Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia negó ayer a tres órganos autónomos la posibilidad de mantener salarios por encima del previsto para el Presidente de la República, de 1.7 millones de pesos anuales en 2020.
La ministra Yasmín Esquivel negó la suspensión al Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promovieron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Con la decisión de la Esquivel, el único órgano autónomo que por ahora mantiene el derecho a pagar a sus altos mandos salarios superiores a los del Ejecutivo, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por una suspensión otorgada esta semana por el ministro Alberto Pérez Dayán.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2019 se inconformaron por el tope, hasta ahora no han presentado controversias contra el PEF de 2020, y si lo hacen, también serán turnadas a Esquivel.
Banxico, IFT y Cofece podrán impugnar las resoluciones de Esquivel ante las Salas de la Corte, pero no está claro si tendrán mayoría para revertirlas, debido a cambios en la integración de dichas Salas con respecto a 2019.
“Al haber iniciado un nuevo ejercicio fiscal y existir un presupuesto con un límite del salario del Presidente de la República, la parte actora no puede aducir un derecho para que las remuneraciones de sus integrantes no apliquen ese tope superior, pues ello sería generar un derecho para prorrogar las remuneraciones.
“De concederse la suspensión implicaría un desacato a una prohibición expresa del artículo 127, fracción II, de la Constitución Federal”, agregó la ministra, en referencia a la norma que, por regla general, prohíbe que cualquier funcionario gane más que el Presidente.
Las controversias de los tres órganos fueron turnadas a la ministra porque se trató de nuevas demandas contra el PEF de 2020, mientras que el Inegi tuvo la idea de impugnar el nuevo PEF como una ampliación de la controversia que presentó contra el de 2019, de ahí que su suspensión la resolvió Pérez Dayán.
El año pasado Pérez Dayán únicamente concedió la suspensión a Banxico, por considerar que no está regido por el PEF, pero la negó a los demás órganos autónomos, decisión que luego revocaron las dos Salas de la Corte para permitirles mantener los salarios de 2018.
En la Segunda Sala, Esquivel votó en julio de 2019 en favor de otorgar la suspensión al Inegi, en una sentencia en la que se argumentó que las reducciones salariales exponen a los integrantes de órganos autónomos a presiones de los órganos políticos, como la Cámara de Diputados, que aprueba el PEF.
La ministra, sin embargo, votó en esa ocasión “con salvedades” respecto de los argumentos del fallo.