Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió, por tiempo indefinido, la asignación de un contrato del ISSSTE para la renta de 488 ambulancias durante cuatro años, valuado en más de mil 200 millones de pesos, por sospechas de que estaba direccionada para favorecer a una empresa.
El Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE dictó el 28 de octubre la suspensión definitiva de la licitación, luego de haberla frenado provisionalmente el 13 de octubre. Eso quiere decir que el procedimiento estará congelado durante todo el tiempo que le tome a los funcionarios responsables aclarar las dudas del OIC.
«Derivado de las condiciones imperantes en el mercado global por la emergencia de Covid-19, existe la presunción de que el procedimiento se encuentre direccionado, a través de las especificaciones técnicas solicitadas a los vehículos», afirmó el OIC en el pliego de observaciones con el que inició su intervención de oficio para revisar la licitación.
«Y que el posible proveedor del servicio a quien esté direccionado el procedimiento, anticipadamente haya realizado negociaciones para ensamblar vehículos 2021 con conversión a ambulancia», agregó.
Esta negociación anticipada del proveedor preseleccionado tendría el objetivo de cumplir los tiempos de entrega requeridos por el ISSSTE, ante la escasez mundial de vehículos por falta de chips y retrasos en las cadenas de suministro.
Para contratos previos, el ISSSTE había solicitado vehículos de ocho cilindros, con motor mínimo de cinco litros, pero ahora pidió de cuatro o seis cilindros, con motor de dos o 3.5 litros.
La subdirección de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE, a cargo de Rosalinda Mares, es la que debe aclarar las dudas del OIC. Su superior jerárquico es el General de División Jens Pedro Lohmann Iturburu, director normativo de Administración y Finanzas.
El OIC no especificó cuál sería la empresa favorecida, pero sólo tres presentaron ofertas al ISSSTE: Cars & Cars Roma, Forza Arrendadora Automotriz y Rin Automotriz, que podrían impugnar la suspensión definitiva mediante un amparo, pero con pocas posibilidades de lograr reactivar la licitación.
Proveedoras tradicionales de grandes contratos federales, como Lumo Financiera, Casanova Rent e Integra Arrendadora, participaron en el proceso, pero no ofertaron.
Tanto Casanova, que es la actual proveedora, como Integra, pidieron 180 días para entregar los primeros vehículos y hasta 210 días para entregarlos todos en contraste, con los 60 días que requirió el ISSSTE para las primeras 243 unidades, ya que no hay suficientes camionetas en el mercado nacional.
César Matamoros, representante legal que firmó la oferta de Forza Arrendadora, también ha sido representante en múltiples contratos de Jet Van Car Rental, una de las empresas más exitosas del sexenio pasado y hasta enero de 2021, cuando fue inhabilitada un año por la SFP.

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