Frivolidad

Salvador Rodríguez López

La contrarreforma educativa que tiene en marcha el gobierno federal puede provocar “un desajuste de enorme magnitud” en el sistema de educación pública superior, estimó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González.
Lo anterior en función que no ha dado a conocer los detalles y tampoco se sabe las implicaciones que tendrá, lo que puede llevar a una operatividad equivocada y que los recursos no sean suficientes para atender las exigencias de una de las áreas más sensibles e importantes para el país.
En respuesta a los compromisos que asumió como candidato a la Presidencia de la República, el hoy titular del Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, de eliminar la reforma educativa que estableció su antecesor Enrique Peña Nieto, presentó el nuevo orden para este sector, que no convence a varios sectores de la sociedad debido a que elimina organismos trascendentes como el instituto de evaluación educativa y suprime la obligatoriedad que los docentes sean considerados idóneos para estar frente a un grupo.
González Avelar subrayó el pasado 13 de diciembre, que luego de que se superó el error de técnica legislativa que provocó suspenso en la garantía constitucional de la autonomía para las universidades, los rectores de todo el país analizan el texto de la propuesta en materia educativa y llama la atención la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), porque no es posible la mejora si no hay una evaluación objetiva, pertinente e independiente, y que además no exista consecuencias para quien no apruebe los exámenes de actualización.
Sostuvo que las universidades públicas del país son propensas a la evaluación, lo que se cumple con organismos externos nacionales e internacionales por lo que existe certeza en los resultados al ser totalmente autónomos y neutrales.
Más allá de lo que acuerde la administración federal, el rector de la UAA afirmó que aún cuando es un tema laboral lo que ha estado en el centro del debate, sería importante que tuviera algún tipo de efectos, lo mismo que estímulos para la capacitación y la mejora en la calidad del personal.
El pasado mes de noviembre, 300 universidades y centros de investigación educativa dirigieron una carta pública a López Obrador y a su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en la que rechazaron la desaparición del INEE al reflexionar que hacerlo eliminaría información fundamental para el debate público.
Subrayaron que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa “nos ayuda a conocer el estado de la educación y los avances en relación con el cumplimiento del artículo 3º constitucional, así como de los acuerdos internacionales que México ha suscrito en relación con el derecho a la educación”.
Otras voces han señalado que hay riesgos con lo que se hace, entre ellos que mientras el INEE es un ente autónomo, el Centro para la Revaloración del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, que lo sustituirá, dependerá de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no tendrá los recursos suficientes para el desempeño cabal de sus funciones, además de que se corre el peligro de que las plazas docentes vuelvan a asignarse con la intervención de las agrupaciones sindicales.
También existe imprecisión sobre la creación de 100 universidades públicas que recién anunció AMLO, ya que no menciona cuál será el costo global y el de cada una, que van a requerir una inversión cuantiosa en infraestructura, equipamiento y la contratación de la planta de profesores y ante todo que tenga experiencia en la enseñanza superior.
El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar y de precisar si las nuevas condiciones fueron acertadas o habrá que aplicar cambios a la contrarreforma.

MÁS DE LO MISMO
Durante varias décadas fue común la prisión indefinida para un número importante de presuntos infractores, que pasaban años antes de recibir veredicto, el cual muchas veces fue de inocencia, lo que obligó a cambiar las reglas para que sólo con pruebas contundentes fuera posible el encierro, sin embargo no se acata del todo, porque se puede solicitar la “prisión preventiva” por un tiempo determinado que puede ser por meses o años, con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones que permitan al juzgador dar sentido a su fallo.
De esta manera se consideró que disminuiría la población carcelaria, pero en la primera semana de este mes el Senado de la República aprobó por mayoría modificaciones a la Constitución para agrandar la lista de delitos para los que la prisión preventiva se aplica de forma obligatoria.
Entre los delitos previstos que ameritan tal medida están homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada y contra la salud, entre otros, a los que ahora se agregan el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el enriquecimiento ilícito, el uso de programas sociales con fines electorales, por corrupción, el robo de autotransporte de carga, delitos en materia de desaparición forzada y desaparición, portación o uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Lo aprobado por 91 senadores y con el voto en contra de 18 pretende que para todos estos delitos se niegue la posibilidad de llevar el proceso penal en libertar hasta que se dicte sentencia, lo que tiene que ser por ley y sin considerar las circunstancias en que se llevó a cabo.
Será suficiente que alguien sea señalado de un acto ilícito para que se imponga la prisión, que puede ser de meses o años en lo que concluye el juicio, con lo que se echa abajo lo que tanto ruido ha causado desde 2008 con el debido proceso de la presunción de inocencia, sobre todo anula un principio universal que nadie sea castigado hasta que no sea declarado culpable. De no acreditarse el delito saldrá en libertad, sin importar que su reputación quedara hecha añicos y lo único que cabe, si es que tiene posibilidades económicas, es demandar a las autoridades respectivas por daños y perjuicios.
Aunque hay quienes aprueban la medida como una acción correctiva y disuasiva que combate a la impunidad, que además da respuesta a una añeja demanda social de tener en la cárcel a presuntos delincuentes, en los hechos puede ser algo regresivo con la fabricación de culpables, tan en boga en el siglo pasado.
Se ha dicho hasta la saciedad que en las cárceles hay un sinnúmero de inocentes, y que siguen ahí porque no pueden pagar los servicios de un abogado, mientras que en la calle pasean los delincuentes de cuello blanco que incluso reciben un trato preferencial gracias a su poder y su dinero.
Por si lo anterior fuera poco, la mayor parte de los internos en los penales son jóvenes de bajos recursos, empujados por la falta de oportunidades y la pobreza a cometer algún delito menor y que al carecer de asesoría jurídica permanecen encerrados por largo tiempo, en donde son inducidos por verdaderos delincuentes y asesinos a formar parte del “grupo”, por lo que una vez en libertad se convierten en un peligro para la comunidad, por lo que lejos de haber sido redimidos quedan enganchados por las bandas.

MURMULLOS
En el equipo gobernante se encuentra el aguascalentense Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al que próximamente puede unírsele otro paisano de probada eficiencia en el servicio público, aunque iría a la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de varios profesionistas que a nivel local se harán cargo de las oficinas que hasta noviembre fueron delegaciones federales. A excepción del doctor Urzúa Macías, que ha estado al margen de colores partidistas, los demás llevan el sello tricolor y que de julio a la fecha se han enfundado en la camiseta morada.