Los fraudes electorales han quedado atrás, aseguró el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, al sostener que el gran reto hoy en día es abatir los niveles de desconfianza que prevalecen sobre el tema entre la ciudadanía.
En conferencia, refirió que el cúmulo de leyes, normas, acuerdos y reglamentos que rigen la materia electoral, obedecen precisamente a esa asignatura no concluida de dejar también en el pasado la suspicacia de la población en este tema.
Expuso que por ello la relación transparencia-elecciones es un bastión sobre el cual descansa el estado democrático de México.
“Esto debido a que la transparencia fortalece la credibilidad en las instituciones y el marco de derecho, y para las instituciones electorales la búsqueda estriba precisamente en ello, en generar confianza en la ciudadanía y que ésta sea más participativa”.
Ese desafío es el que ha originado un sistema electoral barroco, generado a partir de una trayectoria histórica de fraudes electorales que detonaron la creación de autoridades ciudadanizadas que continúan trabajando en la tarea de generar confianza y dar máxima publicidad a todo cuanto hacen.
“Pero los fraudes han quedado atrás y hoy no queda la menor duda de que cada voto lo emite una sola persona y es debidamente contabilizado por un ciudadano, no por alguna autoridad, de tal manera que las manos oficiales están fuera de ese proceso”, reiteró.
Además, cada uno de los pasos previos y posteriores a la jornada de votación, son vigilados por partidos políticos, así como por esa figura del observador electoral que paulatinamente ha ido creciendo en interés y ejercicio ciudadano.
Landeros Ortiz refirió que localmente, el esfuerzo institucional por tratar de explicarle a la ciudadanía lo que está pasando en cada uno de los pasos de una elección, es tarea de todos los días.
“Hay un interés real del IEE por que la sociedad tenga acceso a toda la información a través de la tecnología, los medios, las instituciones y las actividades, de manera tal que no merme sus derechos político-electorales a tener información suficiente para votar y, en su caso, ser votado”.
Se trata de un compromiso que poco a poco han ido asumiendo los diferentes sujetos obligados, como los partidos políticos que aún están en el proceso de cumplir a cabalidad esa intención y prueba de ello son los que resultaron sancionados por el Instituto de Transparencia del Estado.