La Comunidad Feminista de Aguascalientes exhortó a los diputados del Congreso del Estado a que en lugar de invertir sus esfuerzos legislativos en criminalizar a la mujer, deberían mejor garantizarles servicios de salud seguros y de calidad; además de dejar de centrar la maternidad en las mujeres, cuando es una responsabilidad compartida con el hombre.
En videoconferencia de prensa, Angélica Contreras, integrante de la Comunidad Feminista, llamó a los diputados a dejar de legislar con ideología religiosa y empezar a trabajar conforme al Estado Laico y al Estado de Derecho, como un mínimo acto de interés por la sociedad en lugar de su interés por el poder.
Afirmó que el hecho de modificar la Constitución del Estado de Aguascalientes para reconocer la vida desde el momento de la concepción, ni siquiera cumpliría con el objetivo que sus promoventes argumentan de proteger la vida, puesto que por sí mismos desconocen la vida de las mujeres y violan sus derechos humanos imponiendo barreras a quienes requieran acceder a servicios para interrumpir su embarazo. “Si buscan realmente proteger la vida, ¿cómo piensan proteger? Porque en el papel estará muy bonito, pero en la práctica cómo lo están haciendo. Si lo que buscan es proteger la vida, entonces que protejan la vida de las mujeres”.
Por su parte, la coordinadora de CECADEC, Marcela Martínez Roaro, afirmó que el actual Congreso del Estado no es paritario, sino más bien misógino porque sólo busca a toda costa dañar a la mujer, lo cual se vio en la aprobación del presupuesto, al quitarle recursos al Instituto Aguascalentense de las Mujeres, además de que los diputados no tienen idea de lo que es el género y legislar con perspectiva de género.
Por lo anterior, llamó a todas las mujeres del estado, quienes forman más del 50% de la población y que son más del 50% del padrón electoral, a fijarse bien en quiénes forman parte de esta legislatura y cuando sean las elecciones no voten por ellos, sean del partido que sean, “porque van a seguir legislando para ver de qué manera dañan a la mujer, en lugar de atenderla y ver qué hacer por ella para que no incurra en problemas, sino que esperan a que llegue a una situación para sancionarla y castigarla con una iniciativa que viola principios jurídicos, médicos y de salud”.