Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Académicos, legisladores y políticos de oposición coincidieron ayer en que el modelo de la Guardia Nacional fracasó en su intento por contener la violencia, de modo que ahora militares y marinos asumirán esa labor abiertamente.
En medio del repunte de violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer, a través de un decreto, que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, año en que concluye su sexenio, de manera complementaria a la Guardia Nacional, creada en 2019.
Así, soldados y marinos podrán ejercer las 12 atribuciones previstas en la Ley de la Guardia Nacional, como restablecer el orden en zonas fronterizas y puentes limítrofes –pudiendo detener a migrantes–, y participar en operativos con autoridades locales.
Colectivos como #SeguridadSinGuerra y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidieron en que el decreto de López Obrador normaliza la estrategia implementada durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Para el académico de la UNAM y consultor de seguridad, Carlos Mendoza, el Gobierno federal asumió el tamaño del problema de violencia y la incapacidad de la Guardia Nacional para frenarlo.
“Se cobra conciencia del tamaño del problema y la necesidad de seguirse apoyado en el Ejército”, consideró.
Javier Oliva, profesor-investigador de la UNAM, opinó que el decreto evidencia el colapso de las corporaciones locales y precisa lo que en los hechos ya ocurría: la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad.
“Es una decisión importante y que va en consonancia con la gravedad de lo que estamos viviendo en el País”, apuntó.
El senador panista Damián Zepeda dijo que la decisión refleja el fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado.
“La seguridad del País está fuera de control. Es evidente que el Gobierno no está pudiendo y de plano le está entregando a las Fueras Armadas la seguridad pública”, alertó.