Resulta ilógico que quienes impulsan el Estado de Derecho, hagan lo contrario al emitir una opinión respecto al ejercicio de una magistrada que busca la reelección en el cargo; y observar que el Congreso del Estado ha actuado fuera de la legalidad al pedir opinión de terceros, así sean abogados colegiados, para analizar su voto y más aún, que los litigantes se salten lo que marca la Constitución local y federal.

Así lo manifestó el catedrático del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Claudio Granados Macías, al participar en una mesa de diálogo en torno a la situación en que se encuentra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que tiene acéfala una magistratura y ahora, está sujeto a revisión el trabajo de la magistrada Edna Lladó Lárraga, que pretende ser reelecta como se lo faculta la ley.

Tras dejar en claro que quien tiene la facultad para aprobar o no el trabajo de los magistrados y jueces, son los integrantes del Consejo de la Judicatura, en el que tienen representación los poderes Ejecutivo y el Legislativo, en este caso son dos representantes nombrados por los diputados, quienes han avalado la posibilidad de reelección, lo cual deberá ser acreditado o no por los diputados locales.

En el panel que se llevó a cabo en las instalaciones de El Heraldo, el representante del Consejo de la Judicatura local, Aristóteles Agustín González Velázquez, expresó que se pediría a los representantes populares que haya un voto de confianza a esta instancia, en la que tienen participación no sólo integrantes del Poder Judicial, sino también de los poderes Ejecutivo y dos del Legislativo, que para el caso de la reelección de magistrados, han votado por unanimidad.

Refirió que sobre la magistrada Gabriela Espinosa y Juan Manuel Ponce, el primero de los casos está en espera de la resolución de un juez, el de Ponce ya está aprobado sin mayor problema por los integrantes del Congreso y el de la magistrada Lladó, sólo está pendiente la aprobación o no del Congreso, “pero nosotros ya dimos el aval”.

Resaltó que el Consejo de la Judicatura es un órgano integrado por consejeros que se encargan de administrar y de la buena vigilancia, capacitación y disciplina en el Poder Judicial, incluidos jueces y magistrados; “actuamos con intereses éticos de eficiencia, eficacia y honestidad; que nos den el voto de confianza en las decisiones que se toman, para una pronta y efectiva impartición de justicia”.

Granados Macías por su parte, subrayó que el que haya un buen funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como cabeza del Poder Judicial, permitirá que se cumpla con el Estado de Derecho, dado que el cumplimiento de la ley es fundamental para que Aguascalientes tenga crecimiento y desarrollo económico, pues “nadie invierte en un estado si el debido proceso no está garantizado; es central la función judicial, además que es equilibrio con respecto a otras atribuciones del Gobierno”.