René Urrutia de la Vega

En días pasados tuve el gusto de conectarme a un evento auspiciado por México Evalúa en donde se abordó el tema, extraordinariamente relevante, de la autonomía de las Fiscalías Generales de Justicia en nuestro país y particularmente lo que está ocurriendo con la Fiscalía General de la República. Más allá de platicarles todo lo que ahí se dijo por parte de expertos, la mayor parte de ellos mujeres, por cierto muy inteligentes, recomiendo consultarlo en <https://www.mexicoevalua.org/de-procuradurias-a-fiscalias-observatorio-de-la-transicion-2020/>, mi intención es hacer algunas reflexiones en torno a ese gran tema.
Debemos tener claro que la Procuración de Justicia, solo después de la Prevención del Delito, es el tema más trascendente con relación a una de las funciones más importantes del gobierno y de la administración pública, que es la seguridad, así, sin adjetivos ni apellidos, la seguridad lato sensu, pues es algo que incide y condiciona, para bien o para mal, prácticamente todas las demás áreas o formas de desarrollo del individuo, de los grupos y de la sociedad en general.
Si esto es así, quiere decir que en este tema debe ponerse una gran atención y enfoque, no solo por parte de las autoridades y del gobierno, sino también por parte de la sociedad y de los ciudadanos, pues todos, absolutamente todos, contribuimos y aportamos, o dejamos de hacerlo, para que la seguridad, y particularmente la procuración de justicia funcionen de manera correcta y se lleve a cabo una operación eficiente del sistema de justicia penal.
La autonomía de los órganos del Estado a los que se encomienda la trascendental función de procurar justicia ya no puede seguir siendo un lujo o solamente un anhelo, como lo ha sido desde hace siglos, sino que debe ser una realidad urgente e indispensable, ya que en gran medida la falta de este atributo o característica ha sido lo que ha impedido que avancemos en materia de seguridad y justicia en México, si consideramos que por no contar con autonomía, los órganos encargados de procurar justicia no han sido capaces de generar resultados en lo que se refiere al combate al delito en materias tan importantes como corrupción, delincuencia organizada y un importante listado de categorías de delitos o tipos penales de prioridad para mantener condiciones de paz y armonía aceptables en la sociedad.
Pero, ¿qué es eso de la autonomía? Consiste, dicho en términos sencillos, en la capacidad que se le debe dar al Ministerio Público, como órgano de investigación y de acusación, de realizar sus funciones de manera técnica e independiente, es decir, que pueda conducirse sin orientar su actuación en ningún sentido que no sea el de lograr el esclarecimiento de los hechos de que tiene conocimiento, que cuente con herramientas físicas, científicas, tecnológicas y metodológicas, suficientes y adecuadas para obtener la información que le permita conocer la verdad acerca de los hechos que investiga, sin estar dirigido, encaminado o condicionado por intereses de ninguna naturaleza ajena a la obtención de esa verdad para llevar a quienes los han comedido, ante una autoridad judicial para que se les imponga una sanción o consecuencia jurídica proporcional al daño ocasionado.
La autonomía del Ministerio Público y por lo tanto, de las Fiscalías en nuestro país, es algo que solo se ha dado de manera formal, es solo letra escrita en leyes, pero de ninguna manera puede decirse que sea una realidad, para que la haya se requiere de voluntad y de acción como consecuencia. Las Fiscalías no solo necesitan autonomía constitucional, esa no sirve de nada por sí misma, pues sería algo así como tener un auto deportivo de lujo en el garaje pero no contar con las llaves, gasolina y no saber manejar. Las Fiscalías requieren autonomía presupuestal que implique la asignación obligatoria de una partida suficiente y bastante para desempeñar de manera adecuada la función y operar el sistema penal sin las precariedades y carencias que ahora se tienen, pero mientras los gobiernos estatales y federal sigan siendo los que mandan en esta materia, podemos olvidarnos completamente de la autonomía y de una procuración de justicia mínimamente eficaz.
También se requiere autonomía de gestión y administrativa, así como autonomía reglamentaria, de manera que verdaderamente se lleve a cabo un proceso de cambio profundo, institucional y permanente en el órgano persecutor del delito.
La mala noticia es que nuestros gobiernos no entienden, no quieren entender o creen que no les conviene entender lo que es la autonomía del Ministerio Público y los Fiscales, al menos en su mayoría, tampoco están haciendo lo necesario para ejercer esa autonomía y continúan con la inercia de la subordinación al gobierno, claro, si de él depende la asignación de recursos, no hay de otra manera.
Lo cierto es que seguimos padeciendo insuficiencias, deficiencias y falta de resultados en una de las funciones más importantes de la administración pública y que mientras no exista autonomía, y con ello, distancia amplia y real con el tema político, esa realidad está condenada a no cambiar positivamente, quizá, por el contrario, la tendencia sea seguir retrocediendo, como de hecho ocurre.
Esta opinión, aclaro, deja a salvo el enorme esfuerzo que hacen muchos de los servidores públicos dedicados a procurar justicia, me consta que en las Fiscalías también hay gente valiosa y comprometida a quienes debe reconocérseles el empeño por mejorar esta situación, creo que el análisis está bien dirigido.

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