Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta un déficit de más de 300 magistrados de circuito, y para llenar las vacantes, por primera vez desde 2009 está dispuesto a contratar a cualquier abogado que gane un concurso de tres etapas, aunque no tenga carrera judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó el 4 de febrero las nuevas reglas para concursos libres de oposición para magistrados, que son los jueces más importantes del país, salvo los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Podrá participar cualquier abogado o abogada con 35 años cumplidos y 5 años de experiencia profesional. Las plazas de magistrado pagan 2.5 millones de pesos netos anuales, pues el PJF mantiene salarios superiores al del Presidente de la República.
Los dos primeros concursos, para 120 plazas, también fueron convocados el 4 de febrero, pero no serán abiertos, pues sólo podrán participar jueces de Distrito en funciones, o secretarios o ex secretarios de Estudio y cuenta de la Corte que sigan laborando en el PJF, pero es previsible que en poco tiempo salgan convocatorias abiertas a cualquier abogado.
Entre 2000 y 2009, el CJF celebró cuatro concursos abiertos para magistrados, es decir, pudieron participar juzgadores que no forman parte del PJF, académicos y litigantes, pero en todos los casos, la gran mayoría de los ganadores fueron jueces de Distrito que lograron su ascenso a la categoría superior de la carrera judicial.
En 2020, el CJF celebró un concurso abierto para elegir a los primeros 45 jueces –no magistrados– del nuevo sistema de justicia laboral. De los ganadores, sólo diez fueron abogados “externos” al PJF, provenientes sobre todo de juntas y tribunales de conciliación y arbitraje.
El déficit de magistrados es por dos flancos. Uno es histórico, pues los dos últimos concursos internos para magistrados terminaron en febrero y diciembre de 2018, y sólo hubo 56 ganadores.
Al cierre de 2020, por tanto, 121 puestos en tribunales colegiados y unitarios de circuito eran ocupados por secretarios, habilitados por el CJF en funciones de magistrados.
Sólo en la Ciudad de México, 33 secretarios despachaban como magistrados, mientras que en estados como Coahuila, Sonora, Nuevo León y Jalisco, la mayoría de los tribunales colegiados tenían una plaza ocupada por secretario.
En contraste, los circuitos judiciales más pequeños y con menos tribunales, como Campeche, Colima, Aguascalientes e Hidalgo, sí tienen ocupadas todas las plazas por magistrados titulares.
Pero hay otro problema. La reforma constitucional del PJF, que pasó en el Congreso a finales de 2020 y sólo espera la aprobación de las legislaturas estatales, elimina los tribunales unitarios y los reemplaza con tribunales colegiados de apelación.
Esto implica que los 101 tribunales unitarios existentes, que resuelven apelaciones en juicios penales y civiles, tendrán que irse convirtiendo en tribunales colegiados con tres integrantes cada uno, es decir, 202 magistrados adicionales.
“Se pretende fortalecer el debate y el proceso deliberativo, lo cual se traducirá en resoluciones de calidad en beneficio de la adecuada administración de justicia. Es decir, al ser tres juzgadores quienes resuelvan y existiendo la posibilidad del diferendo, se otorga mayor certeza en la voluntad del órgano”, justificó la iniciativa para esa reforma.