El fiscal general del Estado, René Urrutia de la Vega, atribuyó a información emitida por los medios de comunicación el ambiente de parcialidad, desinformación y afectación de los procedimientos al seno de la institución que encabeza. En comunicado, el fiscal se refiere “a los datos que han salido desautorizadamente por parte de esta Institución”.
Advirtió que develar información confidencial no solamente puede entorpecer las líneas de investigación que se siguen en cada caso, sino también puede ser motivo de sanciones por responsabilidad administrativa o la posible comisión de un delito.
En documento dirigido a los representantes de los medios de comunicación y suscrito personalmente, el fiscal Urrutia expresó su respeto, respaldo y apoyo a la actividad informativa y periodística, por constituir una manera en la que las instituciones tienen la oportunidad de acercarse a la ciudadanía.
Asimismo, manifestó su preocupación por la emisión de información que no refleja “en forma oportuna y veraz los acontecimientos y resultados que se generan en beneficio” de la ciudadanía, sino un ambiente de parcialidad y en ocasiones de franca desinformación.
En ese sentido, Urrutia de la Vega aseguró que esta situación ha llegado a afectar los procedimientos de la Fiscalía y de otras áreas de seguridad y justicia en el estado, debido a la falta de oportunidad y certeza de lo que se comunica.
En este punto hizo referencia a datos que han salido “desautorizadamente” de la propia Fiscalía, por lo que anunció que la única información autorizada sobre acontecimientos y seguimiento de investigaciones y resultados será la oficial que se emita desde la Dirección de Comunicación Social de ese organismo autónomo.
Asimismo, advirtió que se desconocerá desde este momento cualquier otro dato verbal, escrito o gráfico que se emita por parte de terceras personas, “aún tratándose de servidores públicos que carezcan de autorización para el efecto”.
Esto, en el entendido de que develar información confidencial no sólo entorpece las líneas de investigación, sino que puede ser motivo de sanciones que impliquen responsabilidades administrativas o la posible comisión de un delito, así como posibles violaciones derivadas de la obligación de resguardar la información sensible de las víctimas y ofendidos del delito.