Es fundamental no acostumbrarse a que la desaparición de personas es algo que sucede en cualquier parte y que mientras no afecte al entorno propio no debe turbar, cuando lo correcto es unir esfuerzos y demandar que todas las quejas sean atendidas hasta lograr su localización.

Aguascalientes ya está dentro de ese círculo nefasto que se registra en gran parte del país, al documentarse en 2019 un promedio de 800 desapariciones, de las cuales una parte sí se les encontró, pero de otras las investigaciones siguen en el cajón de los pendientes.

Las autoridades del ramo han tratado de minimizar el problema, al asegurar que varios de los individuos se fueron por propia voluntad, puesto que sus allegados comentan que no había razón para ausentarse, pero tampoco existe la certeza que así ocurrió, por lo que exigen que se lleven a cabo las indagatorias hasta encontrarlos.

Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, señaló que los expedientes no registran mayor avance, por lo que los familiares llevan a cabo sus propias exploraciones con el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDJ), lo cual ha permitido visibilizar las condiciones que prevalecen en Aguascalientes y mantener la exigencia que se conozca qué fue de esas personas.

Aunque el asunto de personas desaparecidas no es nuevo, puesto que de siempre ha habido quien huya de su hogar por cuestiones familiares o para acompañar a otra, lo mismo que para correr la aventura, pero en las actuales circunstancias no puede haber seguridad de que esto sea así, en función que las bandas de delincuentes las secuestran para utilizarlas en distintos fines, y es, justamente, lo que angustia a los familiares.

Por lo anterior el requerimiento a los investigadores que no le den “carpetazo” y que además informen periódicamente del avance que tengan, además que los denunciantes tengan acceso al expediente para corroborar que sí se está trabajando en el asunto.

“Es necesaria una política donde se tome este tema como de violencia social y no de procesos aislados de que desaparece una persona y decide no regresar a su casa, como antes se creía, sino responder a toda esta política de seguridad que no ha dado los resultados deseados”, apuntó la activista social.

Un punto de la mayor importancia que mencionó Violeta Sabás fue la falta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que este mes debe quedar instalada sin que se conozca qué se ha hecho al respecto, pese a que la ley especifica los tiempos para que esté funcionando, pero ni siquiera se han dado nombres de sus integrantes y dónde va a funcionar.

La cuestión está en que como no se ha abierto la convocatoria para designar al titular y a los miembros del Consejo, por lo que se desconoce cuándo se vaya a cumplir el procedimiento, lo único cierto, apuntó la dirigente, es que “no hay claridad en este término, por lo que seguiremos insistiendo”.

Como colofón, cabe preguntar si algún familiar de un funcionario público estuviera desaparecido ¿Qué habría hecho? ¿Esperar a que algún día lo encontraran o emergiera de la nada?, lo más seguro es que buscara hasta debajo de las piedras hasta dar con él. En estas condiciones, basta con ponerse en la situación de los familiares que siguen esperando que se les localice y puede acelerarse su ubicación con la activación de los responsables de llevar a cabo las pesquisas.

AÚN ES TIEMPO

Por alguna razón las dos últimas administraciones municipales de Jesús María dejaron que se asentaran una o más células del crimen organizado, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento de adictos a toda clase de estupefacientes y el crecimiento del alcoholismo.

Un día sí y otro también se suscitan hechos de sangre, de secuestros (que los “eruditos” califican de “levantones”) y de compra-venta de narcóticos, principalmente marihuana y cristal, lo que es combatido con detenciones esporádicas.

Se han dado casos de niños de 10 a 12 años que consumen cristal y de jóvenes y adultos que también son adictos a esa y otras drogas que son igual de dañinas, lo que trae aparejada la violencia, ya que sin que se tenga detectadas cuántas células de la delincuencia están inmiscuidas el hecho de que ocurran enfrentamientos y que concluyan con asesinatos significa que hay una lucha feroz por la plaza.

Lo que se hace para que descrezca la situación es trabajar desde la sociedad civil, en donde participa el Centro de Ayuda Familiar de la Asociación Bienestar e Integración Familiar (Bifam), que lleva 10 años, lapso en que se han atendido a 587 niños de 265 familias con un impacto cercano a 1,500 personas. Hasta el pasado mes de diciembre sirvieron 237 mil raciones de comida, y el año anterior lograron ingresar a 17 jóvenes de bachillerato.

La coordinadora del Bifam, Claudia Mayordomo Fernández, subrayó que es una agrupación de ayuda familiar y también un comedor infantil, “atendemos a niños escolarizados que viven con su familia y vienen con nosotros a recibir la comida del mediodía, además reciben actividades de desarrollo humano integral, donde buscamos restituir su derecho a un desarrollo integral sano”.

Añadió que en el tiempo han encontrado datos alarmantes en lo que se refiere al consumo de drogas, al haber una disminución drástica en la edad de inicio, que actualmente es de 10 años, además de que parte del tejido social está severamente dañado, por lo que a través del Bifam se han propuesto revertir la situación con acciones que contribuyan a que los menores encuentran una motivación en el estudio y dentro de su núcleo familiar, con lo que pueda eliminar este tipo de problemas.

Como parte de la atención que reciben, a los niños y adolescentes se les motiva para que sigan en la escuela y puedan terminar la secundaria, el bachillerato e ingresen a una licenciatura, además que practiquen algún deporte o dediquen parte de su tiempo en el aprendizaje cultural.

A su vez, visiblemente interesada en el futuro de niños y niñas, Claudia Mayordomo resaltó que “hemos notado que los chicos, mientras están estudiando tienen algo que hacer y los motiva a mantenerse limpios y trabajando, pero cuando dejan los estudios se exponen muchísimo más a las condiciones de la comunidad, como el pandillerismo, drogadicción y la violencia en las calles y en las familias”, por lo que siguen muy de cerca lo que hacen para ver en qué se les puede apoyar.

¿PARA QUÉ?

Esa es la cuestión, con bombo y platillo se anuncia que se plantarán 11 mil 800 árboles, como parte de la campaña de reforestación que lleva a cabo la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), pero en cuanto estén a una altura más o menos aceptable se realiza una poda que llega hasta sus raíces. Mientras no exista una ley que obligue a respetar las especies arbóreas y áreas de arbustos sale sobrando estas campañas. Basta que algún vivillo vea una ganancia en la construcción de un puente vehicular o de algún centro comercial, un hotel o cualquier otro tipo de finca, para que el supremo gobierno autorice la destrucción de toda clase de vegetación que estorbe al negocio en ciernes, situación que afecta al clima y por ende a toda la población, pero eso son pecadillos sin importancia para el buscavidas.

AMAGO RENOVADO

Se dice que tanto va el cántaro al pozo hasta que se hace pedazos, pues bien, no le sorprenda que en algún momento se materialice el propósito del gobierno de cobrar los servicios de salud a los habitantes de municipios que pertenecen a estados vecinos. Esto se planteó hace tres sexenios y con el mismo razonamiento del gasto que se hace en la atención. De llevarse a cabo o negarse esa medida, por el simple hecho de que radican fuera de los límites locales, sería una mezquindad, porque su cercanía con Aguascalientes es tal que son parte de la vida local y no sólo en el renglón de salud, sino en materia económica, laboral, educativa, cultural, deportiva y recreativa, por lo que para ellos es impensable que se les restrinja o se cree una especie de muro.