Una regla no escrita es el derecho natural que le asiste a todo individuo de obtener un empleo, en que además de poner en práctica sus conocimientos, habilidades y experiencia, le asegure un ingreso económico para sostener a la familia, aspiración que una vez resuelta lo impulsa a ir por nuevas metas, en que naturalmente su objetivo es alcanzar un salario más alto.

Hasta la fecha no se sabe de alguien que acuda ante su patrón a pedirle que le reduzca la paga, por el contrario, es característico que vaya a solicitar un aumento, y aun cuando considere que difícilmente va a lograrlo, de cualquier manera lo plantea con la esperanza que en algún momento se haga realidad.

Pues bien, será interesante la actitud que adopten los 27 diputados, los once presidentes municipales y los respectivos regidores ante la moda lópezobradorista, de reducir a partir del uno de diciembre los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos los senadores y diputados federales y eliminar toda clase de bonos y canonjías, que históricamente eran superiores al salario real.

Sobre este particular, en el Congreso y en los cabildos no se han bosquejado reformas al presupuesto de egresos, no de manera oficial, porque en campaña hubo varios candidatos que lo propusieron, pero una vez definido el prorrateo político del parlamento se ha dejado de mencionar, sin embargo ahora que senadores y diputados federales electos lo propongan, tras de que rindan juramento el uno de septiembre, es factible que diputaciones y ayuntamientos se ajusten a los mandatos.

Es importante destacar que de ninguna manera es obligatorio que lo hagan, ya que en pleno ejercicio de su soberanía pueden optar por dejar que las cosas sigan como están, pero actuar de esta manera les acarreará la censura de aquellos que están al acecho de cualquier discrepancia.

En caso de que finalmente elijan por cumplir la consigna, a los diputados les significará perder alrededor de 40 mil pesos mensuales y a los regidores 30 mil pesos, a lo que se agrega la merma de los ingresos adicionales, ya que la idea es que sólo cobren lo que está estipulado en la ley y no aquello que recibe diferentes nombres pero al final de cuentas son las extras y de las cuales no tienen que demostrar en qué las aplicaron.

Llevar a cabo la modificación no le representaría un problema mayor al Congreso, si se tiene en cuenta que está próxima a concluir la LXIII Legislatura, por lo que los nuevos “representantes populares” se ajustarán a lo que reciban, no así a quienes llegan como repetidores, que deberán acostumbrarse a ganar la mitad de lo que hasta ahora obtienen.

Caso contrario será con alcaldes y regidores en general, ya que ellos concluyen su labor a finales de año, empero desde septiembre se habrán concretado las modificaciones en el Congreso de la Unión, con la consigna que se haga en los mismos términos en los cabildos, lo que innegablemente afectaría sus bolsillos.

Con estas medidas los tiempos de las “vacas gordas” se terminan para un grupo de privilegiados que viven en otro mundo, al grado que varios de ellos dejaron de tener contacto con el pueblo al suponer que no merecen responder a su saludo. Su ingreso global ha sido similar al de un alto ejecutivo de una empresa privada, por lo que en esos tres años se mantienen en un nivel superior al resto de la sociedad. Lo malo es que la caída es estridente, ya que una vez que regresan a su medio les cuesta trabajo adaptarse y más cuando compañeros y conocidos los rechazan, como reflejo del trato que recibieron de su parte cuando exigían una atención preferencial.

REDENCIÓN EN SERIO

Alguien dijo que las cárceles son las universidades del crimen, lo que aun cuando parezca una sentencia drástica, hay casos que así lo acreditan y más cuando algún delincuente declara que aprendió más “adentro” y, gracias a ello, cuando recuperó la libertad, pasó a formar parte de una banda.

La protesta que hace días escenificó un grupo de internos, al denunciar que la comida que recibían en la prisión era de mala calidad y en porciones mínimas, es apenas la punta del iceberg, porque una vez atendida la demanda todo parece indicar que se acabaron los problemas, cuando es común en estos casos que los líderes del movimiento sean calificados de “chivatos” y sufran malos tratos, que además les marquen su expediente por lo que no podrán obtener algún beneficio por buena conducta.

Cada administración estatal ha mostrado sólo una de las caras de los centros de reclusión, que las ha llevado a presumir los reconocimientos que reciben por las condiciones en que se desarrolla la vida de los encarcelados, pero en algún momento sale a la luz pública todo ello que se ocultó con métodos cosméticos.

Es un problema que no sólo está en los Ceresos sino que es “normal” en los centros municipales de detención, tal como lo informó hace diez días El Heraldo, al citar las condiciones de insalubridad que ha detectado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El titular de ese organismo, José Asunción Gutiérrez Padilla señaló que el aseo del lugar en que están los capturados, la alimentación que reciben y el estado en que se encuentran los espacios para dormir, lo mismo que los sanitarios, no cumplen con las normas que corresponden.

Se reservó mencionar los ayuntamientos que incumplen, por lo que los detalles fueron en lo general: “No están lo aseados que deben estar, los sanitarios no están en condiciones para usarse dignamente y seguimos encontrando que en la mayoría de estos centros de reclusión de los municipios, distintos al de la capital, no cuentan con doctor que certifique el ingreso, o el egreso de los detenidos, y eso obviamente nos preocupa porque el detenido es tratado en un estado de alta vulnerabilidad”.

Pese a que son problemas rutinarios, el funcionario afirmó que la labor que tiene lugar no lleva un afán sancionador sino preventivo, porque lo que se pretende es que corrijan las anomalías, para ello se han llevado a cabo pláticas con los alcaldes para que hagan las adecuaciones necesarias y que subsanen las deficiencias encontradas.

Para el ombudsman la idea “es evitar que se violen los derechos humanos, pues las condiciones no son de dignidad y entonces tenemos oportunidad de acordar con los alcaldes para que se prevenga y no vaya a suceder algo (qué lamentar)”.

En estos casos, lo importante es que las visitas de inspección a los Ceresos y a reclusiones municipales, las lleve a cabo la CEDH tantas veces como sea posible, sin previo aviso y a cualquier hora, para evitar que pase lo que con el primer titular de este organismo, que hizo público que se iría a “vivir” tres días al Centro de Rehabilitación para Varones para conocer cuál era la atención que recibían y al concluir su experiencia dijo que todo estaba correctamente.

SUPERÓ TODO

El presidente estatal del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz García, pasó de presunto participante en el desfalco de 100 millones de pesos que estaban destinados a la operación de los Cendis de Nuevo León, a diputado electo y con un poco más de suerte puede incrustarse en la próxima administración federal. Su buena estrella lo elevó a la máxima potencia con el triunfo de López Obrador, que dos semanas antes de las elecciones del uno de julio anunció que ese asunto “se va a resolver”, al calificar las acusaciones que pesaban sobre esposa del presidente nacional del PT, María Guadalupe Rodríguez, Alberto Anaya, y del dirigente local, de “represión”, por lo que todo “se va a terminar y van a tener sus apoyos mensuales las maestras de los Cendis”.