El marco normativo que sustenta las fiscalías anticorrupción en los estados del país, no garantiza su autonomía técnica, operativa, administrativa ni presupuestal, advirtió el fiscal anticorrupción de Aguascalientes, Jorge Mora Muñoz.

“De tal manera que hay necesidad de crear esa normatividad como también de trabajar por la homologación orgánica de estas instancias, a fin de que exista un estándar mínimo en todas ellas, que permita el trabajo y fortalecimiento de la red”, agregó.

En el marco de su participación en la Convención de Fiscales Anticorrupción de los Estados, efectuada en Ciudad de México, sostuvo que en ese esfuerzo se requieren reformas legislativas que permitan la investigación de conductas de corrupción y la sanción de las mismas, para evitar que queden impunes dichos actos.

En ese contexto, Mora Muñoz participó en la reunión especial con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, planteando la pertinencia de convenir acciones de combate a la corrupción.

“Esto, a través de un acuerdo de colaboración, que permita rastrear con precisión la ruta del dinero y con ello, estar en posibilidad real de aportar datos de prueba suficientes y certeros que agilicen las investigaciones y sustente las sanciones”.

Durante la Convención, en la que participaron veinte fiscales anticorrupción de diversos estados del país, efectuada en el Senado de la República, se expuso a los legisladores la necesidad de reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La finalidad de ello es que sea reconocida en apego a la ley, la Convención de los Fiscales Anticorrupción, en temas torales de la agenda que a nivel nacional se desarrolla para el combate de conductas corruptas”.

Asimismo, participó en el establecimiento de la mesa tripartita de trabajo permanente entre la Convención de Fiscales Anticorrupción de los Estados; la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República; y la Comisión de Anticorrupción de la Cámara Alta.