Ricardo Vargas

Luego de semanas de discusión y de una cierta incertidumbre sobre si se extinguirían o no, finalmente esta semana en una sesión diferente a lo común, el Senado aprobó en una polémica votación la extinción de 109 fideicomisos públicos con un valor total que rebasa los 68 mil millones de pesos bajo el ya muy trillado argumento del combate a la corrupción. El problema en torno a este tema es que ha sucedido lo mismo que hemos visto desde que comenzó la actual administración; un falso dilema.

Como sucedió con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, como sucedió al cerrar los ductos petroleros de Pemex frente al supuesto combate a la corrupción, y como sucedió también con varios programas sociales, el tema de los fideicomisos se decidió en base a un falso dilema. Es decir, una disyuntiva falsa entre solamente dos vertientes que dejan de lado una carta muy variada de diferentes escenarios posibles. En esta ocasión, se argumentó que los fideicomisos eran un nicho de corrupción y despilfarro de recursos públicos que podrían ser utilizados de mejor manera si se eliminaran de forma permanente dichos vehículos de inversión.

Para empezar, el fideicomiso como tal representa un vehículo financiero para el ejercicio de un gasto en específico. Es decir, el fideicomitente quien es dueño del recurso, determina un uso único y específico para el ejercicio del mismo. Esto es administrado por el agente fiduciario, quien se identifica comúnmente como un banco, y quien delega los recursos al beneficiario final para que sean ejercidos en el fin que determinó el fideicomitente.

La realidad es que el fideicomiso nace como una necesidad primaria a evitar justamente la corrupción, pues a diferencia de la adjudicación directa (en cuanto al gasto de recursos), los recursos que son asegurados dentro de un fideicomiso podrán ser utilizados única y exlusivamente en el fin que fue autorizado y aprovado por el fideicomitente. En el caso del Gobierno Federal, sería éste el fideicomitente, el cual entregaría ciertos recursos al agente fiduciario (normalmente algún banco), para que los administre y ejerza en favor del beneficiario final que podría ser alguna institución pública, o programa público como la salud pública o la reparación de daños por desastres naturales.

Y en cuanto a lo que recibe el beneficiario final, la ventaja que tiene el fideicomiso contra el etiquetado o asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año, es que el fideicomiso no tiene una vigencia anual y que en caso de que los recursos no sean utilizados, podrán permanecer dentro del mismo fideicomiso ya que únicamente pueden ser ejercidos en el fin que fue determinado por el fideicomitente. Por ejemplo para el caso del Fonden (Fideicomiso-Fondo Para Desastres Naturales), existía la ventaja de que en caso de que durante cualquier año no hubiera ningún desastre natural mayor y los recursos presentes no fueran utilizados, se mantenían dentro del mismo fondo y podían ser acumulados junto con la siguiente aportación para crecer la capacidad de respuesta en caso de enfrentar un desastre natural mayor.

Ahora que 109 fideicomisos públicos se han extinguido de manera definitiva, veo de una forma muy general un par de errores que me parecen graves y que muy posiblemente generen consecuencias en un futuro. El primer error es la falta de un plan alternativo, a priori, frente a la extinción de estos vehículos financieros. Es decir, no se diseñó una estrategia que supliera la figura de los fideicomisos a extinguirse, en los fines en los que estaban pensados dichos recursos. Sectores como salud pública, ciencia, deporte, investigación, y hasta cine, no tienen al día de hoy una opción que sustituya la exintición de los fideicomisos con los que contaban. Y es que esto parece haberse vuelto ya una costumbre en la actual administración; tomar una decisión rápida sin tener una estrategia bien diseñada que pueda sustituir lo que se está eliminando.

Además de esto, el segundo problema que veo es que la extinción de estos fideicomisos se da luego de que fue presentado el paquete económico para el año 2021, es decir que el monto total de estos fideicomisos no está contemplado en ningún otro rubro para su gasto, por lo que el presidente podrá gastarlos de manera discrecional.

El problema no es eliminar los fideicomisos, el problema es que no se ve una estrategia seria y propiamente definida que resuelva realmente el problema de la corrupción. Si un fideicomiso tiene sospechas de corrupción, que se audite y en su caso se elimine. Pero que no se eliminen 109 fideicomisos por “posible corrupción en algunos de ellos” y mucho menos si no se tiene una estrategia bien planeada que compense el efecto de esta decisión.

Soy economista del Tec de Monterrey, Campus Monterrey y tengo un par de años escribiendo artículos de opinión. Escríbame. rvargas@publimagen.mx    @1ricardovargas