Las finanzas de empresas micro y pequeñas, así como de muchas familias donde sus integrantes se quedaron sin empleo, también están enfermas a raíz de la pandemia, y con el riesgo latente de sufrir embargos ordenados por juzgados mercantiles, que cumplen con estas disposiciones legales en contra de quienes no han podido pagar deudas contraídas.

Sergio Delfino Vargas, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, expresó que a raíz del paro de actividades productivas durante un par de meses el año pasado, así como el recorte de personal que ya no fue requerido al reiniciar las fábricas, obligó a muchos a recurrir a solicitar préstamos a bancos, cajas de ahorro y crédito e inclusive a agiotistas, pero al no tener ingresos o verlos reducidos, se ha complicado que puedan cumplir con la obligación de abono o liquidación.

Se tiene conocimiento de la lluvia de demandas de pago que se han interpuesto en contra de quienes cayeron en morosidad o insolvencia para cumplir con los compromisos adquiridos, con la idea de que sí podrían hacerlo y al paso del tiempo, se les ha complicado.

Y no se trata de demandas para el pago de créditos no saldados sólo a particulares, sino también a empresarios de menor tamaño, que a pesar de su esfuerzo, no lograron sobrevivir a la pandemia y ahora enfrentan serias situaciones económicas

Habrá que hacer una consulta de lo que ocurre en los juzgados mercantiles, pues no será extraño que los agiotistas pretendan “hacer su agosto”, con los préstamos que en algunos casos pudieron haber hecho, cobrando intereses ilegales, pero que los que necesitan de emergencia el dinero, aceptan sin saber las consecuencias posteriores en caso de no pagar a tiempo.

Tan sólo en una visita al área de actuaría, se podrá saber cómo es que todos los días salen embargos por deudas no pagadas, derivado de que, reiteró, “hay mucha gente que se quedó sin trabajo y dejó de pagar créditos contraídos, esto ha generado saturación en los juzgados”, pero también se debe referir que prestamistas han llegado a cobrar intereses de 5 o 10%, lo que es ilegal, pues lo establecido en la ley es que máximo deben ser de 3.8% mensual o 37% anual, pero hay casos en que esto se supera.

Pero por como continúan las cosas en la actualidad, en que si bien hay recuperación en número de empleos, no ha sido lo mismo en el ingreso económico por salarios, resulta que agiotistas, bancos y prestamistas, se aprovechan de la situación.