Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(Cierre de calles.- ¿Cuánto cuesta en contaminación, consumo de gasolina, pérdida de tiempo, congestionamiento vial y molestias sin número a la ciudadanía el cierre de algunas calles del centro, por añadidura prohibido por la legislación municipal y la de tránsito? ¿Valdrá la pena?)

Hace unas semanas, con bombo y platillo, como acostumbra, en su “chou” mañanero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la expedición de un “acuerdo” que según sus defensores “blindaba” las obras que ha considerado prioritarias en su gobierno y que serían eje de la “cuatrote”. El “acuerdo” se fue grande y determinó considerar como de seguridad nacional prácticamente todas las obras que decidiera el ejecutivo, autorizando por ese carácter no estar sujetas a la ley de Transparencia, ni a la de adquisiciones, ni pasar por la Contraloría, y, establecía la “afirmativa ficta” para que, si en cinco días las autoridades administrativas no dieran contestación a sus solicitudes de permisos, licencias, autorizaciones, etc., se entendieran aceptadas. El mandato presidencial más tardó en ser anunciado que en convertirse en el blanco de las críticas de abogados y juristas, al margen de orientaciones políticas o partidistas. El “acuerdo”, que por su naturaleza es un decreto administrativo, contraviene tantas disposiciones, reglas y principios legales que ni un abogado de la futura generación de la pandemia se atrevería a suscribir.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional por considerar que el “decretazo” atenta contra el principio de supremacía de la constitución y tocó conocer, por una de esas curiosas coincidencias que a veces pasan en los tribunales, al ministro Juan Luis González Alcántar Carrancá como instructor, quien admitió a trámite la controversia y concedió la suspensión provisional sólo para efectos de que se transparente toda la información de los proyectos, obras, presupuestos y gastos.

El ministro Juan Luis González Alcántar Carrancá, nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949. Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM (con mención honorífica). Cuenta además con Especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, pero también fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, justamente cuando López Obrador era jefe de Gobierno, su cercanía con él es conocida y manifiesta.

La Corte, desde la llegada a la presidencia del ministro Lelo, ha mostrado una complacencia rayana en la abyección a las sugerencias del ejecutivo. Vergonzosamente el ministro Lelo en varias ocasiones ha acudido a reunirse con López Obrador y, lo que es peor, con el asesor jurídico de la Presidencia, sin ningún recato, pasando por alto que, constitucionalmente, los Poderes de la Unión tienen la misma jerarquía y que, en todo caso, la supremacía está en la Corte. El presidente no puede ordenar a la Corte y sí, en cambio, una sentencia puede obligar al presidente de la República.

Merece la pena reflexionar tanto sobre la decisión presidencial como sobre la suspensión que, ojalá, anticipe la posición de la Corte en el fondo del “decretazo”. En Derecho es conocida la llamada “cláusula de clausura” que establece los límites de la actuación de los ciudadanos y de las autoridades. La autoridad está sujeta a la ley pero sólo puede hacer lo que le está expresamente señalado por las normas, el particular también está sujeto a la ley, por supuesto, pero en principio puede realizar cualquier conducta que no le esté jurídicamente prohibida. El presidente con su “decretazo” pretende pasar por encima de las disposiciones legales, aplicando por “seguridad nacional” un régimen de excepción que tiene mucho de dictatorial, empezando por el hecho de que existe una ley que determina que se considera de seguridad nacional y bajo qué circunstancias, ahora sí de excepción, podrían crearse nuevos supuestos.

En la práctica hemos visto, para beneficio del estado de Derecho, que han habido jueces de distrito que se han apretado los machos y han concedido suspensiones y amparos, incluso contra leyes que, aprobadas por el Congreso, contravienen el bloque de constitucionalidad. El decretazo no es inmune a ser combatido en la vía de amparo, pero, al presentarse la controversia constitucional, pudieran plantearse los siguientes escenarios:

1.- Como la teoría y la técnica jurídica establecen, un acuerdo o decreto administrativo no puede estar por encima de la ley, menos aún de la Constitución, y la Corte determina la anticonstitucionalidad del “decretazo”.

2.- El sometimiento de la Corte, ahora con una integración mayoritaria de ministros proclives al presidente, decide que el “decretazo” es constitucional y será una vacuna para los posibles amparos que ya no prosperarían por haberlo considerado válido el máximo tribunal.

3.- Para no contrariar al presidente, la Corte resuelve con una “jalada”, por citar a mi maestro Guillermo Colín Sánchez, tratando de quedar bien con Dios y con el Diablo, dejando subsistentes los puntos que más preocupan al presidente, sus obras prioritarias como asuntos de seguridad nacional.

Será sin duda una piedra de toque para la Suprema Corte de Justicia, que, lamentablemente, hasta ahora no ha mostrado estar a la altura del Derecho, ni de la Justicia, ni de la sensatez.

De la Corte depende frenar el avance de la autocracia.

(Migrantes no son delincuentes.- La ONU ha reiterado que la condición de migrante debe ser tutelada por los países que los reciben considerándolos sujetos vulnerables, titulares de derechos fundamentales. Luego de que los güeros le jalaron las orejas, el presidente dio marcha atrás en su postura inicial. El colmo ha sido que ante la corrupción de las autoridades, su ceguera propició la muerte de 56 migrantes. Como decía aquel personaje de la XEW, el Monje Loco: Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá.)

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