El 2026 se perfila como un año de ajustes fiscales que alcanzarán tanto a empresas como a personas contribuyentes, con nuevas reglas de recaudación, mayor control y cambios en impuestos clave. Las proyecciones federales anticipan un incremento en los ingresos públicos y una fiscalización más extendida, impulsada por modificaciones en la Ley de Ingresos, el comercio exterior y las operaciones digitales, de acuerdo con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Francisco Gustavo Luna Meza.
La recaudación total proyectada ronda los 5.8 billones de pesos, con aumentos relevantes en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. El ISR concentra el mayor crecimiento absoluto, mientras que el IVA mantiene una tendencia al alza. Sin embargo, uno de los incrementos más pronunciados se espera en los ingresos por comercio exterior, con un aumento cercano al 68%.
Este repunte se relaciona con la aplicación de nuevos aranceles a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México, principalmente de Asia. Más de 100 productos enfrentarán mayores cargas, entre ellos textiles, acero, hierro y autopartes. El efecto no se limita al comercio exterior, ya que estos costos tienden a reflejarse en las cadenas productivas y en los precios finales.
En materia de comercio digital, 2026 trae cambios para quienes venden bienes o prestan servicios a través de plataformas tecnológicas. La retención del ISR se incrementa y deja de ser exclusiva para personas físicas, al extenderse también a personas morales. Algo similar ocurre con el IVA, donde la retención se amplía a más contribuyentes. El ajuste responde al crecimiento sostenido del comercio electrónico y a su peso en la economía formal.
Otro eje central para 2026 es el endurecimiento del combate a la defraudación fiscal. El nuevo procedimiento del Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad suspender certificados de sello digital cuando detecta operaciones inexistentes, tanto en emisores como en receptores de facturas. Esto coloca a la facturación en el centro de la fiscalización y eleva el riesgo operativo para quienes no regularicen su situación.
También se prevén cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Además del aumento en productos de tabaco, se incorporan productos con nicotina, bebidas con edulcorantes y operaciones de juegos y sorteos en plataformas digitales. En el caso de ciertos videojuegos, se contempla un estímulo fiscal que neutraliza el cobro del impuesto, aunque la obligación legal permanece en el marco normativo.
A este escenario se suman el incremento al salario mínimo, la actualización de las tablas del ISR por inflación y la entrada en operación de reformas aprobadas en años previos, como la ley antilavado, que en 2026 espera reglas claras para su aplicación. La fiscalización no se limitará al SAT, ya que también participarán autoridades estatales, laborales y de seguridad social, apoyadas en el intercambio digital de información.
Para los contribuyentes, 2026 se perfila como un año de mayor vigilancia y ajustes obligatorios. Para los negocios, el reto será sostener su operación dentro de un entorno fiscal más estricto, en el que el cumplimiento y la planeación dejan de ser opcionales y pasan a ocupar un lugar central en la operación económica.
