Juan Sergio Villalobos Cárdenas
Maestro en Derecho

Dicen que son malas las comparaciones, pero permítame decir que al comparar ciertas instituciones jurídicas mexicanas con las que prevalecen en los Estados Unidos de América, salimos ganando. Por ejemplo, nuestro juicio de Amparo es mucho más técnico, amplio y efectivo que el Habeas Corpus de aquél país; las resoluciones judiciales son otro claro ejemplo de la consolidación del sistema jurídico mexicano, pues basta comparar las sentencias que dictan los jueces norteamericanos -simples formularios- con las que dictan los jueces mexicanos -verdaderas cátedras de hermenéutica, argumentación y fundamentación jurídica-; y ni qué decir del sistema electoral, de elección indirecta en la Unión Americana (y que provocó que en las últimas elecciones de aquél país llegara a la Casa Blanca a un millonario de ideas matizadas de fascismo), que en contraste de nuestro sistema, imperfecto aún ciertamente, nos permite al menos la elección directa y con ello un resultado más real respecto de la preferencia electoral.
La institución del notariado también marca la diferencia. En Norteamérica prácticamente cualquier persona puede obtener autorización para ser notario. El servicio del notariado en aquél país tiene una connotación ordinaria, podría decirse que necesaria pero trivial. En México el notariado es ejercido por profesionales del derecho, lo que garantiza al menos de inicio que el responsable de dar fe de actos jurídicos tenga un mínimo de conocimiento en la materia. Es una institución sólida, eficiente y perfectible sobre todo en el proceso de habilitación. Por ello hoy, como sucede cada fin de sexenio, la habilitación de nuevos notarios en nuestra entidad obliga a realizar algunas reflexiones.
El artículo 89 de la Ley del Notariado en Aguascalientes establece los requisitos para poder ser notario: ser mexicano por nacimiento, tener al menos veinticinco años cumplidos, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, tener buena conducta, no ser militar ni pertenecer al clero, ser licenciado en derecho con título legalmente expedido y ejercer la profesión con al menos tres años anteriores a la solicitud, no tener enfermedad que implique disminución de facultades mentales o impedimento físico que pudiera limitar el ejercicio, no haber sido condenado por delito intencional (la ley debería decir por delito doloso) a sufrir pena privativa de libertad, y no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso o siéndolo haber sido rehabilitado. Si el expediente del interesado está completo y reúne los requisitos, y si existen vacantes el Gobernador expedirá el fiat correspondiente; tan fácil como eso. Todos esos requisitos son sin duda necesarios; pero, ¿son suficientes?; surge entonces la pregunta obligada ¿qué es lo que hace que una persona sea preferida sobre otra para ser habilitada como notario, cuando ambas han satisfecho los requisitos de ley? Eso sólo lo sabe quién otorga y firma el fiat. (En términos simples y sin entrar en tecnicismos, el fiat es una patente que faculta a una persona a ejercer el notariado)
La sociedad hoy se pregunta ¿qué clase de notarios quiere y requiere Aguascalientes? Y esta interrogante debe responderla, no el Gobierno del Estado, no el Colegio de Notarios, sino la sociedad misma que la formula. Muchos notarios han dado lustre y honor a la fe pública; otros han abusado de la confianza en ellos depositada y han protagonizado episodios bochornosos de retiro de fiats. Luces y sombras del notariado que también nos hace preguntar: ¿cuáles son las cartas credenciales?, ¿cuáles son los méritos y logros de quienes son honrados con la delicada tarea de dar fe en los actos jurídicos de los gobernados?
Más aún, en esta reflexión es imperativo cuestionar ¿cómo se valida el conocimiento necesario para ser notario? Saber derecho no es lo mismo que saber ser notario; si a nuestros jueces y magistrados se les exige, entre todos los requisitos que la Constitución estatal marca para que sean designados, que presenten además un examen en el que demuestren sus conocimientos, y si a los corredores públicos la Federación les exige también un examen ¿por qué los notarios no deben ser examinados para ejercer el servicio del notariado?, y en estos tiempos de transparencia, ¿no deberíamos pedir como sociedad que cuando el gobierno del Estado quiera colmar necesidades notariales, lo haga mediante convocatoria abierta y pública?
Notarios de antaño y de hoy -salvo excepciones- se formaron en el día a día de su quehacer notarial; eso no es malo pues finalmente “la práctica hace al maestro”; pero, ¿es eso lo deseable? ¿Cuántos notarios con años de trayectoria o recién habilitados, se desempeñaron profesionalmente como empleados de una notaría antes de serles expedidos su fiat? ¿No deberíamos pedir como sociedad a los aspirantes a notario público que no se hayan desempeñado en la función pública al menos seis años anteriores a su solicitud, para desvincularlos de cualquier lazo político que pudieran tener con quién tiene el poder de habilitarlos? Las respuestas a todas estas interrogantes generan hasta ahora la sensación de que es el factor político y no otro mérito, lo que define el otorgamiento de los fiats para ejercer el notariado en Aguascalientes. La sociedad tiene la palabra, y sólo a ella corresponde evitar que cada fin de sexenio se convierta en un festín de fiats.

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