Colectivas feministas se manifestaron afuera del Congreso del Estado y expresaron su rotundo rechazo a la aprobación de la iniciativa que reduce el período permitido para la interrupción legal del embarazo de 12 a 6 semanas de gestación.
Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes anunció que junto con otras organizaciones feministas, preparan un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual busca impugnar la reforma, argumentando que atenta contra los derechos humanos y la salud integral de las mujeres en Aguascalientes.
Subrayó que este no es el primer intento de limitar los derechos reproductivos en el estado. Recordó que desde 2008, Aguascalientes ha presentado cuatro dictámenes similares, todos los cuales han sido impugnados jurídicamente por organizaciones feministas. Resaltó el peligro que representan estas reformas para las mujeres que no cuentan con redes de apoyo o acceso a la información, quienes son las más vulnerables ante las consecuencias de estas políticas.
Manifestó que una las preocupaciones principales es la extensión de las sanciones penales a las mujeres que aborten de manera culposa, es decir, accidentalmente o por motivos involuntarios. Esta medida, incluida en la reforma, podría llevar a la criminalización de mujeres que experimenten abortos espontáneos o que se enfrenten a embarazos de alto riesgo.
Frente a este escenario, dijo que el Observatorio de Violencia Social y de Género y otras organizaciones feministas han anunciado su intención de hacer presencia en los espacios de salud, donde se espera que lleguen mujeres afectadas por estas nuevas disposiciones. «Vamos a acompañar a las mujeres en estos momentos críticos, asegurándonos de que reciban el apoyo médico y jurídico que necesitan”, finalizó.
