Por más defensa que hacen las corporaciones policiacas del trabajo que realizan, la realidad es muy distinta, al denunciarse sólo 10 de 100 delitos que sufren los tenderos y de esos 1 o 2 tienen resultados “a medias”.

De manera precisa, el dirigente de la Asociación de Abarroteros y Pequeños Comerciantes, Antonio Hernández Esparza, señaló que se encuentran acosados por toda clase de hampones, que les da lo mismo llevarse dinero o mercancía, lo cual, aún cuando signifique un monto mínimo, para el negocio es una pérdida que en ocasiones reduce a cero la utilidad de dos o más días de trabajo, pero más allá de las pérdidas están expuestos a sufrir un daño corporal y esto sí es grave.

Los titulares de las policías municipal y estatal sostienen que hay una reducción en el número de delitos, posición que refuta Hernández Esparza, al establecer que en gran parte de las colonias de la ciudad capital se cometen casi a diario y si no se reportan es porque de aquellos que sí lo hacen no hay resultados, y sobre todo que no obstante que se señala al asaltante y esté a la vista de la autoridad, ni así logran que lo aprehendan.

Dijo que con todo hay directivos de las corporaciones que aseguran que ha bajado la incidencia, esto se debe a que no hay denuncias, “ya que de 100 asaltos se denuncian 10 y de esos sólo 1 o 2 tienen resultados y a medias”.

Ante la incapacidad de la policía para brindar seguridad a la población, hay negocios que instalaron sistemas de videovigilancia pero ni eso contiene a los delincuentes, que aún cuando saben que son grabados no se detienen para cometer sus fechorías y no lo hacen porque “saben que no pasa nada” apunta, además que si por algún chiripazo son detenidos “al día siguiente salen libres y hasta se burlan de quien los denunció”.

El problema de fondo es que quienes han sufrido un robo pierden la tranquilidad y viven con el temor de volver a pasar por esa pesadilla, puesto que los deja expuestos ellos, a sus familiares y sus empleados de sufrir una agresión, lo que ha motivado que en algunos lugares tengan piedras, palos y otros objetos, incluso pistolas, para defenderse, no obstante que represente un riesgo de verse involucrados en un lío judicial por hacerse justicia por propia mano, pero no hay otra forma de defender su patrimonio y su propia integridad.

La última esperanza de recibir un apoyo era la Guardia Nacional, pero ésta se diluyó, luego de la entrevista que sostuvo Antonio Hernández con el delegado de programas para el bienestar en el estado, Aldo Ruiz, quien dejó en claro que esta fuerza militarizada “sólo está para atender delitos de alto impacto”, por lo que su labor se orienta en contra del crimen organizado y las bandas del narcotráfico.

Para los abarroteros “son muy lamentables respuestas como estas, porque los robos también tienen el mismo impacto que la mafia y la droga y dañan igual o más a la ciudadanía común”.

Eso sí, téngalo por seguro que si un tendero ataca a una delincuente será llevado ante la justicia, sin considerar que lo hace en defensa de lo que tanto trabajo le ha costa tener, por lo que se encuentra entre la espada y la pared, ya que si no quiere tener líos legales debe dejarse robar, y si se defiende ya sabe lo que le espera. Triste panorama el que tienen cientos de hombres y mujeres que se dedican a esta actividad.

A CONSULTA

La polarización que se registra entre los que están a favor y en contra del aborto debe resolverse de una manera ordenada, civilizada, en que ambas partes acepten el resultado de un referéndum o consulta ciudadana.

Pretender encerrarse en su propio razonamiento y al mismo tiempo denostar al otro provoca que se ahonden las diferencias, que además de exhibir que no son capaces de escuchar generan inestabilidad social y contribuyen a que la sociedad no tenga los elementos necesarios para aprobar o desechar una de las posturas.

Por encima de todo deben aceptar que de manera unilateral se designaron representantes y voceros de uno u otro grupo. Tienen todo el derecho de personificar a una asociación, unión, corporación o cofradía, pero sólo a ellos, no al total de quienes habitan en el estado.

Bajo este marco sería justificable que se convoque a una consulta pública o referéndum y que tenga el carácter de vinculante a la hora de que el dictamen se vote en el Congreso del Estado. Si tanto se habla de una democracia participativa es la hora de hacerla r realidad, que salga del discurso y le dé a los ciudadanos una mayor, mas ágil y más inmediata capacidad de participación y atribución en la toma de decisiones de carácter público.

Es indispensable hacerlo así para no dejar que diputados y diputadas voten a su voluntad o por consigna un asunto de la mayor trascendencia para los aguascalentenses. Ha llegado el momento que los habitantes tome en sus manos su futuro, de certificar o refutar lo que más se ajusta en la convivencia colectiva, sea que acepten o rehúsen alguno de esos planteamientos.

Tiene que enmarcase en un periodo que permita a las dos partes exponer públicamente los argumentos del porqué debe o no debe legalizarse el aborto, con la suficiente explicación y elementos científicos, médicos y socioeconómicos y sobre todo que sean verificables, de manera que la sociedad tenga elementos para determinar que es lo que más encaja en su diario vivir.

VER AL INTERIOR

Sería estupendo que en un centro de trabajo todos sus miembros tuvieran un buen comportamiento, sin embargo no pasa de ser una quimera, un espejismo, porque bien dicen que cada cabeza es un mundo, en el que cada quien tiene sus rasgos que lo hace diferente a los demás.

Bajo ese principio, hasta cierto punto resulta natural que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes se tenga elementos con excelente comportamiento, otros menos y algunos francamente malos, por lo que no se puede exhibir a toda la corporación por culpa de unos cuantos.

Lo anterior viene a comentario por lo que señaló el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, de que hay cerca de 120 denuncias en contra de policías municipales, que van desde robo, golpes, abuso de autoridad, cohecho y lesiones, acusaciones que se han acumulado de los 18 o 24 meses a la fecha.

También dijo que varios de ellos ya están procesados, o detenidos por robo y quienes han recibido medidas cautelares por falsedad en declaraciones o lesiones, por lo que siguen sujetos a investigación.

Lo que se le olvidó mencionar a Figueroa Ortega es que en la policía ministerial igualmente hay malportados.

Esto significa que nadie está libre de culpa, sólo que por alguna razón el funcionario se acuerda únicamente de la policía municipal, sea por azar o por consigna, cuando lo decoroso es aceptar que en todas partes se cuecen habas.

 

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