Por muchos años se escuchó la frase “papelito habla”, a manera de promover la legalidad en todos los actos y de paso impulsar a los jóvenes para que estudien, que aspiren a cursar el bachillerato y la licenciatura y luego la maestría y el doctorado. Fue un anhelo largamente acariciado por las autoridades y la sociedad, al considerarse que sólo la preparación académica podía sacar a este país del tercermundismo, pero – una vez más – la realidad pone freno a ese empeño.

Como ha sido la constante en los últimos años, se anuncia que miles de aspirantes no tendrán acceso a las universidades públicas, por lo que se condena a los que no tienen recursos para estar en una institución privada, a que se dediquen a cualquier actividad o de plano quedar en las filas de los que no estudian ni trabajan, conocidos como los “ninis”, que se calcula son más de 8 millones.

En teoría debería haber la oferta suficiente para los egresados de bachillerato, pero en la vida real no hay el financiamiento necesario, con lo que, por una parte se frustra el anhelo de los jóvenes y por otra hay simulación al asegurarse que sí existen los espacios necesarios, sin mencionar el costo que significa hacerlo en las universidades privadas.

Muy lejos queda aquel acuerdo de la Cámara de Diputados, aprobado el 13 de octubre de 2011, de que “El Estado estará obligado a garantizar el acceso a nivel educativo, al pasar la enseñanza obligatoria de 9 a 12 años”.

En la sesión plenaria que tuvo lugar en esa fecha se aprobó el dictamen, previamente avalado por el Senado en diciembre de 2010, para que fuera obligatorio garantizar el ingreso al bachillerato, y los padres y tutores, de enviar a sus hijos a cursar ese nivel educativo en planteles públicos o privados, afirmándose entonces que los cambios constitucionales eran un “hito histórico” en términos educativos y sociales.

Han pasado casi cuatro años de la enmienda legal y el único avance que se tiene es haber trasplantado esa parte de la ley a la reforma educativa del 20 de diciembre de 2012, con lo que se consolidó la exigencia de estudiar el bachillerato, pero sin que se les diga a los egresados que hasta ahí llegaron, porque sólo unos cuantos serán los que podrán aspirar al siguiente paso.

El pasado 30 de marzo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que para el próximo ciclo presentaron examen de ingreso a nivel de licenciatura 138 mil 253 egresados de bachillerato y de ellos sólo se aceptó a 11 mil 490 (8.9%), por lo que quedaron fuera 117 mil 029. De los datos que arrojó este ejercicio se destaca que para las carreras de medicina, psicología y la de enfermería y obstetricia se registraron los alumnos con mayor nivel de conocimientos, ya que hubo quienes únicamente fallaron un acierto de 120 preguntas. Para Medicina solicitaron ingreso 17 mil 450 para 287 lugares disponibles y en Derecho fueron 8 mil 807 aspirantes para 547 lugares.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) enfrenta el mismo dilema, al recibir un pre-registro superior a las 11 mil solicitudes y sólo podrá aceptar 4 mil 660, por lo que más de la mitad se queda fuera, debiendo buscar otras opciones, aunque hacerlo en un organismo particular sólo podrán hacerlo los que tengan capacidad económica.

Evidentemente, México es un país de disonancias, de asignaturas pendientes que mientras se resuelven empujan a miles de rechazados a ser parte de ese mundo de frialdad e impotencia, que les dice que no tienen cabida en un medio de provecho y superación, por lo que su lugar está en ser uno más de los que quieren pero no pueden, de esperanzas sin destino.

Los legisladores federales con sus acuerdos deciden aquello que suponen es lo mejor para la sociedad, convencidos que si se lleva a cabo será una estrellita más en su carrera política y si es lo contrario no habrá quien les reclame, además de que tejen tan bien los dictámenes que el obligado a cumplir lo que ellos aprueban son los otros poderes, los gobiernos estatales y municipales y la sociedad en su conjunto, de manera que si hay omisión o alguna divergencia todos y ninguno son culpables.

Una vez más se cumple la antigua sentencia: “prometer no empobrece”.

MEDIDOR DE COMPROMISOS

Es normal que los candidatos a un cargo de elección popular asuman compromisos con la sociedad y empeñen su palabra, que pidan “de favor” que si no cumplen se lo exijan los ciudadanos, incluso ofrecen encabezar asambleas para informar de lo que hacen y dar seguimiento a lo que está en marcha.

Al mismo tiempo es habitual y naturalmente justificada la denuncia de que los políticos no cumplen lo que prometen, no obstante que en la campaña firmaron ante notario una “carta compromiso” por tal de allegarse el voto. Una vez que logran su objetivo y se instalan en el Congreso o en los cargos gubernamentales se vuelven “invisibles” y sólo grupos muy cerrados tienen acceso a ellos, atrás quedó aquello de “puertas abiertas para todos” y que en la oficina de gestión social no habrá un solo asunto sin atender.

Por su parte, los electores no llevan un registro de las obligaciones asumidas por los candidatos, por lo que el impulso a la economía, al empleo, la seguridad, la educación, el medio ambiente, la recreación y tantas otras exigencias colectivas se vuelven humo. Pocos recuerdan de los acuerdos y al no haber plazos de cumplimiento resulta difícil que se le exija, ya que tendrá como respuesta que aún no termina su encomienda.

Bajo este marco, ahora que comienzan las campañas a diputados federales, es necesario que los aspirantes se comprometan a crear en el Congreso de la Unión una oficina o sección autónoma que funcione en cada estado, para tomar nota de los compromisos que hace cada candidato y una vez en ejercicio den a conocer qué ha cumplido y lo que le falta hacer. Indudablemente que habrá que realizar una inversión y seguramente habrá quien se oponga, pero si lo que se busca es transparencia, lo mejor es que existan las herramientas para ello, tomando en cuenta que para el ciudadano le resultará dificultoso hacerlo.

Debe recordarse que no basta con una elección libre y hablar hasta por los codos de la democracia, sino que traiga consigo la seriedad de quienes a la hora de implorar el voto son capaces de ofrecer todo lo que pidan los electores, como el presidente municipal de un pueblo que en una audiencia pública expresaba “se hace” a todas las peticiones que le hacían, ante ello el secretario del ayuntamiento le recordó que no había recursos para tanto compromiso, lo que socarronamente respondió “lo que yo digo es que se hace, pero se hacen tontos, saben que no hay dinero”.

EMPLEO SEGURO EN EL IMSS

Para evitar que los rumores sigan creciendo, el líder de la Sección XXI del Sindicato del Seguro Social (SNTSS), Juan José Zertuche, salió al paso al señalar que no habrá despidos en ninguna de las áreas, que todo el personal debe tener plena certidumbre en la plaza que ocupa.

De manera particular está el caso de los trabajadores de intendencia, que se dijo era una sección en vías de privatización, sin embargo el dirigente sindical aclaró que lo único que habrá es un cambio de nombre, de un proyecto que tienen en las oficinas centrales, pero lejos de eliminar alguna categoría habrá más, al crearse la de camillería y otra para limpieza e higiene, con lo que se amplían las oportunidades.

 

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