Cuando asumen el cargo se comprometen a poner el máximo de su empeño para que todos los asuntos que deban conocer queden atendidos en un tiempo razonable y los que recibieron de herencia sean resueltos en un lapso perentorio.

Una vez que ocupan la poltrona sienten que se merecen estar ahí y es en ese momento que se les abren las entendederas al reflexionar que cuál es la prisa, total, son tres años para cumplir lo que prometieron. A partir de ese momento se dedican a gozar las delicias que proporcionan las deferencias que reciben por ser diputados o diputadas y lógicamente, el pago que toman cada quince días y está más allá de lo que la mayoría ganaba en su anterior actividad, por ende hay que cuidar la tiendita haciendo alharaca de cualquier asunto, que sea o no de su competencia les ayuda a justificar el lugar que ocupan.

Por lo anterior, difícilmente el pleno va a cumplir la propuesta que presentó el diputado Cuauhtémoc Escobedo –convertido en virtual vocero oficioso del Congreso–, para que se elimine el retraso de asuntos en comisiones, situación que se arrastra desde hace varias legislaturas. Según el perredista, con la reforma que plantea a diversas categorizaciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se agilizará el análisis y dictamen de las iniciativas para que sean votadas y dejen de ser parte de la vilipendiada “congeladora”.

Según el promovente, luego de que se reciba la iniciativa en la comisión respectiva, se enviará al presidente de la misma, luego al secretario y en seguida a cada uno de los vocales, con lo que una vez conocida y analizada pueda ser sometida a votación interna y si se aprueba será enviada a la sesión general para su conocimiento, análisis y asentimiento en su caso.

En la búsqueda de convencer a sus compañeros, Escobedo afirmó que “esta reforma motivará la participación de todos los diputados en comisiones, además se elevará la calidad del trabajo parlamentario mediante la colaboración de más especialistas y asesores que apoyarán en el cumplimiento de tan importante función: crear leyes en beneficio de la ciudadanía”.

Como esa propuesta ha habido otras similares durante más de dos décadas y siempre sucede lo mismo, el coro legislativo acepta que “debe hacerse algo” para terminar con el rezago que cada año se incrementa y también, la atención con que reciben las ideas se diluye al paso de los días, de las semanas y llegan al final sin haber hecho mayor cosa.

Podría cuestionarse las razones que hay para que sean tan lentos en reaccionar y entre ellas está que nadie supervisa, certifica ni avala su labor. Ellos sí pueden entrometerse en el trabajo que desempeñan los poderes Ejecutivo y Judicial y los ayuntamientos, pero bajo ninguna circunstancia admiten que la misma vara mida su labor, por lo que pueden holgazanear los 36 meses que les dura la beca sin recibir una sola amonestación.

Por cierto que en la misma sesión del pasado 4 de agosto, el diputado Enrique García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Especial de los Adultos Mayores, a fin de que sea obligatorio del Instituto de Salud del Estado “garantizar el derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad en todas las actividades de atención médica”.

Cada mes de agosto salen defensores, protectores, valedores y abogados de las personas mayores, que proponen medidas para atenderlos, entusiasmo que dura hasta el día 28, porque después ni quién se acuerde de ellos. Suponen que con utilizar la labia ya cumplieron su misión, pero la realidad es muy distinta.

Ojalá tuvieran algo de tiempo para que conocieran la verdadera realidad por la que pasan esas personas, varios de ellos pernoctan a la entrada del Teatro Morelos y otras enfrente, junto a la pared de la Catedral, lo mismo que en el Jardín de las Jacarandas. Está claro que hay una enorme distancia entre estos lugares y el Palacio Legislativo, pero podrían hacer el esfuerzo para que conozcan la situación en que están ancianos como familias completas que no tienen recursos para pagar un hotel y su única posibilidad es dormir a la intemperie.

UN PUNTO A FAVOR

Cada vez que se conocía una sentencia, en la que el juez determinaba que el indiciado estaba obligado a restituir el daño causado pero carecía de recursos, de inmediato surgía la pregunta ¿el perjudicado se quedaba silbando en la loma?, respuesta que en una ocasión dio un abogado al aludir que así como no había manera de sacar agua de una roca en esto no podía irse más allá, con lo que se cerraba el caso.

La situación tiende a cambiar a través de la Comisión de Atención a Víctimas, que engloba a todos aquellos que se ajustan a la denominación de víctimas, sea de manera directa o indirecta, para ello se cuenta con un fondo de 3 millones de pesos que puede ser canalizado a la reparación del daño.

Esta Comisión inició labores en enero pasado, luego, con fecha 21 de diciembre de 2021 se difundió en el Periódico Oficial del Estado la Ley correspondiente, en la que colaboran 34 personas, encargadas de examinar y dar respuesta a 350 carpetas, a 1,500 juicios en litigio y 20 procedimientos de queja sobre Derechos Humanos. En poco menos de ocho meses le han dado entrada a juicios sobre procesos criminales y asuntos sobre derechos humanos, o que tienen que ver con delitos como robo, fraude, violencia intrafamiliar, delitos cibernéticos y feminicidios, entre otros.

El comisionado Jonathan Pérez Chávez indicó que con ese recurso se puede apoyar cuando se comprueba que el sentenciado no cuenta con los medios económicos para cumplir con el pago de modo compensatorio hacia la persona que afectó.

De manera inicial se tienen 7 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para entregar recursos monetarios a las víctimas, lo que se cumplirá una vez que se concrete la etapa del proceso penal y se conozca la sentencia. Además, la Comisión de Atención a Víctimas ha firmado convenios con diferentes instituciones para garantizar la reparación del daño, porque esto no se limita a la cuestión monetaria, sino a una atención integral a las personas, entre ellas de carácter psicológico.

La presencia de la citada Comisión vino a llenar un vacío y seguramente que con el tiempo será parte fundamental en los litigios donde el imputado no pueda pagar el daño que causó, ya que habrá una oficina que se encargue de atenderlos. Hasta el año pasado era común que si a alguien le chocaban su vehículo y el responsable no podía pagar el daño no había manera de que lo hiciera, o que mediante pruebas periciales se demostraba que fue víctima de un robo, un asalto, la sustracción del automóvil, o fue lesionado durante un asalto, etc., se quedaba con el entripado toda vez que el convicto demostraba que no tenía dinero, pero ahora hay un organismo que pueda responder y seguramente lo hará de acuerdo con los recursos de que disponga.

EXITOSA OPERACIÓN

Cuando se conoce el éxito de un equipo médico multidisciplinario para llevar a cabo una intervención y que lo hizo a un feto de 24 semanas de gestación, sólo queda la felicitación y que sigan adelante en su labor, demostrando que en Aguascalientes hay personal altamente calificado. Esto lo dio a conocer el pasado 10 de agosto Julio Macías Sandoval, responsable del equipo médico que llevó a cabo el procedimiento, que pese a su alta complejidad se logró la respuesta esperada. El doctor Macías explicó que la evolución en la terapia y cirugía fetal permite actualmente observar, diagnosticar y tratar al feto de manera independiente, apoyándose en múltiples herramientas prenatales, entre ellas el ultrasonido obstétrico, permitiendo de esta manera la fisiopatología de las principales enfermedades fetales. Es importante destacar la participación de Rogelio Cruz, uno de los mejores neurocirujanos fetales del mundo; de Felipe Chavelas Ochoa, neurocirujano pionero en la corrección fetal del mielomeningocele en México y de Karla Aguilar, anestesióloga con amplia experiencia en procedimientos fetales ultraauterinos. Esta labor abre amplias oportunidades de superación en un campo tan complejo como es la cirugía fetal.