presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, dio a conocer que trabajan para que la iniciativa 3 de 3 sea una realidad en el estado y en el país, a través de la cual se busca poner un freno a la violencia política de género y evitar que candidatos con antecedentes de violencia lleguen al poder.