Alfredo González
Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Aquellas personas que decidieron repatriar sus capitales del extranjero aprovechando un decreto del año 2017 que buscaba incentivar el regreso de esos recursos a México, quizá hoy se están arrepintiendo.
Este decreto, emitido en el marco de los «Panama papers» y publicado por el SAT en enero de ese año, establecía que dicha repatriación se podía hacer pagando sólo una tasa del 8 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho jurídico Adame Elizondo, refirió que esa gravamen era atractivo si se comparaba con tasas en el extranjero que iban del 30 al 35 por ciento.
«Pero ahora el SAT está fiscalizando esos recursos», señaló.
Recordó que el decreto de 2017 establecía una tasa «ciega» de ISR, sin multas ni recargos, y el fisco prometió no dar a conocer la identidad de los beneficiarios, como sucedía en programas anteriores.
«La mayor fortaleza de ese decreto fue que era muy simple» acotó el especialista.
Tan simple y atractivo que fue todo un éxito en sus dos años de vigencia.
Incentivó el retorno de capitales al País por cerca de 345 mil millones de pesos y permitió una recaudación de casi 28 mil millones de pesos, según estimados de fiscalistas.
Sin embargo, hoy los inversionistas que confiaron en la bondad de ese programa están siendo auditados muy agresivamente.
«En fechas recientes hemos sabido que el SAT está fiscalizando dichos capitales, en particular, el origen de los recursos retornados, a pesar de que el decreto del 2017 no establecía como requisito la comprobación del origen», aseguró Pedro Raúl Lara, director del despacho jurídico PRL Asociados.
Para muestra, una cliente de un fiscalista de Torreón que solicitó el anonimato.
«Mi clienta repatrió una herencia aprovechando el decreto y hoy el SAT le fijó un crédito fiscal superior al monto del capital repatriado, solicitando que se compruebe el origen lícito de los fondos».
«Está desesperada, su padre ya murió, es un ama de casa y no tiene forma de comprobar el origen de ese capital. Los abogados le van a costar un ojo de una cara», anotó el especialista de la Laguna.
Lara advirtió que estas auditorías generan incertidumbre para quienes retornaron sus capitales cumpliendo todos los requisitos legales.
Descartó que con ese decreto se pudieran blanquear capitales, pues para efecto de persecución de delitos y combate a la corrupción, las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR), y del propio SAT siempre estuvieron siempre vigentes.