Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el traspaso de recursos de afores inactivas al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB).
Fue Martín Santos, Juez en Materia Administrativa, quien otorgó la suspensión el pasado 22 de mayo; aunque el Gobierno federal impugnó su fallo, este fue confirmado el lunes pasado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
«Podrían incidir desproporcionadamente en diversos derechos fundamentales, entre los que se encuentra el de propiedad y debido proceso previstos en el artículo 14 primer párrafo Constitucional», afirmó el juez sobre la decisión de la 4T de usar el dinero de las cuentas inactivas de afores para su nuevo fondo de pensiones.
El amparo fue promovido por la galerista y promotora cultural Miriam Kaiser Wachsmann, nacida en 1936, quien laboró para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tiene una cuenta en el PensionIssste.
La reforma legal del pasado 30 de abril, ordena traspasar al FPB los recursos no reclamados en cuentas de afores de mayores de 70 años que ya no trabajan, si cotizaron en el régimen del IMSS, o de 75 años, sin fueron burócratas del régimen del ISSSTE, en plazo de 60 días naturales a partir de que el fondo sea constituido en el Banco de México.
El juez Santos consideró que si bien esta medida tiene el fin constitucionalmente legítimo de reforzar las pensiones de quienes se jubilen bajo el sistema de cuentas individuales, podría no ser necesaria.
«Podría no superar el test de proporcionalidad correspondiente, pues los recursos de los trabajadores de 75 años no son los únicos con los que el Estado podría financiar dicho fondo», explicó.
En su impugnación ante el tribunal colegiado, el Gobierno alegó que la reforma legal no causa agravios por su sola entrada en vigor; los magistrados respondieron que ese no es tema de análisis para la suspensión.
Otros jueces federales que han recibido amparos contra esa reforma los han desechado o han negado las suspensiones, porque los quejosos no acreditan ser mayores de 70 años o porque siguen siendo trabajadores en activo.
Diputados de Oposición presentaron del 28 de mayo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar esta reforma, pero aún no se notifica la admisión a trámite.
El Gobierno espera obtener unos 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas, pero el resto de las fuentes de financiamiento del FPB son de dudosa solidez, pues incluyen fideicomisos judiciales que difícilmente se extinguirán, remanentes y ahorros de dependencias que pueden o no ocurrir, así como ganancias no garantizadas de paraestatales militares que actualmente requieren subsidios.