POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

@octaviodiazg

Los acontecimientos de Iguala y lo que ocurre en otros municipios del país, ha puesto de manifiesto el fracaso (con sus excepciones) de las policías locales –estatal y municipal– que en el mejor de los casos están mal dirigidas y en el peor, han caído víctimas de la corrupción y la infiltración de delincuentes. Dicho fracaso es lo que más afecta a la población en materia de seguridad. Basta ver la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) del INEGI para saber que se cometieron en 2013 más de 33 millones de delitos del fuero común y el 98% permanecen en la impunidad, afectando a 28 de cada 100 habitantes con homicidios, secuestros, asaltos, extorsiones, robos a casa, robos de vehículos, etc. Los ejemplos de malas policías estatales o municipales se dan en Guerrero, Morelos, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y en otros estados de la república, en donde se han puesto al servicio de las bandas del crimen organizado o simplemente han sido rebasadas y son inoperantes.

De poco han servido los esfuerzos de la federación para reforzar la actuación de las policías a nivel local. Por ejemplo, no está claro qué resultados haya dado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en agosto de 2008 por los tres órdenes de gobierno, los tres poderes federales, por organizaciones de la sociedad civil como ONG, sindicatos, iglesias, empresarios y medios de comunicación y el cual contiene 74 compromisos. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el certificar a policías locales mediante una evaluación de confianza, crear grupos antisecuestro y aportar recursos para fortalecer los cuerpos de impartición de justicia. Pero no han sido evaluados sus resultados y en algunos casos ni siquiera se han cumplido los compromisos. Asimismo, poco han servido los miles de millones de pesos que se han entregado a los estados por parte de la federación en los últimos seis años a través de programas de subsidios y transferencias como el FASP, el SUBSEMUN y el SPA. Tan solo este año el gobierno federal destinó $15,322 millones de pesos a estos programas. Todo ello no ha tenido efecto en mejorar la seguridad como lo demuestran las encuestas del INEGI.

¿Qué se puede hacer para resolver el problema de seguridad en nuestro país? Alejandro Hope –analista de seguridad– ha propuesto en su más reciente columna en El Universal, que en lugar de certificar a los policías en materia de control de confianza, se certifiquen a los departamentos de policía y en caso de no aprobar, que el nivel superior de gobierno asuma la responsabilidad. En un programa de radio, Gabriel Quadri –analista ambiental– señalaba que ante la incapacidad de estados y municipios la federación asuma esa responsabilidad. Ambas propuestas presentan obstáculos políticos y de implementación pero ante la emergencia nacional que vivimos, es necesario intentar alguno de esos caminos. La propuesta de Hope es más gradual, quizá políticamente más fácil de poner en marcha y es un modelo ya probado en Estados Unidos. Pero tomaría tiempo en tener un impacto en el problema.

La opción de federalizar a todas las policías estatales y municipales es quizá más radical pero de implementación más rápida, una vez que se tengan los acuerdos políticos. De hecho, existe ya esa situación de facto en aquellos municipios o estados con gobiernos fallidos. Cada vez que ocurre una afectación grave a la seguridad pública en algún municipio, las fuerzas federales llegan a sustituir a los policías de la localidad, a desarmarlos, a investigarlos y en ocasiones a encarcelarlos. Recordemos la intervención masiva del gobierno federal en Cd. Juárez el sexenio pasado o en Michoacán en éste.

Con todos los defectos que puedan tener las instituciones federales, éstas son mucho más sólidas que las instituciones estatales y municipales por lo que sería una solución el que la federación se haga cargo de las policías en todo el país. Podrían tomar el mando de esas policías, someterlas a control de confianza en dependencias federales o en centros locales confiables, seleccionar a los mejores elementos y dar de baja a los malos, establecer políticas de recursos humanos uniformes incluyendo sueldos y prestaciones, fortalecer las áreas de asuntos internos y contraloría, mejorar la seguridad interna y la contrainteligencia para evitar su infiltración, y darles mandos profesionales que hayan demostrado resultados (Por ejemplo, los casos de Tijuana y Cd. Juárez y en menor grado Nuevo León).

Se puede argumentar que sería darle mucho poder a la federación, que la corrupción en lugar de afectar a departamentos de policías más pequeños podría afectar a esa policía nacional con el riesgo que ello implica y otras razones similares; pero es tiempo de tomar decisiones de gran calado. El presidente Peña ha anunciado la firma de un nuevo Pacto por la Seguridad. Al momento de escribir estas líneas aún no se conocía su contenido pero habrá que analizarlo a fondo. También habrá que evaluar el Acuerdo que se firmó en 2008 para no repetir los errores. Está bien que haya grandes acuerdos nacionales, pero sin una implementación adecuada y una evaluación de sus resultados para corregir lo que no funciona, difícilmente se avanzará en resolver el problema. Por ello no basta con que haya voluntad para firmarlo. Lo que urgen son medidas eficaces ante un problema que por su gravedad amenaza a la Seguridad Nacional. El país ya no puede esperar.

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